Del "todo vale" a la independencia "de facto"[/color][/size][/b]
07.09.2023.-

Esta semana se cumplen seis años de las infaustas jornadas del 6 y 7 de septiembre de 2017, en las que el Parlament de Catalunya aprobó las llamadas leyes de desconexión: la ley del referéndum de autodeterminación y la ley de transitoriedad jurídica y fundacional de la república.

Es imprescindible rememorar hoy lo acaecido en aquellos días para poner en contexto muchos de los acontecimientos que están marcando la actualidad política española en los últimos meses.

En democracia las formas son fundamentales, dado que solo la estricta observancia de las reglas del juego (los procedimientos legalmente establecidos) puede garantizar el respeto a los derechos fundamentales de los ciudadanos, así como el amparo y protección de éstos frente la arbitrariedad de los poderes públicos.

Partiendo de esta base, lo cierto es que el mes de septiembre de 2017 no pudo empezar peor. La reforma previa del Reglamento de la Cámara autonómica para posibilitar la aprobación de las citadas leyes fundamentales mediante un trámite exprés de lectura única -sin debate ni enmiendas, vulnerando así los más elementales principios parlamentarios que deben respetarse en cualquier estado de derecho- no hacía sino abundar en el "todo vale" con el que los partidos secesionistas pretendían alumbrar su nuevo estado.

Con independencia del imposible encaje en el ordenamiento constitucional español de los textos normativos aprobados en aquellas jornadas, se hace necesario recordar algo que frecuentemente se ha pasado por alto y que supone un aspecto enormemente relevante en relación con las leyes de desconexión: la ley del referéndum de autodeterminación regulaba un proceso consultivo carente de las más mínimas garantías de transparencia exigidas por los organismos internacionales para cualquier proceso referendario, y la ley de transitoriedad jurídica y fundacional de la república pretendía alumbrar un nuevo estado de tintes claramente autoritarios.

La cuestión no es baladí, puesto que sitúa el debate no ya solo en la evidente ilicitud de la secesión de una parte del territorio español, sino también en las características del nuevo estado independiente eventualmente resultante de dicha secesión. Y, en este sentido, las conclusiones no pueden ser más desoladoras.

Rememorar aquellos días convulsos sirve para recordar cómo, a través de una argucia formal claramente contraria a los principios rectores del parlamentarismo democrático, fue objeto de irregular aprobación una ley que pretendía regular un referéndum carente de las más mínimas garantías democráticas. Una consulta que, caso de prosperar, habría dado lugar al nacimiento de un nuevo estado y a un proceso constituyente de carácter populista y asambleario regido por principios enteramente ajenos a las normas básicas del estado de derecho en el marco de la Unión Europea.

Seis años después, el separatismo catalán está a punto de conseguir por la puerta de atrás y por la vía de facto lo que finalmente no consiguió en aquel torpe golpe de estado (que lo fue) de 2017.

Asistimos en estas últimas semanas a la escenificación de debates y campañas mediáticas que abordan de forma frívola y carente de rigor cuestiones de gran trascendencia para nuestra democracia por el simple hecho de que están en la agenda de negociación de los partidos nacionalistas de cara a un eventual apoyo a la investidura del presidente del Gobierno de España.

Se mezclan burdos argumentos para intentar sustentar un imposible encaje constitucional de una ley de amnistía incompatible con el principio de igualdad de todos los ciudadanos ante la Ley, fundamento básico de cualquier Estado de derecho. Argumentos que, además, legitiman el relato secesionista creando expectativas en torno a un referéndum sin posible encaje jurídico, al menos en la acepción vinculante de la consulta que el separatismo pretende.

Esto nos lleva a sospechar que en algún momento se ofrecerá una "consulta no vinculante" -no olvidemos que en los últimos meses se ha vuelto a poner sobre la mesa la vía canadiense-, obviando que cualquier fórmula de estas características requiere inexcusablemente una lealtad institucional que el nacionalismo ignora desde hace ya décadas.

Por otro lado, ha pasado bastante desapercibido el intento de recuperación del proyecto de consejos autonómicos de justicia, con quiebra del principio constitucional de unidad jurisdiccional previsto en nuestra Carta Magna. Una iniciativa que encaja a la perfección con la vieja obsesión del nacionalismo catalán por controlar desde la Generalitat al poder judicial, y que constituyó prácticamente la única objeción de nuestro Tribunal Constitucional al texto del Estatuto de 2006.

Esta cuestión adquiere especial relevancia si tenemos en cuenta el papel que nuestro Poder Judicial ha tenido durante estos últimos años frente a los excesos del separatismo. Resulta una obviedad que el objetivo no es solo la ruptura del principio de separación de poderes, sino también la definitiva desaparición del Estado en Cataluña. Esa y no otra es la fase final de un nuevo procés encaminado a conseguir la independencia de facto sin el estrépito de un nuevo golpe de estado.

La cesión a la Generalitat del control de las fronteras y un hipotético repliegue del territorio catalán de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado -asuntos también presentes en la mesa de negociación- consagrarían el total desarme del Estado y el efectivo control del territorio por parte de los secesionistas. Estaríamos así ante un escenario previo a la independencia soft que constituye la nueva hoja de ruta del nacionalismo.

Ocurre, sin embargo, que los ciudadanos leales al marco constitucional no estamos dispuestos a ser moneda de cambio una vez más. Si más de un millón de catalanes salimos indignados a las calles en octubre de 2017 no fue para que, pocos años después, nos vendan al separatismo por un puñado de monedas.

Eloy Moreno Tarrés es abogado y Secretario de la Junta de Societat Civil Catalana.

23.08.2023.-



RECONOCERÉ que me tiene enganchadísimo la serpiente de verano (variante política-ficción) que se ha montado la prensa patria con la 'crisis de Vox', con esas facciones en liza que han sido bautizadas como 'ala liberal' y (horreur, paveur, espanteur) 'ala falangista'.
En el 'ala liberal' de Vox acampan quienes hasta ayer mismo eran unos fachas redomados; pero que, de repente, por ser más finos o hablar idiomas, se nos presentan como una suerte de (tímida) esperanza dentro del infierno troglodita de la ultraderecha atrozmente franquista y ultracatólica (o sea, el 'ala falangista').

Todo esto son delirios lisérgicos. La realidad es que Vox es un partido liberal: así lo declararon los fundadores del partido, con un énfasis lindante en la monomanía; y, en su posterior evolución, ha perseverado en su liberalismo, como se prueba incluso en algunas de sus propuestas más rabiosamente combatidas por la patulea sistémica, como el 'pin parental' o la oferta de la prueba del 'latido fetal'.

Y hay otras propuestas de Vox de un liberalismo radical, a veces jacobino (régimen administrativo del Estado), a veces incluso libertario (régimen fiscal). Ocurre, sin embargo, que en los planteamientos liberales de Vox se deslizan 'semillas del Logos' (intromisiones del derecho natural, o del mero sentido común) que ponen a la patulea sistémica como a la niña del exorcista.

Son esas 'semillas de Logos' las que resultan por completo inaceptables para el 'consenso liberal'. Pues el liberalismo es por esencia 'movilista', necesita 'progresar' hacia nuevas metas, hacia nuevos derechos, hacia nuevos orificios, hacia nuevas aberraciones que impongan la creencia turulata de que la razón puede separarse (moverse) de la verdad inmutable de las cosas; y que ese movimiento es el auténtico 'progreso' humano.
 Y en el liberalismo antañón de Vox todavía anidan ciertas nociones que explican la naturaleza humana, inaceptables en una democracia avanzada como la nuestra. Tan inaceptables que sus miembros más pusilánimes o sensibles al aplauso social, acaban claudicando. A esto es a lo que la prensa patria llama el 'ala liberal' de Vox.

Y entonces, ¿qué se pretende cuando se exhorta a un partido liberal como Vox a no dejarse arrastrar por su 'ala falangista'? Se pretende, simplemente, que el liberalismo de Vox se haga 'movilista', que participe del progreso que dinamiza la democracia, que no se atrinchere en propuestas antañonas. Es decir, que se subsuma en la 'casa común' de la derecha, sin necesidad siquiera de digestión.

Para salir de su crisis, Vox tendría que dejar de ser liberal y dejar de cortejar al votante enfurruñado de la derecha 'movilista' (que siempre acaba volviendo a la movediza 'casa común'), para encontrarse con los buscadores del Logos, de izquierdas, derechas, mediopensionistas o bueyes sueltos. Hacer algo así exigiría volver a nacer; pero esto es algo que se puede lograr incluso siendo viejo, como Jesús le enseña a Nicodemo.
JM Prada.

19.08.2023.-

La elección de la socialista y pro nacionalista Francina Armengol como la nueva presidenta del Congreso de los Diputados constituye un primer gran triunfo político de Pedro Sánchez tras las elecciones generales del 23-J.

Una victoria del PSOE en la Presidencia y mayoría de la Mesa del Congreso al que han colaborado de manera decisiva y a su pesar Feijóo, Puigdemont e incluso Abascal.

Feijóo por causa de sus enormes errores en la campaña electoral que lo dejaron en 137 diputados. Y a pesar que el PP fue el partido más votado en el 23-J y aunque, en los anteriores comicios municipales y autonómicos del 28-M, el PP había conquistado los gobiernos autonómicos de Valencia, Extremadura, La Rioja, Cantabria y Aragón, y muchas de las capitales de provincia en colaboración con Vox.

Pero un Feijóo que no podrá gobernar en España por causa de su amarga y escasa victoria en el 23-J, tras su desastrosa campaña electoral y el llamativo fracaso de Vox, que pasó de 52 a 33 escaños (19 menos que en 2019).

Y también por apoyo a Sánchez en el Congreso de Puigdemont que acabó por humillarse ante Sánchez, a pesar de sus amenazas y sus advertencias. Porque el prófugo de JxC sabe que de haber facilitado a Cuca Gamarra la presidencia del Congreso, habría acabado siendo extraditado a España, juzgado y en prisión. Y se le habría echado encima todo el nacionalismo catalán.

De ahí que, aunque ahora Puigdemont vuelva con sus amenazas de cara al proceso de investidura, nadie le creerá por más que exhiba sus espantajos. Con los que, a lo más, solo podrá aspirar a forzar una repetición electoral. Sobre todo ahora que PP y Vox han roto sus relaciones -al impedir Feijóo que Vox no entre en la Mesa del Congreso-, aunque CC podría pasarse en la investidura a Sánchez tras haber votado al PP en la elección de la mesa del Congreso.

Una votación que ha ganado claramente el PSOE con 178 papeletas a su favor frente a los 137 escaños del PP de Feijóo (con 41 votos menos que Sánchez). Lo que obligará al Rey Felipe VI a proponer al Congreso que sea Pedro Sánchez quien en primer lugar se presente a la investidura a la que, quizás y en las actuales circunstancias, no debería de optar Feijóo.

Salvo que en las votaciones de la investidura de Sánchez Puigdemont se atreva a cumplir sus amenazas y se abstenga o vote contra el PSOE en una primera y segunda vuelta. Lo que, en ese hipotético y poco probable caso, le daría a Feijóo una oportunidad de presentarse a la investidura y depender del voto de CC.

Y ello siempre y cuando Feijóo arregle con Abascal su relación. Porque si no lo consigue y Vox no apoya a Feijóo en la investidura, Sánchez podría ser elegido presidente del Gobierno por mayoría simple en segunda votación y no le harían falta los diputados de Puigdemont.

Aunque lo más lógico será que Puigdemont vuelva a apoyar a Sánchez en la investidura a cambio de promesas y concesiones de futuro (unas públicas y otras secretas), a cumplir a lo largo de la legislatura. Como ya hizo Sánchez en la pasada legislatura con sus aliados Frankenstein (Podemos, ERC, PNV, Bildu y PNV a los que Sánchez ahora espera añadir a JxC con la plena bendición de Puigdemont.
Pablo Sebastián.

06.08.2023.-

Los grupos separatistas buscan labrarse un estado para ellos mismos a partir de un país más grande o anexar territorio de un país al de otro.

Pedro Sánchez ha rebajado ya las penas por malversación con idea de reducir las condenas, entre otros, a los autores del golpe separatista del 1-O; ha eliminado el delito de sedición evitando castigos a los siguientes que preparen un golpe contra la Constitución y la unidad de España; negocia un referéndum separatista con condenados por delitos separatistas y por pertenencia a la banda asesina ETA; y, como guinda, negocia, también con el golpista separatista prófugo Carles Puigdemont, una amnistía para los mismos delincuentes. Pues bien, en medio de todo ello, el último informe de Europol alerta de la gravedad del "terrorismo separatista" en España.

Claramente, según la integración de los cuerpos policiales de toda la UE, Pedro Sánchez negocia con el terrorismo separatista.

Europol ha incluido en su último informe, el de 2023, el siguiente capítulo: "TERRORISMO ETNONACIONALISTA Y SEPARATISTA". Allí incluye esta "DEFINICIÓN: Los grupos terroristas etnonacionalistas y separatistas están motivados por el nacionalismo, el origen étnico y/o la religión. Los grupos separatistas buscan labrarse un estado para ellos mismos a partir de un país más grande o anexar territorio de un país al de otro. Los elementos ideológicos de izquierda o de derecha no son raros en este tipo de grupos". Traducido: quedan dentro todos los delincuentes para los que negocia una amnistía Pedro Sánchez con Junts o ERC.

El informe señala que "en la UE se observó una superposición entre extremistas de izquierda y separatistas. Un ejemplo es la delimitación a menudo poco clara entre los extremistas de izquierda y los separatistas en la región vasca y en Cataluña en España, particularmente en términos de las motivaciones de los ataques". El estudio prosigue: "18 personas fueron detenidas en 2022 en cuatro Estados miembros por participar en actividades etnonacionalistas y separatistas. El motivo más frecuente de detención fue la pertenencia a una organización terrorista". Pues bien, en concreto, "11 sospechosos fueron arrestados en Irlanda, cuatro en Alemania, dos en Italia y uno en España. Las detenciones se referían a hombres de entre 22 y 70 años de edad. Los detenidos en Irlanda, Italia y España eran todos nacionales de los respectivos países. Todos los detenidos en Alemania eran ciudadanos turcos".

El informe detalla igualmente que "todos los arrestos en Irlanda estuvieron relacionados con grupos Republicanos Disidentes (DR). Los detenidos en Alemania fueron acusados ​​de pertenecer a una organización terrorista, respectivamente, la Partiya Karkerên Kurdistanê (Partido de los Trabajadores del Kurdistán, PKK).

Uno de los arrestos en Italia se refería al PKK y el otro estaba relacionado con esfuerzos separatistas en Tirol del Sur y por cargos de posesión de armas de fuego y municiones con fines terroristas. La detención en España se refería a propaganda terrorista de Euskadi ta Askatasuna (ETA)". Y Bildu igualmente defiende la exoneración de penas para estos delitos.

El informe va a más y apunta que "las condenas y absoluciones por delitos relacionados con el terrorismo separatista siguieron siendo el segundo tipo más importante en los Estados miembros en 2022. Tales condenas y absoluciones fueron dictadas por tribunales de Francia, Alemania y España y se referían a grupos terroristas, como ETA, los Tigres de Liberación de Tamil Eelam (LTTE), el PKK y grupos corsos".

Europol recuerda que en octubre de 2022, un tribunal español condenó a una miembro de ETA a un total de 69 años de prisión después de que la declarara culpable de cometer un atentado terrorista y asesinato. La mujer activó un artefacto explosivo el 6 de agosto de 1987 que mató a dos policías e hirió a otra persona. El atentado fue reivindicado por ETA en febrero de 2004. Y recuerda que "en España, los movimientos independentistas catalán y vasco son actualmente los más activos y violentos dentro del panorama separatista español.

Sus narrativas combinan el separatismo con puntos de vista extremistas de izquierda, centrándose en mensajes contra el Estado español y sus instituciones, así como contra temas más amplios como el capitalismo. Además, han surgido varios pequeños grupos nuevos en los círculos separatistas de izquierda en España". Y aclara que "el descontento social y las luchas económicas están siendo utilizados por estos grupos en sus mensajes contra el Estado español, y también como una oportunidad para reclutar a los sectores más desfavorecidos de la sociedad". Y justo a ese sector al que quiere agradar Pedro Sánchez pese a las advertencias de Europol.

Hay que recordar que "con sede en La Haya, Países Bajos, la misión de Europol es ayudar a sus Estados miembros a prevenir y combatir todas las formas de delincuencia internacional y organizada grave, ciberdelincuencia y terrorismo. Europol también trabaja con muchos Estados socios no pertenecientes a la UE y organizaciones internacionales".
Carlos Cuesta.

... A LA SALVACIÓN DE EUROPA, COMO UN 'QUIJOTE'
Pasan unos minutos de las 12 y a la sala Anna Politovskaya, no ha llegado nadie más que Clara Ponsatí, la profesora de Economía que se refugió en Escocia -que sí ha podido regresar a Cataluña porque sólo está acusada de desobediencia-, que de vez en cuando alardea de incumplir las mínimas condiciones establecidas por el juez y que se muestra especialmente borde. «¿Son todos medios españoles ya catalanes, verdad?», pregunta a una asesora, aferrada a su ficción y tanteando el alcance de sus palabras. Aprieta unos folios que trae preparados.

Puigdemont se hace esperar e irrumpirá seguido de más de 50 personas, con su esposa como una más entre el grupo. Ella parece haber encajado la noticia de la derrota con naturalidad. Los tres europarlamentarios comparecientes hacen un intento en el estrado por aparentar normalidad, e incluso darle cierta épica a su capacidad para remontar los momentos desfavorables, pero están serios. Puigdemont anuncia recurso ante el Tribunal de Justicia Europeo y, probablemente consciente de que hay un sector del independentismo, más radical, que a estas alturas le ve lejano y que está apuntándose a una ola creciente de abstencionismo porque huye del posibilismo de ERC y de la inacción fáctica de Junts, se erige en símbolo. En román paladino, él, viene a decir, no está allí para resolver una situación personal gastándose una millonada en abogados pagados con el dinero de otros - la mayor parte de la cual, sin que nunca se haya aclarado cuánto, va a parar al bolsillo de Gonzalo Boye, condenado en su día por colaboración con ETA - mientras vive en su urna de cristal; él, que aclara que no es un traficante de armas ni de droga, sino a lo sumo un «traficante de referendos» (se le olvida la palabra ilegales),  asegura que esta sentencia no cambia la situación porque no tenía pensado volver a España hasta no derrotar la estrategia del Estado desde una Europa que ahora deja mucho que desear pero que él va a cambiar con su presencia. «No será sólo por nuestra situación personal ni tan sólo por la independencia de Cataluña, sino como europeos preocupados por las derivas que pueda haber en este continente, que limiten derechos fundamentales», proclama (quizás aludiendo para su conveniencia en el auge de la extrema derecha), y a los allí presentes, que entre sí están a la greña, les recuerda que les representa porque «todos ellos sin excepción son víctimas de la represión».

Este solemne intento de aunar al independentismo en una estrategia común se lo cargó de un plumazo Clara Ponsatí segundos después, quien, leyendo los papelitos que portaba, delante de todo el mundo recordó al ex president que sólo «liberando al país liberaremos a los represaliados», que ya estaba bien de conformarse con «la gestión de las expectativas» y con la vía judicial, y que incluso arrancó un amago de aplauso de los presentes al proclamar con cierto efectismo que tenían «una misión que la Historia nos reclama».

Hubiera resultado extremadamente interesante estar presente en la comida posterior celebrada en dos reservados en el Multifuncional Institucional Restaurant del Parlamento, en la que se podía cortar con un cuchillo la tensión que había entre algunos de los comensales. Sin embargo, eso no era lo importante. Lo importante era saber cómo Puigdemont piensa librarse de nuevo de la cárcel y eso lo explicaron Toni Comin y Gonzalo Boye: recurriendo; pidiendo medidas cautelares para que se les permita seguir en sus puestos de diputados mientras el Tribunal Europeo decide; alegando que el Tribunal General es un tribunal técnico que no se ha atrevido a asumir sus argumentos e intentando que el nuevo tribunal revierta la sentencia que indica que han sido respetadas todas sus garantías porque, según dicen, Adrián Vázquez, eurodiputado de Ciudadanos, el presidente del Comité de Asuntos jurídicos que defendió que se levantara su inmunidad, está contaminado.

Minutos antes, el propio Adrián Vázquez, en la misma sala de prensa, les había descrito prácticamente como una organización mafiosa cuyos abogados se dedican a presionar a los funcionarios del Parlamento en acciones que han provocado que los miembros del Comité hayan recibido cartas amenazándoles de muerte. "Dos cartas con amenazas de muerte y una, graciosa, con mi cara puesta sobre un cuerpo de cerdo, dice Vázquez a Crónica. «Yo soy un demócrata que defenderé los derechos de estos tres señores y las garantías del proceso, como la justicia acaba de confirmar, lo que no es legítimo es socavar el orden constitucional", añade y explica que sus acusaciones son tan falsas como que la decisión final de conceder su suplicatorio fue votada por los 700 miembros del Parlamento, en una sesión en la que «hasta los tres afectados pudieron votar».
«Esta es una victoria aplastante pero falta la última puntilla», señala Vázquez. Y hasta el juez Llarena y la Fiscalía que están dispuestos a solicitar su detención, parecen estar teniendo cuidado con eso, por si los belgas, de nuevo, se inventan un nuevo obstáculo. La estrategia de Puigdemont es la de seguir ganando tiempo para que el Tribunal Europeo decida sobre su recurso lo más tarde posible, de modo que si pierden pero Bélgica no los ha entregado antes de las próximas elecciones europeas, en marzo de 2024, puedan presentarse y reiniciar todo el proceso. «Estamos rascando por si...», fue la expresión empleada por Comín.

Y cuentan con que, entonces, en España haya un gobierno del PP respaldado por Vox, no sólo porque esto alentaría a los independentistas decaídos sino porque podrían acudir a los tribunales europeos alegando que son víctimas de la represión de la extrema derecha. «Y lo harían sin que pudiera oponerse la fuerza que ahora tienen los liberales», apostillan desde Ciudadanos, que está en el grupo liberal y que ha estado muy activos durante todo este proceso. «En realidad, para nosotros los socialistas son el enemigo, porque con la migaja de los indultos nos han desactivado», señala un independentista próximo a Puigdemont. «Esta situación le reafirma como referente», señala otro, que asegura que las próximas elecciones serán muy importantes para clarificar muchas cosas en este sentido.
Angeles Escrivá