30.05.2023.-

Felipe González: «Estoy en contra de blanquear lo que no se puede blanquear.

El expresidente español, ha participado este martes en la presentación del último informe del Instituto Casla, enviado a la Corte Penal Internacional, que sigue documentando casos de tortura por motivos políticos en las cárceles del DGCIM y el Sebin.

«Sentí un terror terrible cuando me electrocutaban, me sentía como un prisionero de guerra. Al ver que yo no hablaba cambiaron los cables y los colocaron en mis dedos meñiques, y luego a los testículos (en ese momento yo me oriné, me defeque encima y ellos solo se reían y se burlaban de mi), fue una gran humillación y vejación esa situación». Este testimonio está recogido en el último informe realizado por el Instituto Casla sobre las torturas y la represión que el régimen chavista sigue ejerciendo sobre aquellos que disienten en Venezuela, o el régimen considera son una amenaza. Es uno de las decenas de testimonios que la organización ha podido recopilar.

En un momento en el que el Gobierno venezolano y su presidente, Nicolás Maduro, parecen estar siendo rehabilitados por la comunidad internacional y EE.UU. está flexibilizando algunas de las medidas hacia el régimen –como consecuencia de la crisis energética provocada por la guerra de Ucrania–, este documento, que abarca de enero de 2022 a enero de 2023, documenta nuevos casos de tortura que se suman a los ya denunciados en informes anteriores por este organismo. Documentos que han sido presentados como prueba ante la Corte Penal Internacional (CPI) dentro de una investigación cuyo fin es condenar a Maduro y a sus cómplices por crímenes de lesa humanidad cometidos en Venezuela.

El informe, que fue hecho público el pasado mes de febrero en la sede de la Organización de Estados Americanos (OEA) antes de ser remitido a La Haya, ha sido presentado este martes en Madrid por la directora del Instituto Casla, Tamara Suju, que ha estado acompañada por el expresidente Felipe González y el abogado Javier Cremades.

«Estoy en contra de blanquear lo que se no se puede blanquear: Maduro es responsable de crímenes de lesa humanidad», subrayó esta martes el expresidente ante un auditorio en el que había varias víctimas de la tortura del régimen bien en la sede del DGCIM como en el Helicoide; así como de la represión, como el director de 'El Nacional', Miguel Henrique Otero; el exalcalde de Caracas, Antonio Ledezma; o Antonieta, la madre del opositor Leopoldo López, que pasó varios años en la cárcel de Ramo Verde.

«El régimen de Maduro sigue robando, torturando, reprimiendo», mientras se produce «un canto de alabanza de que hay que recuperar la comunicación», afirmó González en relación a los intentos por parte de varios actores de la comunidad internacional de que se retome el diálogo entre el Gobierno de Venezuela y la oposición, y se celebren elecciones libres. «¿Alguien piensa que Maduro va a pactar elecciones limpias, con garantías, después de la construcción de estructuras (de represión) que ha hecho?», cuestionó refiriéndose al manual presentado hoy por el Instituto Casla donde, negro sobre blanco, se explica al detalle quienes son los jefes represores y cuales la víctimas perseguidas.

Además, el expresidente vaticinó cómo serán los comicios convocados para 2024: «Serán unas elecciones, como las que ya perpetró, en las que elegirá cual será el candidato de la oposición al que va a vencer. Ya lo hizo antes, y yo no quiero participar en eso», subrayó.

Aprovechó la ocasión para lanzar alguna pulla hacia los que están ayudando a blanquear el régimen: «A esas alturas de la película, algunos de los que han sufrido (torturas y represión) están dispuestos a pactar que no se siga la vía de la justicia en la Corte Penal Internacional», denunció. De esta manera se «perpetuará a Maduro en el poder, ahora con la patina de que ha ido a elecciones».
«Nunca apoyaré la operación de blanqueo de la 'robolución' de Maduro», insistió el exmandatario, que mostro su indignación por las palabras pronunciadas este lunes por el presidente Lula da Silva, tras recibir al presidente Venezolano en Brasilia. En ellas, el líder brasileño, que recibió con todos los honores a Maduro, calificó de narrativa construida y falsa las acusaciones por parte de varios organismos contra el régimen chavista. «Ayer dolía lo de Lula, recibiendo a Maduro, que es quien está poniendo las condiciones y por eso se siente fuerte».

También mostró su indignación por las palabras del presidente brasileño Tamara Suju. «Yo no sé qué tiene que pasar en Venezuela y a los venezolanos para que entiendan la tiranía criminal que tenemos», afirmó. «¿Qué le pasa al mundo que no llama a la dictadura por su nombre?», se preguntó antes de presentar el informe anual sobre las torturas que sufre los venezolanos. en un país donde hay actualmente 250 presos políticos, y centenares de personas torturadas. «Este informe está lleno de lágrimas y de dolor de víctimas que quieren tener justicia».

Lavado de cara
El texto recoge, entre otros aspectos, cómo el régimen chavista realizó un lavado de cara –«limpió las paredes llenas de sangre de sus víctimas»– de las instalaciones de tortura tras ser anunciada la apertura de la investigación, liderada por el fiscal Karim Khan, y ante la espera de una posible visita de la Alta Comisionada de DD.HH. de la ONU o de un representante de la CPI. Tras ello, asegura que han sido «nuevamente activadas para torturar física y psicológicamente a los que están en ese lugar detenidos por persecución política, civiles y militares, mujeres y hombres», señala. Prisioneros que son torturados en media docena de espacios, tanto en la sede del DGCIM en Boeíta como en la del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin), conocidos con nombres como la 'celda de los locos', 'la casa de los sueños', 'la celdita', 'la nevera' o 'El tigrito'.

En cuanto a las técnicas de tortura, se refiere tanto a las psicológicas –escuchar el dolor de los otros presos mientras son torturados, falta de privacidad en las visitas familiares o el trato inhumano a estos cuando van a verles– como físicas –descargas eléctricas sobre el suelo o un objeto mojado, azotes en los pies con látigos o cables, desprendimiento de uñas de las manos y pies, ser arrastrados por lugares boscosos desnudos, atados y encapuchados–, así como la 'tortura blanca', utilizada también por otras dictaduras, que se miran en el espejo del régimen cubano, como la de Daniel Ortega y Rosario Murillo en Nicaragua.

El informe también se detiene en los secuestros de ciudadanos extranjeros, principalmente estadounidenses, por parte del Gobierno chavista para luego presionar con ellos al Gobierno de ese país, «e intercambiarlos por venezolanos detenidos en EE.UU.». El año pasado habrían sido secuestrados tres personas siguiendo este patrón de conducta.

Cadena de mando de la represión
Sin embargo, la principal aportación de este informe es la inclusión del manual de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM) donde además de los métodos de tortura, se incluye el funcionamiento de los diferentes escalafones de persecución según quienes sean los perseguidos y quienes son los represores y sobre quién está en la cima de la pirámide a la hora de decidir a quién, cómo y cuándo se tortura a alguien, y que no es otro que el presidente de la República. «La DGIM no realiza sus operaciones de forma autónoma o individual, se consideraría una falta grave trabajar o investigar un caso sin la debida aprobación del presidente de la República, ya que él es el único que decide quién puede ser investigado y quién no», señala el manual al que ha tenido acceso el Instituto Casla, para quien queda «claramente establecida la cadena de mando de los crímenes de lesa humanidad».

También señala quienes son los enemigos de la revolución, y que se resume en una frase: «Todos son sospechosos». Otro aspecto aprendido del gran maestro de la tortura, la represión y la vigilancia constante de la ciudadanía, como es el régimen cubano, que ha exportado durante décadas a sus instructores y represores. «En el manual, las líneas para determinar la actividad enemiga no solo abarca al posible enemigo en sí, sino a su entorno familiar, labora y ambiental».

El informe concluye con una lista, elaborada tras los testimonios de las víctimas, sobre los jefes inmediatos y los ejecutores de los crímenes de lesa humanidad descritos en el documento, que esta encabezada por el presidente Nicolás Maduro; el vicepresidente del partido oficialista PSUV, Diosdado Cabello; el ministro de Defensa, Vladimir Padrino; el director del DGCIM, Iván Hernández; y el fiscal general de la República, Tarek William Saab, entre otros.
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18.05.2023.-

La debilidad parlamentaria de Sánchez y la presión de Iglesias potenciaron la relación con Bildu

El PSOE lleva toda la legislatura avanzando en un proceso de normalización de las relaciones políticas con Bildu, coalición que integra a Sortu, que es el heredero de Batasuna, antiguo brazo político de ETA. Desde 2018, Bildu es socio de investidura del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. Pero en 2016, dos años antes, era estomagante para el socialismo estampar los logos de PSOE y Bildu en un mismo folio. Ahora, los pactos, las fotos y las reuniones las enmarcan en una relación que el jefe del Ejecutivo presenta como positiva para España y el País Vasco.

Pero subyacen dos razones de peso que forzaron a Sánchez a apoyarse en el partido con vínculos proetarras. La primera, la necesidad del PSOE de sumar apoyos después de una victoria electoral lejos de la mayoría absoluta en 2019. La segunda, la presión del exvicepresidente del Gobierno y exlíder de Podemos Pablo Iglesias para hacer de Bildu y ERC aliados preferentes del Gobierno de coalición.

Hace unos días, en un mitin en Puertollano, Emiliano García-Page, presidente de Castilla-La Mancha, espetó que «con Bildu, no iría ni a la vuelta de la esquina». El contexto fue clave. Sánchez estaba allí, en plena polémica por las candidaturas de Bildu para las elecciones municipales y autonómicas del 28M.

Presentan a 44 etarras que optan a tener cargos públicos; siete de ellos con condenas cumplidas por asesinato. Moncloa y el PSOE reaccionaron tarde. Preguntado en la sesión de control al Gobierno en el Congreso, hace una semana, Sánchez evitó responder. Y el mismo día la portavoz del Gobierno, Isabel Rodríguez; la vicepresidenta primera, Nadia Calviño, la tercera, Teresa Ribera, y las ministras de Justicia y Educación, Pilar Llop y Pilar Alegría, esta última también portavoz de la Ejecutiva del PSOE, escaparon de los medios.

Al día siguiente, Alegría aseguró que al PSOE no le gustan estas listas. Mientras, la presidenta socialista de Navarra, María Chivite, subrayó su «legalidad». Luego, desde la Casa Blanca, Sánchez apuntaló que «no son decentes», pero sí «legales». Y solo cuando los siete candidatos con delitos de sangre renunciaron a los cargos, Sánchez dijo que había sido «un error». Pero de los 37 etarras que siguen, no dicen nada.

La moción lo cambió todo
Bildu ha tenido influencia en leyes muy importantes del Gobierno, como la ley de memoria democrática. El apoyo de sus cinco diputados solo le costó al PSOE de Sánchez comprometerse a añadir una disposición adicional para investigar las vulneraciones de derechos humanos «entre la entrada en vigor de la Constitución de 1978 y el 31 de diciembre de 1983». Una época en la que ya gobernaba el socialista Felipe González.

La moción de censura del PSOE a Mariano Rajoy en 2018 lo cambió todo y la fragilidad parlamentaria del Ejecutivo de coalición cronificó esta dependencia. Desde entonces, se ha ido refinando el cambio en el discurso. La mayoría de las veces, en contra de lo que las víctimas y los familiares de las víctimas del terrorismo de ETA consideran. En 2021, los socialistas celebraron como un «paso» las palabras de Arnaldo Otegi en el décimo aniversario del fin del terrorismo de ETA. Pero las víctimas denuncian que siguen sin pedir perdón ni ayudar a esclarecer más de 800 asesinatos.

En la antesala de las elecciones municipales y autonómicas de 2015, mismo contexto que el actual, Sánchez dijo en una entrevista en Navarra Televisión lo siguiente: «Con Bildu no vamos a pactar. Si quiere se lo digo cinco o veinte veces durante la entrevista. Con Bildu no vamos a pactar». En febrero de 2016, después de las elecciones generales de diciembre, el líder del PSOE aseguró en una rueda de prensa en el Congreso lo mismo: «No, yo con Bildu no me voy a reunir».

Y en septiembre de 2016, después de la repetición electoral, el PSOE es clarísimo: «Con el único partido con el que no vamos a entablar diálogo es Bildu». Pero entonces llegó junio de 2018, cuando Sánchez presentó la moción de censura contra Mariano Rajoy.

El PSOE la sacó adelante con cuatro votos de margen respecto a la mayoría absoluta. El socialismo se centró en negociar con ERC y PNV, pero de forma indirecta se abrieron vías de comunicación muy pobres solo para testar qué opinaba Bildu. No significa nada, dijeron desde el PSOE, es solo por «higiene democrática». Pero el muro de contención contra Bildu empezó a llenarse de grietas después de la repetición electoral de noviembre de 2019. Si después de las elecciones de abril el PSOE no quiso reunirse ni con Bildu ni con Vox, en noviembre Adriana Lastra, sí lo hace. Es la primera vez que el PSOE a nivel nacional se reúne con Bildu y realizan una fotografía después del encuentro.

El PSOE intentó quitarle importancia diciendo que se reunían con todos los grupos parlamentarios, también con Vox. Pero se asumía la normalización. Además, unos días antes, Chivite había incluido a Bildu en su ronda de negociaciones para sacar adelante los presupuestos de Navarra.

La pandemia lo naturaliza
En abril del 2020, Bildu ya es oficialmente socio de investidura del PSOE. Durante la pandemia se producen las primeras reuniones de dirigentes de Bildu con un presidente del Gobierno. Estas reuniones se naturalizan. Son de forma telemática. La primera reunión entre Pedro Sánchez y la portavoz de Bildu, Mertxe Aizpurua, tiene lugar el 17 de marzo de 2020.

En mayo de 2020, Bildu pacta con el PSOE y Unidas Podemos derogar «íntegramente» la reforma laboral del Partido Popular de 2012. Dicen que se debe hacer efectiva «antes de la finalización de las medidas extraordinarias en materia económica y laboral derivadas de la crisis originadas por el covid-19». Sigue...

13.04.2023

Los delincuentes sexuales beneficiados por la nefasta Ley del "sólo sí es sí" de la ministra Irene Montero ya rozan el millar, incluidos los 103 violadores que han tenido que ser excarcelados, según los últimos datos que ha recopilado el Consejo General del Poder Judicial. Aunque es de agradecer que el Órgano de Gobierno de los Jueces haya hecho públicas unas estadísticas que el Ejecutivo de Sánchez preferiría mantener ocultas, hay que advertir que estos datos se quedan cortos.

 Y esto es así no sólo porque todavía faltan por contabilizar los datos de las Audiencias de Guizpúzcoa, Granada, Sevilla y Teruel, así como los datos de revisiones de los Tribunales Superiores de Justicia de Andalucía, Canarias, Castilla y León y País Vasco.
Estos datos se quedan cortos, además, porque se limitan a contabilizar las revisiones de condenas y no las nuevas sentencias sobre agresiones sexuales producidas y enjuiciadas después de la entrada en vigor de ese bodrio jurídico que beneficia, o no castiga tan severamente, dichos delitos.

Aunque no dispongamos de estadísticas del número de delitos contra la libertad sexual que se han producido desde la entrada en vigor el 7 de octubre del año pasado de la ley Montero, el año pasado se contabilizaron 17.389 agresiones sexuales, lo que vendría a equivaler a más de 45 violaciones diarias. Los autores, por tanto, de esas miles de violaciones que se han producido desde el 7 de octubre directamente se verán beneficiados por la ley Montero, como sucederá con los autores de las violaciones que se produzcan desde hoy hasta el día que el Gobierno de Sánchez tenga a bien derogar de una vez por todas este dislate legislativo.

A este respecto, se supone que el Gobierno de Sánchez, aunque de forma muy tardía, había terminado por reconocer el bodrio jurídico impulsada por la ministra de Igual da. De hecho, el pasado 7 de marzo el Congreso aprobaba la admisión a trámite de la reforma de ese dislate jurídico en una sesión en la que socialistas y sus socios de extrema izquierda escenificaron un enfrentamiento sin precedentes.

 Pero hace más de un mes de eso. ¿A qué espera Sánchez para rematar la derogación que él encubre como reforma? Cada día que pasa se producen nuevas violaciones cuyos autores se seguirán beneficiando de la Ley Montero mientras no sea reformada o derogada. A este respecto resulta surrealista que el Tribunal Supremo haya tenido que fijar un pleno para los próximos 6 y 7 de junio para fijar doctrina sobre la aplicación de una ley que a esas fechas, dada la parálisis del gobierno, todavía seguirá en vigor.

Entiéndasenos bien. La derogación de la ley Montero no podrá impedir revisiones a la baja de condenas por violación que el CGPJ cree que alcanzarán las 4.000. Pero no hay que perder de vista las sentencias por las nuevas violaciones que se producen en el tiempo de demora de la reforma de esta ley.

Mucho nos tememos, sin embargo, que Sánchez siga sin tener ojos para otra cosa que no sea aquello en lo que siempre ha estado interesado, tanto cuando respaldó este bodrio como cuando se arrepintió del mismo: sostenerse, como sea, en la poltrona.
LD

07.04.2023.-

El inmueble de lujo en la zona de Capannori en la Toscana,está a nombre de su esposa, pero atribuible a Maikel José Moreno Pérez, expresidente de la Corte Suprema de Justicia de Venezuela, sobre el cual están pendientes medidas restrictivas.

 Una lujosa villa fue descubierta y sujeta a congelamiento administrativo por parte de la Fiscalía , en las colinas de Lucca en la zona de Capannorese , atribuible a Maikel José Moreno Pérez , expresidente de la Corte Suprema de Justicia de Venezuela e incluida en la " lista negra " de muchos países. El hallazgo se habría producido durante una investigación de la Guardia di Finanza sobre un presunto caso de blanqueo de capitales en la compra de la villa. Los flujos de dinero habrían llevado a los investigadores a cuentas en Suiza, a nombre de una empresa panameña atribuible precisamente a Moreno Pérez.

La propiedad de Lucchese “ Villa L'Uccelliera, comprado en 2016 por 2 millones 300 mil euros, pero con un valor superior cuantificado en 6 millones, está registrado a nombre de su esposa Debora Menicucci, una modelo ítalo-venezolana, casada en Venezuela con el expresidente de la Corte Suprema.

 La mujer, que parece tener residencia en esas "cuatro paredes", habría vivido allí hasta 2020 junto a su padre, y luego se fue tras el estallido de la pandemia. La villa, de hecho, parecía ser "funcional", completa con custodios adentro. No podemos descartar la posibilidad de que incluso el mismo Moreno Pérez, que entre otras cosas intentó hace años solicitar la ciudadanía italiana, pasara un tiempo allí, aunque no se haya confirmado su presencia.

Pero, ¿ quién es Maikel José Moreno Pérez?Nacido en Venezuela en 1965, tiene experiencia en los servicios secretos y acusado por dos asesinatos a sus espaldas, una figura controvertida en el gobierno de Chávez. En febrero de 2017, pues con Maduro, asumió la presidencia de la Corte Suprema de Justicia de Venezuela -que quede claro es como nuestras Cortes Constitucionales y de Casación juntas- que en marzo de 2017 promulgó la tan discutida sentencia, con la que privó al Parlamento de Caracas de sus poderes, entregándolos efectivamente al presidente. Titular del Tribunal Supremo hasta 2022, hoy tiene un papel más marginal. En los últimos años ha sido sancionado por varios países: entre ellos Estados Unidos, que en 2020 lo acusó de corrupción internacional y blanqueo de capitales, hasta el punto de poner una recompensa por su captura de 5 millones de dólares,

Mediante la aplicación de determinadas medidas restrictivas en su contra, como, precisamente, la congelación de activos. La villa en la zona de Capannori es evidentemente una de ellas. De ahí las disposiciones del Fiscal de Lucca. Como sucedió en los últimos años con los oligarcas rusos, también en este caso la propiedad está ahora en manos de la Agencia Estatal de Bienes Raíces.

Revolución fiscal de Meloni: simplifica el IRPF y baja Sociedades al 15% a las empresas que creen empleo.
24.03.2023.-

El Impuesto sobre la Renta pasará de cuatro a tres tramos, con la meta de una futura reducción e incluso el paso a una tarifa plana.

El gobierno italiano ha anunciado diversas modificaciones fiscales con las que pretende "simplificar y reducir la carga tributaria, impulsar la inversión y fomentar la contratación". El gabinete que dirige Georgia Meloni tiene ya listo el borrador de medidas, entre las que destaca la creación de un nuevo tramo del 15% en el Impuesto de Sociedades.

Para reducir las deudas tributarias que acumulan los contribuyentes, el gobierno soportado por Fratelli d’Italia, Forza Italia y La Liga pretende construir un nuevo marco legal que brinde la mayor seguridad jurídica posible a quienes se acojan a distintas medidas de gracia, entre las que se incluirá una suerte de amnistía fiscal que permitirá renegociar los pagos pendientes de acuerdo con la capacidad económica que acrediten los deudores. El Ministerio de Hacienda ha explicado que "la idea es permitir que los contribuyentes se pongan al día a través de un enfoque cooperativo que arroje frutos para todas las partes". Se estima que esta medida puede elevar la recaudación en unos 7.000 u 8.000 millones de euros.

El acuerdo de gobierno suscrito por Giorgia Meloni con sus socios Silvio Berlusconi y Matteo Salvini incluye también la simplificación, reforma y rebaja del Impuesto sobre la Renta, con la mirada puesta en alcanzar el modelo de tipo único o flat tax que tantos años lleva defendiendo Forza Italia y que, recientemente, fue adoptado también por Fratelli d’Italia y La Liga como un objetivo importante a medio plazo.

En este sentido, los primeros pasos llegarán en 2024, cuando Italia pasaría del sistema actual, que contempla cuatro escalones (23%, 25%, 35% y 43%), a un modelo de tres tipos (23%, 27% y 43%) aplicables sobre niveles de renta más elevados que los actuales. La medida se financiaría recortando el grueso de las 600 deducciones que han terminado haciendo del IRPF un verdadero laberinto.

Por último, pero no menos importante, Meloni quiere rebajar el Impuesto de Sociedades creando un nuevo tipo del 15% que complementaría al gravamen de referencia, fijado en el 24%, y sería aplicable para todos aquellos empresarios que acrediten que han creado empleo o aumentado la inversión a lo largo del ejercicio, dentro de diversas condiciones que se están definiendo.

Aunque la izquierda política y mediática reaccionó con histeria ante el triunfo electoral de Meloni y su ascenso al gobierno, algunas de sus primeras medidas han sido bien recibidas por parte importante del electorado, caso de la revisión al alza del límite permitido para los pagos en efectivo o la retirada de las rentas de inserción básica a las personas que rechacen ofertas laborales. Por otro lado, se alió con Alemania para tumbar la norma europea que pretendía acabar en 2035 con los coches de diésel y gasolina.
Diego Sánchez de la Cruz.