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Noticias Internacionales / Re:PORTUGAL, TAN CERCA Y TAN LEJOS
« Último mensaje por Brotes en 24 horas »
El primer ministro de Portugal, António Costa, anuncia su dimisión
07.11.2023.-

Este martes por la mañana, la Policía de Portugal ha registrado su residencia oficial.

El primer ministro portugués, António Costa, ha presentado esta tarde su dimisión tras conocerse que la Fiscalía lusa ha abierto un proceso penal contra él en el ámbito de la operación por presunto delito de corrupción vinculado al sector del litio y el hidrógeno verde. «Fui sorprendido hoy con la información oficialmente confirmada por la Fiscalía. La dignidad de las funciones de Primer Ministro no es compatible con cualquier sospecha sobre su integridad, su buena conducta y menos todavía sobre la sospecha de la práctica de cualquier acto criminal», ha afirmado Costa en un comunicado al país, justificando así su decisión de presentar su dimisión de su cargo frente al presidente de la República, Marcelo Rebelo Sousa.

El presidente de la República ha convocado mañana a todos los partidos políticos con representación en la Asamblea de la República y el Consejo de Estado tendrá lugar el próximo jueves. Al término de esta reunión, Marcelo Rebelo Sousa hablará al país para comunicar su decisión. El jefe de Estado ha aceptado dicha dimisión y cabe ahora saber si decide disolver el Parlamento y convocar elecciones anticipadas. Otra opción menos probable sería que el gobierno socialista, con mayoría absoluta en el Parlamento, presentase otro candidato.

Este martes el Ministerio Público y la Policía lusa han realizado 42 registros en varios ministerios y en la residencia oficial del primer ministro dentro de una operación por presunto delito de corrupción vinculado al sector del litio y el hidrógeno verde. Esta investigación cuenta ya con cinco detenidos, entre ellos el jefe de gabinete de Costa, Vítor Escária, y uno de sus amigos y hombres de confianza, el empresario Diego Machado. Además, el ministro de Infraestructuras, João Galamba, ha sido considerado imputado y otros miembros del Ejecutivo están siendo también investigados.

Costa, que gobierna en mayoría absoluta al frente del Partido Socialista (PS), ha afirmado que no tenía conocimiento de este proceso y que «estoy totalmente disponible para colaborar con la justicia en lo que sea necesario para apurar la verdad sea sobre cualquier materia». A lo largo de los casi ocho años que ejerce funciones como primer ministro asegura que «me he dedicado de alma y corazón a servir a Portugal y a los portugueses». Si bien estaba dispuesto a cumplir el mandato hasta el final de esta legislatura, deja el cargo mirando a los ojos a los portugueses afirmando «que no me pesa en la conciencia la práctica de cualquier acto ilícito».

En caso de nuevas elecciones está fuera de cuestión volver a presentarse una vez que «los procesos criminales raramente son rápidos. Es una etapa de la vida que se cierra y que la cierro con la cabeza erguida, con la conciencia tranquila y con la misma determinación de servir a los portugueses que cuando asumí este cargo», ha puntualizado.

La Fiscalía de Portugal ha justificado las detenciones realizadas esta mañana «por peligros de fuga, continuidad de actividad criminal, perturbación de la investigación y del orden y tranquilidad política», según el comunicado publicado. Los detenidos van a prestar declaración en un interrogatorio judicial para aplicarles las medidas de coacción. En la causa pueden estar «hechos susceptibles de constituir crímenes de prevaricación, de corrupción activa y pasiva de titular de cargo político y de tráfico de influencia». Se está investigando negocios de litio, en Montalegre, así como una investigación criminal relacionada con un megaproyecto en el área de hidrógeno verde en Sines. La prensa portuguesa habla de valores de inversión en este proyecto que pueden superar los 1,5 mil millones de euros.
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Foro de Usuarios / Re:EL MUNDO EN UN CLIC
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UCRANIA

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Foro de Usuarios / Re:EL MUNDO EN UN CLIC
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Noticias Internacionales / Re:Argentina siempre igual
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Milei, última esperanza contra el peronismo
24.10.2023.-

Solo un país corrompido hasta la médula y con una sociedad dependiente del subsidio público como la Argentina puede otorgar su confianza en unas elecciones presidenciales al candidato del movimiento que ha hundido al país en la miseria y a mayoría de los ciudadanos en la desesperación. La victoria del peronista Sergio Massa en las elecciones del pasado domingo, con casi el 40% de los apoyos, fue una sorpresa no solo en lo que respecta a los vaticinios electorales más consistentes, sino al hecho de que su candidatura representa todos los males que han convertido a Argentina en un país fallido, más cercano a Caracas y La Habana que a las democracias liberales de Occidente.

La esperanza de una reforma a fondo de la economía y la política argentinas depende ahora de Javier Milei, el candidato libertario que quedó este domingo en segundo lugar con el 30% de los sufragios y que, en consecuencia, le disputará la segunda vuelta al candidato del peronismo para convertirse en el próximo presidente de la República Argentina.

La clave para la elección presidencial reside en Patricia Bullrich, la tercera candidata con más apoyos, vinculada al expresidente y empresario Mauricio Macri, cuyo apoyo será esencial para que Milei se imponga al peronismo el próximo 19 de noviembre en una segunda vuelta electoral que se presenta como la más importante de la historia de Argentina en el último siglo.

Bullrich dijo en la misma noche electoral, en clara referencia al peronista Massa, que "no será ella quien ayude a que vuelva al poder quien ha sido parte del peor Gobierno de la historia". Solo falta que la derecha moderada y sus medios afines hagan suyo ese discurso pleno de razón y dejen de boicotear la campaña de Javier Milei como han venido haciendo en las últimas semanas, un juego sucio del que ha salido beneficiado el peronismo como acabamos de ver.

Las diferencias entre Juntos por el Cambio, la candidatura de Bullrich, y La Libertad Avanza, la plataforma de Milei, son mucho menos importantes que los objetivos que unen a ambas formaciones, las cuales comparten la necesidad de liberalizar la esclerotizada y corrupta economía argentina como primer paso para poner en marcha un vasto plan de reformas que saque al país austral del atraso en la que la ha sumido el peronismo. Desde ese punto de vista es razonable que la mayoría de los votantes de Bullrich acabe confiando en Milei, pero el rechazo egoísta de una parte de la derecha argentina y las brutales campañas mediáticas contra el líder libertario podrían acabar dando la victoria al candidato peronista, uno de los principales responsables de que Argentina esté a punto de convertirse definitivamente en un Estado fallido.

La prensa española, prácticamente sin excepción, se ha sumado a este linchamiento de Javier Milei tachándolo de fascista y ultraliberal, a veces en la misma frase, lo que da una idea del rigor informativo de unos medios vendidos a la propaganda progre, también fuera de nuestras fronteras.

Pero son los argentinos los que tienen la última palabra y no los corresponsales extranjeros, más preocupados de escribir al dictado de sus empresas que de mostrar adecuadamente la realidad del país. El próximo 19 de noviembre, las urnas decidirán si Argentina quiere hundirse definitivamente en la sima del populismo peronista o se da a sí misma la oportunidad de poner en marcha, por primera vez en el último siglo, un proyecto liberal.
LD
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Noticias Internacionales / Re:Islamización de Europa
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O les expulsas o te expulsan
21.110.2023.-

Nada daña más a los inmigrantes que tolerar que uno de ellos se aproveche de todos para destrozar la democracia y la convivencia.

No parece que Marlaska sea el más indicado para coordinar la lucha antiterrorista en Europa, atemorizada por la amenaza fundamentalista, que no es nueva ni menor: los datos oficiales indican que, desde 2010, las autoridades han detenido a 1.700 yihadistas en suelo europeo, responsables de decenas de atentados con cientos de muertos acumulados y la imagen de Las Ramblas, Londres, Bataclán, Marsella y antes Madrid fijada en la retina de todos.

Nada de eso cambió la política europea, sustentada en un buenismo negligente que no ha servido ni para integrar mejor a los inmigrantes decentes, que son sin duda la mayoría, ni para poner en su sitio a los peligrosos, que son una minoría no tan pequeña: la prensa publicó, allá por 2017, que entre nosotros, del norte al sur de Europa, podía haber hasta 50.000 individuos dispuestos a librar la «guerra santa», el eufemismo que utilizan para justificar la violencia más cruel que jamás hayamos visto.

Ahora Marlaska se enfrenta a la paradoja de pertenecer a un Gobierno que trata a los terroristas locales como si fueran voluntarios de una ONG, para que no les falte de nada y Bildu preste su apoyo; y a la vez sentar unas bases generales en Europa para contener la amenaza.

La responsabilidad es felizmente rotatoria y, como en el caso de Pedro Sánchez, terminará en tres meses que sin embargo se nos van a hacer muy largos en estas circunstancias.

De la confianza que despierta el exjuez, cuya participación en el traslado de cárcel de etarras ha sido decisiva y previa a su liberación al llegar al País Vasco, da cuenta un dato elocuente: diez de los 27 socios de la Unión no han esperado a sus propuestas y, desde hace días, controlan sus fronteras al margen de las indicaciones del Tratado de Schengen.
Alemania e Italia, entre otras, deciden ya quién y cómo entra, en un anticipo de lo que el propio Marlaska va a tener que afrontar: la expulsión de todo inmigrante que no consiga el asilo formal en Europa. De eso ha tratado la reunión de ministros del Interior europeos y a eso tienden todos los Estados.
Pero tal vez lleguemos tarde ya. Porque desde 2019, al menos, Europol y el propio Consejo Europeo son conscientes de una circunstancia simplemente estremecedora: el 60 por ciento de los responsables de actos terroristas son nacidos o nacionalizados europeos.

No vienen de ningún lugar remoto ni quieren escapar a ningún destino ignoto: son ingleses, franceses, alemanes, belgas o españoles en sus documentos legales de identificación, aunque su única nación sea la islámica y su único fin sea imponerla allá donde nacieron.
No ha habido, pues, multiculturalidad ni simbiosis alguna en esos grupos fácilmente identificables, como saben tantos y tantos inmigrantes estigmatizados injustamente por la estúpida tolerancia hacia aquellos que también les horrorizan a ellos: se han servido de los valores europeos, de sus normas y leyes, de su tolerancia y mestizaje, de sus libertades y derechos para extender un virus ya difícil de contener.

Y que Marlaska esté al frente de las operaciones, desde un Gobierno que legitima a Hamás por permitir la permanencia en su seno de ministros insultantemente agresivos contra Israel, no permite tener demasiadas esperanzas: no es que sea poner al zorro a cuidar a las gallinas, es más poner a una de ellas a protegernos de los lobos.

Antonio R. Naranjo.
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Noticias Nacionales / Re:PSOE
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Las portadas de Egin que siempre van a perseguir a Aizpurua
13.10.2023.-

Sánchez se ha reunido este viernes con Mertxe Aizpurua autora de la portada «Ortega vuelve a la cárcel» que publicó 'Egin' tras la liberación del funcionario de prisiones.

Mertxe Aizpurua, hoy diputada de Bildu, trabajaba en 1997 en el diario 'Egin', al que el entonces consejero de Interior del Gobierno vasco, Juan María Atutxa, se refirió como «la bomba de amosal de unos 50 gramos» que cada día se ponía en los kioscos del País Vasco. Aizpurua tenía responsabilidades en la portada del rotativo proetarra. El 2 de julio de ese año salió este titular: «Ortega vuelve a la cárcel», que 'informaba' de la liberación del funcionario de prisiones José Antonio Ortega Lara tras 532 días de un cautiverio inhumano. A la diputada y a quienes trabajaban con ella aquello les debía hacer mucha gracia y no dudaron en publicar el juego de palabras.

La creatividad de Aizpurua era por entonces desbordante. El 14 de julio de 1997 volvió a alumbrar un titular: «El edil del PP apareció con dos disparos». Le pareció el mejor resumen del crimen de Miguel Ángel Blanco a manos de ETA. Para la diputada, el edil popular de Ermua no había sido víctima de un angustioso secuestro de tres días y luego asesinado por pistoleros etarras. Simplemente, había «aparecido».

Mertxe Aizpurua ya había sido condenada por la Audiencia Nacional en octubre de 1984 a un año de prisión por apología del terrorismo y se le prohibió trabajar como periodista durante un año. El 13 de julio de 2022, en un debate sobre el estado de la nación en el Congreso, dijo, sobre las víctimas del terrorismo: «Sentimos su dolor, y desde ese sentimiento sincero afirmamos que el mismo nunca debió haberse producido, que a nadie puede satisfacer que todo aquello sucediera, ni que se hubiera prolongado tanto en el tiempo».

No dijo, en cambio, que Batasuna solo rompió con los terroristas cuando ETA había sido derrotada policialmente, un movimiento táctico de pura supervivencia, ya consolidado.

Sánchez se ha reunido este viernes con ella. El miércoles habló con Junqueras. Su 'memoria histórica' es selectiva.
PABLO MUÑOZ
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Noticias Nacionales / Re:VOX
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Vox lleva al Supremo a Díaz por su reunión con Puigdemont
10.09.2023.-

La Vicepresidente Díaz, tiene «la obligación de promover la persecución de los delitos y de sus responsables y no facilitar la comisión de otros nuevos» de acuerdo con el artículo 408 del Código Penal.

Vox ha presentado un escrito ante el Tribunal Supremo solicitando la declaración de la vicepresidenta Yolanda Díaz y del exdiputado de En Comú Jaume Asens tras su reunión el pasado lunes en Bruselas con el prófugo de la justicia Carles Puigdemont.

Los de Santiago Abascal justifican que Díaz y Asens tienen «la obligación de promover la persecución de los delitos y de sus responsables y no facilitar la comisión de otros nuevos». Y no pueden sustraerse de esta responsabilidad argumentando que se trató de una reunión «de cortesía».


Pero además, Vox quiere que el Tribunal Supremo indague si la vicepresidenta conoció en ese encuentro «los planes» del expresidente de la Generalitat, para evitar así «futuros planes o actos delictivos por parte del encausado».

La reunión entre la líder de Sumar y Puigdemont duró casi tres horas y en ella acordaron «explorar todas las soluciones democráticas para desbloquear el conflicto político», según remarcaron desde la formación de Yolanda Díaz.

Aunque Sumar reivindicó el carácter privado de la visita, desde Vox la interpretaron inmediatamente como una rendición del Gobierno «ante un auténtico criminal». El propio Santiago Abascal avisó de que la reunión de una vicepresidenta del Gobierno con «un prófugo de la justicia» es «de extrema gravedad». Algo que no ocurre «en ningún país serio en el que se respete la legalidad y la dignidad de sus ciudadanos», denunció.

Por ello, la Vicesecretaría Nacional Jurídica de Vox, dirigida por Marta Castro, ha presentado un escrito ante el Tribunal Supremo pidiendo la declaración testifical de Díaz y Asens, el negociador de Sumar para la investidura. Vox denuncia que la reunión «trata de disfrazar una visita de cortesía parlamentaria de Yolanda Díaz -argumentando que se realiza a título personal- con el objeto de desligarse de las consecuencias políticas y penales que pudieran derivarse».

«Hoy el Gobierno de España está sentado con un prófugo de la Justicia«, subrayó el propio lunes Abascal aunque desde el Palacio de la Moncloa intentaran difundir que Díaz no había acudido al encuentro en su calidad de vicepresidenta del Ejecutivo sino como líder de Sumar. ( Partido Comunista de España).

Solo un día después de ese encuentro con Yolanda Díaz, el propio Puigdemont anunció desde Bélgica las condiciones de Junts para negociar una investidura, que pasan por la amnistía y la admisión de la legitimidad del independentismo sin renunciar a la unilateralidad.

Pilar de la Cuesta.
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Noticias Nacionales / Re:CATALUÑA
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Del "todo vale" a la independencia "de facto"
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07.09.2023.-

Esta semana se cumplen seis años de las infaustas jornadas del 6 y 7 de septiembre de 2017, en las que el Parlament de Catalunya aprobó las llamadas leyes de desconexión: la ley del referéndum de autodeterminación y la ley de transitoriedad jurídica y fundacional de la república.

Es imprescindible rememorar hoy lo acaecido en aquellos días para poner en contexto muchos de los acontecimientos que están marcando la actualidad política española en los últimos meses.

En democracia las formas son fundamentales, dado que solo la estricta observancia de las reglas del juego (los procedimientos legalmente establecidos) puede garantizar el respeto a los derechos fundamentales de los ciudadanos, así como el amparo y protección de éstos frente la arbitrariedad de los poderes públicos.

Partiendo de esta base, lo cierto es que el mes de septiembre de 2017 no pudo empezar peor. La reforma previa del Reglamento de la Cámara autonómica para posibilitar la aprobación de las citadas leyes fundamentales mediante un trámite exprés de lectura única -sin debate ni enmiendas, vulnerando así los más elementales principios parlamentarios que deben respetarse en cualquier estado de derecho- no hacía sino abundar en el "todo vale" con el que los partidos secesionistas pretendían alumbrar su nuevo estado.

Con independencia del imposible encaje en el ordenamiento constitucional español de los textos normativos aprobados en aquellas jornadas, se hace necesario recordar algo que frecuentemente se ha pasado por alto y que supone un aspecto enormemente relevante en relación con las leyes de desconexión: la ley del referéndum de autodeterminación regulaba un proceso consultivo carente de las más mínimas garantías de transparencia exigidas por los organismos internacionales para cualquier proceso referendario, y la ley de transitoriedad jurídica y fundacional de la república pretendía alumbrar un nuevo estado de tintes claramente autoritarios.

La cuestión no es baladí, puesto que sitúa el debate no ya solo en la evidente ilicitud de la secesión de una parte del territorio español, sino también en las características del nuevo estado independiente eventualmente resultante de dicha secesión. Y, en este sentido, las conclusiones no pueden ser más desoladoras.

Rememorar aquellos días convulsos sirve para recordar cómo, a través de una argucia formal claramente contraria a los principios rectores del parlamentarismo democrático, fue objeto de irregular aprobación una ley que pretendía regular un referéndum carente de las más mínimas garantías democráticas. Una consulta que, caso de prosperar, habría dado lugar al nacimiento de un nuevo estado y a un proceso constituyente de carácter populista y asambleario regido por principios enteramente ajenos a las normas básicas del estado de derecho en el marco de la Unión Europea.

Seis años después, el separatismo catalán está a punto de conseguir por la puerta de atrás y por la vía de facto lo que finalmente no consiguió en aquel torpe golpe de estado (que lo fue) de 2017.

Asistimos en estas últimas semanas a la escenificación de debates y campañas mediáticas que abordan de forma frívola y carente de rigor cuestiones de gran trascendencia para nuestra democracia por el simple hecho de que están en la agenda de negociación de los partidos nacionalistas de cara a un eventual apoyo a la investidura del presidente del Gobierno de España.

Se mezclan burdos argumentos para intentar sustentar un imposible encaje constitucional de una ley de amnistía incompatible con el principio de igualdad de todos los ciudadanos ante la Ley, fundamento básico de cualquier Estado de derecho. Argumentos que, además, legitiman el relato secesionista creando expectativas en torno a un referéndum sin posible encaje jurídico, al menos en la acepción vinculante de la consulta que el separatismo pretende.

Esto nos lleva a sospechar que en algún momento se ofrecerá una "consulta no vinculante" -no olvidemos que en los últimos meses se ha vuelto a poner sobre la mesa la vía canadiense-, obviando que cualquier fórmula de estas características requiere inexcusablemente una lealtad institucional que el nacionalismo ignora desde hace ya décadas.

Por otro lado, ha pasado bastante desapercibido el intento de recuperación del proyecto de consejos autonómicos de justicia, con quiebra del principio constitucional de unidad jurisdiccional previsto en nuestra Carta Magna. Una iniciativa que encaja a la perfección con la vieja obsesión del nacionalismo catalán por controlar desde la Generalitat al poder judicial, y que constituyó prácticamente la única objeción de nuestro Tribunal Constitucional al texto del Estatuto de 2006.

Esta cuestión adquiere especial relevancia si tenemos en cuenta el papel que nuestro Poder Judicial ha tenido durante estos últimos años frente a los excesos del separatismo. Resulta una obviedad que el objetivo no es solo la ruptura del principio de separación de poderes, sino también la definitiva desaparición del Estado en Cataluña. Esa y no otra es la fase final de un nuevo procés encaminado a conseguir la independencia de facto sin el estrépito de un nuevo golpe de estado.

La cesión a la Generalitat del control de las fronteras y un hipotético repliegue del territorio catalán de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado -asuntos también presentes en la mesa de negociación- consagrarían el total desarme del Estado y el efectivo control del territorio por parte de los secesionistas. Estaríamos así ante un escenario previo a la independencia soft que constituye la nueva hoja de ruta del nacionalismo.

Ocurre, sin embargo, que los ciudadanos leales al marco constitucional no estamos dispuestos a ser moneda de cambio una vez más. Si más de un millón de catalanes salimos indignados a las calles en octubre de 2017 no fue para que, pocos años después, nos vendan al separatismo por un puñado de monedas.

Eloy Moreno Tarrés es abogado y Secretario de la Junta de Societat Civil Catalana.
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Noticias Nacionales / Re:PARTIDO POPULAR
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El PP comienza a revertir la inmersión lingüística
01.09.2023.-
En Baleares, Marga Prohens acaba con el requisito del catalán para ser sanitario. La falta de profesionales es aguda.

Con la eliminación del requisito de acreditar un título de catalán para ejercer de sanitario en las Islas Baleares, el nuevo Gobierno de la popular Marga Prohens pone fin a una imposición lingüística que en los últimos años ha supuesto un grave deterioro de la sanidad pública: la dificultad para cubrir las plazas hospitalarias en la comunidad es enorme, y quien lo está sufriendo es el ciudadano.

En su deriva nacionalista, el anterior ejecutivo de la socialista Francina Armengol, que dedicó muchos esfuerzos políticos y recursos públicos a la ficción cultural, histórica y jurídica de los Països Catalans, antepuso el conocimiento del catalán a la preparación profesional y académica de los aspirantes a médicos y enfermeros, tanto en las pruebas de acceso como en lo referente a los traslados y a la promoción interna. Miles de baleares salieron entonces a las calles con el lema Los idiomas no salvan vidas para denunciar que el socialismo había puesto la obsesión identitaria por encima de la calidad de la sanidad y de la necesidad ciudadana. Finalmente, incluso Armengol se vio obligada a poner su ley un tiempo en suspenso porque el efecto ha sido un déficit de profesionales que se sufre especialmente en determinadas áreas del rural. No es una casualidad, en fin, que Armengol fuera la candidata para presidir el Congreso que Carles Puigdemont le exigió a Pedro Sánchez para darle su apoyo.

La medida, acordada entre el PP y Vox -que apoya a Prohens como socio externo-, tiene que ser celebrada. Sin embargo, solo es un primer paso que dar en una comunidad donde el socialismo y el nacionalismo han utilizado el catalán como una vía de segregación social, a imitación de lo ocurrido con las leyes impositivas de los secesionistas en Cataluña y País Vasco. El PP de Baleares es un partido que históricamente se identifica con la ambigua idea del «bilingüismo cordial» puesta en valor por Alberto Núñez Feijóo, un concepto que solo cobra sentido para el votante popular si implica acabar con la marginación del castellano y su defensa como lengua vehicular de todo el Estado.

Con los nuevos Gobiernos del PP y Vox, Baleares y también la Comunidad Valenciana tienen una oportunidad para revertir la inmersión lingüística -que no es un valor de pluralismo sino una barrera- promovida por el PSOE y los nacionalistas. Los pactos incluyen compromisos como la supresión del valenciano y el catalán para convertirse en funcionario, una exigencia que empobrece a la sociedad y discrimina. La gran lucha de derechos para el ciudadano se da en la educación, donde se hace urgente recuperar la convivencia razonable entre las dos lenguas cooficiales de ambas regiones tras ocho años de marginación del castellano, cuya vehicularirad debe recuperar el PP.

La lengua española es vertebradora de una idea cívica de España. No se trata de imponer un modelo monolingüe, sino de acabar con la anomalía que supone la exclusión nacionalista. Los derechos pertenecen a los habitantes y no a las lenguas.
ElMundo.
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Noticias Nacionales / Re:VOX
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Falangistas y liberales voxeando

23.08.2023.-



RECONOCERÉ que me tiene enganchadísimo la serpiente de verano (variante política-ficción) que se ha montado la prensa patria con la 'crisis de Vox', con esas facciones en liza que han sido bautizadas como 'ala liberal' y (horreur, paveur, espanteur) 'ala falangista'.
En el 'ala liberal' de Vox acampan quienes hasta ayer mismo eran unos fachas redomados; pero que, de repente, por ser más finos o hablar idiomas, se nos presentan como una suerte de (tímida) esperanza dentro del infierno troglodita de la ultraderecha atrozmente franquista y ultracatólica (o sea, el 'ala falangista').

Todo esto son delirios lisérgicos. La realidad es que Vox es un partido liberal: así lo declararon los fundadores del partido, con un énfasis lindante en la monomanía; y, en su posterior evolución, ha perseverado en su liberalismo, como se prueba incluso en algunas de sus propuestas más rabiosamente combatidas por la patulea sistémica, como el 'pin parental' o la oferta de la prueba del 'latido fetal'.

Y hay otras propuestas de Vox de un liberalismo radical, a veces jacobino (régimen administrativo del Estado), a veces incluso libertario (régimen fiscal). Ocurre, sin embargo, que en los planteamientos liberales de Vox se deslizan 'semillas del Logos' (intromisiones del derecho natural, o del mero sentido común) que ponen a la patulea sistémica como a la niña del exorcista.

Son esas 'semillas de Logos' las que resultan por completo inaceptables para el 'consenso liberal'. Pues el liberalismo es por esencia 'movilista', necesita 'progresar' hacia nuevas metas, hacia nuevos derechos, hacia nuevos orificios, hacia nuevas aberraciones que impongan la creencia turulata de que la razón puede separarse (moverse) de la verdad inmutable de las cosas; y que ese movimiento es el auténtico 'progreso' humano.
 Y en el liberalismo antañón de Vox todavía anidan ciertas nociones que explican la naturaleza humana, inaceptables en una democracia avanzada como la nuestra. Tan inaceptables que sus miembros más pusilánimes o sensibles al aplauso social, acaban claudicando. A esto es a lo que la prensa patria llama el 'ala liberal' de Vox.

Y entonces, ¿qué se pretende cuando se exhorta a un partido liberal como Vox a no dejarse arrastrar por su 'ala falangista'? Se pretende, simplemente, que el liberalismo de Vox se haga 'movilista', que participe del progreso que dinamiza la democracia, que no se atrinchere en propuestas antañonas. Es decir, que se subsuma en la 'casa común' de la derecha, sin necesidad siquiera de digestión.

Para salir de su crisis, Vox tendría que dejar de ser liberal y dejar de cortejar al votante enfurruñado de la derecha 'movilista' (que siempre acaba volviendo a la movediza 'casa común'), para encontrarse con los buscadores del Logos, de izquierdas, derechas, mediopensionistas o bueyes sueltos. Hacer algo así exigiría volver a nacer; pero esto es algo que se puede lograr incluso siendo viejo, como Jesús le enseña a Nicodemo.
JM Prada.
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