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Noticias Internacionales / Re:SITUACIÓN EN VENEZUELA
« Último mensaje por Brotes en Ayer a las 05:59 pm »
La Juticia de Cabo Verde autoriza la extradición de Álex Saab, el testaferro de Maduro
05.08.2020.-

Calificado como «agente especial» del régimen chavista, fue detenido el pasado 12 de junio en el país africano

El Tribunal de Apelaciones de Barlovento, Cabo Verde, ha autorizado la extradición de Alex Saab, testaferro de Nicolás Maduro, a los Estados Unidos, según informó su defensa, dirigida por el exjuez español Baltazar Garzón, que apelará la decisión de la justicia caboverdiana.

El testaferro de Maduro, califiicado como «agente especial» del régimen chavista, fue detenido el pasado 12 de junio en Cabo Verde en un vuelo que hacía entre Rusia e Irán por acusaciones de corrupción, lavado de dinero y cometer fraude con las bolsas de alimentos subvencionadas «Clap».


Hasta ahora el tribunal que atiende el caso de Alex Saab ha rechazado unos tres recursos de liberación interpuestos por la defensa contratada por el régimen chavista. El bufete de Baltazar Garzón informó según agencias internacionales que la decisión del Tribunal de Apelaciones de Barlovento de aprobar la extradición se adoptó el pasado 31 de julio pero no le fue comunicada hasta el 3 de agosto, cuatro días después.


En su comunicado, señaló que «Saab estaba esperando la fecha de la audiencia prescrita por la ley en la que ejercer, con igualdad de armas, su derecho a la defensa» ante el Tribunal de Barlovento, por lo que sus abogados han considerado que esta resolución judicial viola sus derechos.

«El Tribunal de Barlovento ignoró el derecho del enviado especial Saab a un remedio efectivo y justificó erróneamente su desatención del documento de oposición de la defensa, declarando que la ley solo le permite revisar la solicitud de extradición por motivos limitados», añade el texto.

También sostiene que «el Tribunal de Barlovento ha decidido de forma arbitraria, sin sustento legal y con absoluta falta de motivación aprobar la extradición del señor Saab y, por tanto, su entrega al agente perseguidor por razones políticas, Estados Unidos».

Igual que «la decisión proferida es sumamente perturbadora, no solo del ordenamiento jurídico interno, sino también del ordenamiento internacional, y especialmente del Derecho Humanitario y de los Derechos Humanos, que han sido groseramente eliminados, algo que no encaja con la incuestionable adecuación al sistema judicial de Cabo Verde».

El texto de la defensa afirma estar «gravemente preocupada por el desconocimiento reiterado de las más elementales normas del debido proceso y del derecho a la defensa del señor Saab, que ve como se le está prejuzgando y condenando sin posibilidad de defensa alguna, lo que implica una actuación parcial».

Por ello la defensa anunció que apelará la extradicción ante el Tribunal Supremo de Cabo Verde y, si tampoco prospera, «se presentará una solicitud de amparo ante el Tribunal Constitucional». En cualquier caso, «el señor Saab se reserva las acciones judiciales locales e internacionales a que hubiere lugar para hacer efectivos sus derechos».
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Noticias Nacionales / Re:PSOE
« Último mensaje por Brotes en 24 horas »
La entrevista fue ampliamente difundida en los medios de Estados Unidos y no era simple retórica. Largo Caballero estaba convencido de que el modelo de la URSS llegaría a España más pronto que tarde. La razón es que la República era concebida y apoyada por estos socialistas en la medida que tenía un objetivo fundamental: la existencia de un Gobierno con «clara orientación progresista», que arranque «conquistas políticas y económicas que faciliten y atenúen la llegada inevitable y gloriosa de la civilización socialista».

«Soluciones de tipo socialista»
Tal y como apunta Valero en su libro «Republicanos con la monarquía, socialistas con la República» (Universidad de Valencia, 2015): «Destacaban que la democracia era para ellos un simple medio y, dentro de su ortodoxia marxista, habían escogido el camino de respetar las normas que esta imponía, pues la consideraban la más eficaz “para nuestras realizaciones doctrinales”. Pero recordaban que podían perfectamente cambiar de táctica, aunque no lo harían siempre que la República siguiera aplicando “soluciones de tipo socialista”».

Los que se situaban más cerca de la visión de Indalecio Prieto pensaban que el régimen republicano era un valor en sí mismo que el PSOE tenía la obligación de conservar. Sus reglas jamás debían ser quebrantadas, defendían, pero lo cierto es que la postura radical tuvo más apoyo del que pueda imaginarse. Entre la postura de Prieto y la de Largo Caballero, de hecho, había puntos en común, hasta el punto de que el primero suscribió el programa revolucionario del segundo y lo publicó en «El Liberal»: nacionalización de la tierra, prohibición de las órdenes religiosas, la disolución de la Guardia Civil... Un programa que, además, se aplicaría mediante decretos gubernamentales, pues los socialistas no contaban con mayoría suficiente en las Cortes.

La idea de convertir a España en la Unión de Repúblicas Socialistas Ibéricas tuvo su eco en la prensa de la época y en los discursos públicos de algunos políticos antes, incluso, de 1933. En el II Congreso de la Federación Comunista Catalano-Balear, celebrada en 1932, Joaquín Maurín (dirigente de la CNT y del POUM) y Jordi Arquer (fundador del Bloque Obrero y Campesino) convirtieron este objetivo en la tesis de su organización. Querían emular a toda costa lo que los bolchevique habían hecho al sustituir el viejo imperio zarista por la URSS. Como si fuera la misma cosa, defendían liquidar el «Estado imperialista español» para dar vida a esta Unión Soviética ibérica, que sería más grande que España, y en la que se «reincorporará Portugal y se redimirá Gibraltar del vasallaje del imperialismo británico». Así lo proclamó el mismo Largo Caballero poco después en un mitin en Madrid, ante las masas enardecidas y delante de un retrato de Lenin.

«La segunda URSS»
El diario «El Siglo Futuro» publicó en septiembre de 1934 un texto titulado directamente «La segunda URSS». «Un artículo sensacional del diario lisbonense “O Século” no solo confirma el intento social-azañista revolucionario de España, sino que revela un plan más vasto: constituir una URSS ibérica. Una vez instalado el marxismo bolchevique en Portugal, se haría lo mismo en España. Se nota inmediatamente la razón de la virulencia separatista en Cataluña y el País Vasco, y se entiende mejor por qué no han sentido repugnancia ni tenido inconveniente los separatistas vascos en aliarse con los extremistas revolucionarios. En la URSS ibérica, Cataluña y Vasconia serían dos repúblicas confederadas. Unidas a la Unión de Repúblicas Socialistas Ibéricas, su independencia antihispánica sería un hecho».

Ese mismo año, el candidato del PSOE por Segovia, Rodolfo Obregón, lo expresaba así en «Renovación», la revista oficial de la Federación de Juventudes Socialistas de España: «El movimiento que anhela la República social necesitará unidad geográfica, que hay que desencadenar a la vez en todos los puntos de la Península Ibérica, incluso en Portugal. Los trabajadores de ese pueblo hermano no deben soportar más dictaduras burguesas al servicio de Inglaterra. Portugal tiene un puesto a nuestro lado en la revolución social y hay que ofrecérselo sin regateos para constituir una verdadera Unión socialista de la península. Para diferenciarla de la URSS y guardar al mismo tiempo con ella la oportuna y estratégica simetría, podría llamarse “Unión de Repúblicas Socialistas Ibéricas”».

No podemos pasar por alto que cuando Largo Caballero y compañía comenzaron a defender esa Unión Soviética a la española, Stalin ya había provocado la muerte de más de siete millones de inocentes en Ucrania durante el «Holodomor». Un periodo terrorífico que comenzó con el primer plan quinquenal (1928-1932) del dictador ruso, cuyo objetivo era imponer sobre el campesinado la completa colectivización de sus tierras (en 1930, ya lo eran más del 90%). Es casi imposible que el histórico líder socialista español no estuviera al tanto de estas atrocidades, pues incluso ABC había publicado, en 1933, una carta de la hija de Tolstoi que denunciaba esta situación: «Desde hace quince años, el pueblo ruso padece esclavitud, hambre y frío. El Gobierno bolchevique sigue oprimiéndole y le arrebata su trigo y otros productos que envía al extranjero porque necesita dinero. Lo hace no sólo para comprar maquinaria, sino para hacer la propaganda comunista en el mundo entero. Y si los campesinos protestan y ocultan el trigo para sus familias hambrientas, se les fusila».

A pesar de ello, la idea de una Unión de Repúblicas Socialistas Ibéricas siguió en la cabeza de Largo Caballero durante la Guerra Civil española, como demuestra la correspondencia que mantuvo con Stalin desde 1937. En una de sus primeras cartas, el genocida ruso le pidió que realizara un esfuerzo por aparentar cierto parlamentarismo y ambiente democrático en España, pero el líder del PSOE negó que fuera necesario mantener esa farsa: «La institución parlamentaria, entre nosotros [los socialistas], incluso entre los republicanos, no tiene partidarios entusiastas», respondió.
Israel Viana
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Noticias Nacionales / Re:PSOE
« Último mensaje por Brotes en 24 horas »
Cuando el PSOE juró imitar a Lenin y convertir España en la Unión de Repúblicas Socialistas Ibéricas
02.08.2020.-

Para una amplio sector del socialismo español durante la Segunda República, encabezado por Largo Caballero, la democracia era lo que el historiador Santos Juliá definió como la «estación de tránsito hacia el socialismo». Consideraban que su ideología estaba por encima de todo, con el objetivo de implantar los soviets en la península y transformar al país en una versión de la URSS

La división ha sido una constante a lo largo de la historia del PSOE. Son bien conocidos los casos en los que esa quiebra dio paso a la escisión, como ocurrió a finales del siglo XIX con el enfrentamiento entre su fundador, Pablo Iglesias, y Antonio García Quejido. O el caso de los «terceristas» en 1921, que abandonaron la formación y fundaron el Partido Comunista Obrero Español (PCOE). Durante la dictadura de Primo de Rivera, el partido se dividió también entre los que se negaban a colaborar con el régimen, como Indalecio Prieto, y los partidarios de colaborar con él, como Francisco Largo Caballero.

Este último, protagonista de nuestro reportaje, tuvo siempre como prioridad la construcción del socialismo en España, aunque este tuviera que producirse en contextos no democráticos. Esa fue la cuestión que produjo la división más profunda dentro del PSOE durante la Segunda República. «En la base del conflicto se encontraba la caracterización de la democracia republicana que estas tendencias habían preestablecido y que irá poniéndose de manifiesto ahora», aseguran Sergio Valero y Aurelio Martí , profesores de la Universidad de Valencia, en su artículo «División socialista e identidad nacional en el PSOE de la Segunda República».

Parece que no todo el socialismo iba a contentarse simplemente con la proclamación del nuevo régimen y la salida del Rey Alfonso XIII. Este hecho no era más que el inicio de una nueva etapa con el objetivo final de aplicar todas las medidas que los diferenciaban de los otros partidos políticos de izquierdas. Para Largo Caballero, ministro de Trabajo entre 1931 y 1932 y representante de la corriente más revolucionaria dentro del PSOE, la democracia era lo que el historiador Santos Juliá definió como la «estación de tránsito hacia el socialismo». Como si la ideología estuviera por encima del mismo régimen democrático y este no fuera más que el medio necesario para lograr su ideal socialista.

«Utilizaremos la fuerza si es necesario»
Un ideal que Largo Caballero proyectó en lo que sería la versión española de la URSS, bautizada como la Unión de Repúblicas Ibéricas Soviéticas (o Unión de Repúblicas Socialistas Ibéricas, según la fuente consultada). Así lo expresó en numerosas ocasiones durante la Segunda República. Sobre todo, después de que el PSOE perdiera el poder en septiembre de 1933, en favor de la coalición de los radicales de Alejandro Lerroux con la CEDA de José María Gil-Robles.

En 1935 todavía insistía en la insurrección armada para tomar el poder en España y declarar los soviets siguiendo el modelo impuesto por Lenin. Una época en la que Stalin ya se había convertido en un dictador de facto. Así lo confesó durante una entrevista con Edward Knoblaugh, periodista de Associated Press, desde la Cárcel Modelo de Madrid, donde permanecía preso como cabecilla de la Revolución de 1934: «Todo el orden existente va a transformarse [...] Dentro de cinco años, la República estará de tal forma organizada que a mi partido le resultará fácil utilizarla como escalón para conseguir nuestro objetivo. Nuestra meta es una Unión de Repúblicas Ibéricas Soviéticas. La Península Ibérica volverá a ser un gran país. Portugal se incorporará a nosotros, confiamos que pacíficamente, pero utilizaremos la fuerza si es necesario. ¡Detrás de estas rejas tiene usted al futuro amo de España! Lenin ha declarado que España sería la segunda República Soviética de Europa, y su profecía será una realidad. Yo seré el segundo Lenin que lo hará realidad». Sigue...
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El narcotráfico, elemento esencial del castrochavismo
29.07.2020.-

En el estudio del socialismo del siglo XXI o castrochavismo el narcotráfico se presenta como elemento esencial para acceder al gobierno, para detentar el poder y para el sostenimiento de sus regímenes. El narcotráfico principalmente de cocaína, es parte fundamental del sistema de crimen organizado transnacional que disfrazado como proceso político antiimperialista y populista convirtió en narcoestados a Cuba, Venezuela, Nicaragua, Bolivia y en su momento a Ecuador.

El concepto de narcoestado describe a un “país cuyas instituciones publicas se encuentran influenciadas de manera importante por el poder y las riquezas del narcotráfico, cuyos dirigentes desempeñan simultáneamente cargos como funcionarios gubernamentales y miembros de las redes del trafico de drogas amparados por sus potestades legales”.

En los primeros años de la denominada revolución cubana, el régimen proclamó por medio del Che Guevara y Fidel Castro la “acción estratégica” de llenar de drogas los Estados Unidos para atacar la juventud. El narcotráfico es parte de los instrumentos de la lucha antiimperialista de la dictadura de Cuba recreado en el castrochavismo por su vocero Evo Morales cuando en las Naciones Unidas en abril de 2016 afirmó que “la lucha contra el narcotráfico es el instrumento del imperialismo para oprimir a los pueblos”.

Durante el periodo del castrismo soviético la participación de Fidel Castro y su régimen dictatorial en el narcotráfico es contundente. Además de sostener y promover a las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), al Ejercito de Liberación Nacional (ELN) en el mismo país, está probada la asociación directa de los Castro con los narcotraficantes Pablo Escobar de Colombia y su socio Roberto Suarez de Bolivia, como lo documenta “la conexión cubana” en el libro El Rey de la Cocaína.

El fusilamiento de Gral. Arnaldo Ochoa, Cnl. Antonio de la Guardia, My. Amado Padrón y Cap. Jorge Martínez el 13 de julio de 1989 es el acto dictatorial con el que Fidel Castro “intentó lavar su propia imagen y la de la revolución” frente a la concluyente prueba de que había convertido a Cuba en un narcoestado, en momentos en que “la perestroika soviética había aislado a Cuba.

El castrochavismo logró convertir el narcotráfico y el crimen en política legal en Colombia con su mediación en el proceso de paz, acción única en que la dictadura promotora, protectora y socia de las FARC hizo de árbitro y “pacificador”. Hoy el castrochavismo protege en Cuba a los jefes del ELN mientras con el soporte que da desde Venezuela ha rearmado a las FARC y convertido al ELN en fuerza efectiva de terrorismo en Colombia.

Ecuador quedó marcado como narcoestado por Rafael Correa con su abierta protección a las FARC que llevó al bombardeo en Angostura, con el cierre de Manta como base antinarcóticos, el narcotráfico en valijas diplomáticas y mas. Se aleja la condición de narcoestado por el retorno a la lucha contra el narcotráfico con el Presidente Lenin Moreno y su gobierno.

Bolivia con Evo Morales es un narcoestado que se mantiene intacto pese a la salida del dictador. El año 2003 existían 3.000 hectáreas de coca ilegal y hoy mas de 70.000 como resultado de acciones directas de gobierno para crecer y sostener el narcotráfico. Una estructura de control territorial con las federaciones de cocaleros cuyo jefe es Morales es partido político el Movimiento al Socialismo MAS que nadie se atreve a ilegalizar, pese a estar demostrado que es el instrumento del crimen organizado. El “puente de la cocaína” en el libro de Leonardo Coutinho es una prueba del trafico masivo de droga en aviones de la Fuerza Aérea Boliviana bajo el mando de Morales a la terminal presidencial de Venezuela bajo el mando de Maduro.

Venezuela narcoestado, es el eje del narcotráfico que opera la cocaína de las FARC y del ELN y la de los cocaleros de Evo Morales. La cúpula del régimen venezolano está acusada y requerida por tribunales internacionales, con precio por su captura, por delitos de narcotráfico. “Orión V” es el nombre de la gran operación antinarcóticos que se realiza contra el narcotráfico en el Caribe por Estados Unidos, Colombia, España, Brasil, México, Panamá, Bélgica, Ecuador, Francia y al rededor de 20 países.

Cuba el narcoestado jefe, operando con y en Nicaragua ha demostrado que además de ocupar Venezuela y dirigir a Evo Morales, es país de salida de cargamentos de cocaína como lo prueban los cerca de 1.517 paquetes de cocaína decomisados en Mayo de 2019 en Panamá en un contenedor proveniente de Cuba. Donde está el castrochavismo está el narcotráfico, donde controlan un gobierno nace un narcoestado, donde despliegan su diplomacia protegen el narcotráfico.
Carlos Sánchez Berzain
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Noticias Internacionales / Re:Islamización de Europa
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Open Arms es “un servicio regular de transporte de personas que actúan de forma concertada con la mafia”.
27.07.2020.-

“La protección de la vida humana en el mar está garantizada por los convenios internacionales. El más importante de ellos es el Convenio internacional para la seguridad de la vida humana en el mar (SOLAS). En él se establece la obligación que el capitán de cualquier buque tiene de rescatar a personas en peligro, modificando la ruta de su embarcación.

Por lo tanto existe una obligación no sólo moral, sino también legal, de rescatar a las personas que están en peligro en el mar. Además, el convenio de protección de los refugiados exige que, en caso de refugiados o solicitantes de asilo, las personas recogidas sean puestas a salvo en un puerto seguro, donde no vayan a ser perseguidas.

Hasta ahí , todo en orden. ¿Por que surge entonces todo este problema de los barcos de las ONG? Pues porque los buques de las ONGs no son barcos que se encuentran navegando y , por azar, encuentran a unos náufragos. Las ONGs de salvamento marítimo tienen como actividad el rescate de refugiados, para lo cual patrullan las costas de Libia a la espera de que aparezcan embarcaciones con personas a las que rescatar. Esta forma de proceder genera perniciosos incentivos para las mafias que trafican con personas, ya que saben que no tienen que esforzarse con llegar a Europa.

Simplemente tienen que poner a las persona en un bote y ponerlas fuera del mar territorial de Libia y avisar a la ONG. Las ONG se convierten, de esta forma, en un servicio regular de transporte de personas que actúan de forma concertada con la mafia. Si esa concertación es explícita, no lo podemos asegurar, pero implícita si que los es.

¿Por qué hay una concertación? Porque las ONGs, lejos de ser entidades sin ánimo de lucro, son organizaciones con trabajadores y directivos que viven de su actividad. El “negocio” de Open Arms es transportar inmigrantes. Gracias a ello consiguen subvenciones y donaciones privadas. Si estas organizaciones fueran ONG de salvamento marítimo devolverían a los refugiados a un puerto seguro cercano al lugar de rescate. Pero curiosamente, el destino siempre es Europa. Porque si no llevasen a las personas a Europa, esos inmigrantes no pagarían a la mafia.

El problema, pues, viene de una confluencia de intereses privados (mafias y ONGs) que, como toda organización, trabajan por su propia supervivencia y retuercen la legislación internacional para realizar una actividad de inmigración ilegal en Europa. Esto no hace otra cosa que generar un permanente efecto llamada que fomenta el tráfico de personas y el negocio de las mafias.

¿Cuál es la solución a este problema? La única solución posible es prohibir a las ONGs que realicen operaciones de salvamento marítimo. El salvamento marítimo como actividad organizada debe ser competencia de los estados europeos por medio de sus respectivas armadas. Las ONGs son entidades privadas que obedecen a los intereses de sus promotores. La defensa del interés general debe estar en manos de los Estados, cuyo poder está sometido a las reglas de la democracia y cuyos gestores han de rendir cuentas a sus electores.

En esta época que vivimos en la que el buenismo predomina, las ONGs son glorificadas como héroes. Pero, salvo excepciones, las ONGs miran, ante todo, por sus propios intereses y hacen uso de mucho dinero, en muchas ocasiones de procedencia pública, con muy poco o nulo control.

Que no os engañen. Lo de Open Arms es un lucrativo negocio y un medio de vida para mucha gente. Si los estados no reclaman el monopolio de la protección organizada de la vida en la mar, seguiremos viendo cómo florece el próspero negocio del tráfico de seres humanos”.
Agustín Rosety Fernández de Castro@AgustinRosety
Agustín Rosety Fernández de Castro es general (retirado) de Brigada de Infantería de Marina. Es diplomado en Estado Mayor y diplomado en Operaciones Especiales.
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Noticias Internacionales / Re:Islamización de Europa
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Auge de los delitos de inmigración en Italia, Li.Si.Po: "Pidiendo responsabilidades a quienes los dejaron entrar
27.97.2020.-

Nuestro país - "dijo el Secretario General de la Unión Libre de Policía (LI.SI.PO.), Antonio de Lieto - sufre una" invasión "masiva y continua, por mar e incluso por tierra, de un gran cantidad de personas que ingresan a nuestro país todos los días . Una inmigración incontrolada e incontrolable que prácticamente se ha salido de control y choca con la suavidad de nuestro país , con el buen espíritu, con la falta de determinación de Italia, de rechazar a quienes cruzan ilegalmente nuestras fronteras.

"Con respecto a la inmigración - continuó De Lieto - se necesitan ciertas reglas, es necesario saber" quién es "que cruza nuestras fronteras , para saber, en resumen, si se trata de personas que realmente huyen de las guerras y persecuciones, de aquellos que solo buscan mejor suerte o, en cambio, si son individuos vinculados al crimen o al terrorismo. La seguridad de Italia , destacó De Lieto, debe colocarse en la parte superior de la agenda de nuestro gobierno . Entre los muchos que ingresan ilegalmente a Italia, solo unos pocos son reconocidos como "refugiados".

“Uno se pregunta, ¿qué pasa con los demás? ¿Son expulsados? Es necesario menos bondad y más firmeza, es necesario defender a Italia y los italianos, es necesario prevenir esta "invasión" por todos los medios.

Ha llegado el momento de que aquellos que han sufrido violencia, robo y cualquier otra cosa que viole las leyes italianas, denuncien y soliciten los daños sufridos por aquellos que, en virtud de los poderes que ostentan los cargos institucionales, no han hecho todos los esfuerzos con todos los medios disponibles.

 Con el fin de evitar la entrada en nuestro país a personas sin la documentación periódica requerida para cruzar la frontera y que - concluyó el líder de LI.SI.PO. - tras su entrada irregular, perpetraron crímenes contra personas ".
Antonio Curci.
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La Alhambra había sido una de las joyas de la Corona desde la conquista de la ciudad en 1492 por los Reyes Católicos y, cuando llegó a Granada la noticia de que iba a pasar al Estado, el alcalde pidió al Gobierno que siguiera siendo de la Corona, la cual, según decía, había mostrado un interés claro por protegerla, relata el profesor Pedro María Belmonte. A los granadinos les preocupaba que, al enajenarse las propiedades que no eran monumentos, como los bosques y los espacios libres, el complejo cayera en el abandono. Y pedían que fuera valorada como un conjunto monumental indivisible. Pese a sus ruegos, la Alhambra acabó convertida en monumento nacional.

Cuando, tras un breve reinado de poco más de dos años, el Rey Amadeo abandonó España y se declaró la República, en 18 73, no hubo que hacer ningún trasvase más porque, en la revolución de 1868, el Estado ya se había apropiado de todos los bienes que habían pertenecido a la Corona.

Tras la restauración de la Monarquía, el patrimonio de la Corona quedó restablecido en 1876. Sin embargo, Alfonso XII no reclamó los bienes desgajados ni la devolución del Museo del Prado, al que se habían incorporado las obras del Museo de la Trinidad, procedentes de la desamortización. Su sucesor, Alfonso XIII, donó, entre otros bienes, los terrenos para desarrollar una de las principales obras de su reinado, la Ciudad Universitaria de Madrid.

Con la República de 1931 siguió la desmembración: la Casa de Campo y los jardines del Campo del Moro se cedieron al Ayuntamiento de Madrid; el Real Alcázar, al Ayuntamiento de Sevilla; el Palacio de Pedralbes, al de Barcelona, y el Castillo de Bellver, al de Palma de Mallorca. Además, la República, contra el criterio de los expertos, derribó las Reales Caballerizas, que habían sido construidas por Sabatini en tiempos de Carlos III. Tras la Guerra Civil, al antiguo Patrimonio de la Corona, que había sido rebautizado como Patrimonio de la República, pasó a llamarse Patrimonio Nacional, nombre que se conservó tras la restauración de la Monarquía en 1975. El último intento para seguir desmembrando los bienes de la Corona tuvo lugar en 2015, cuando el Tribunal de Cuentas, yendo más allá de sus competencias (según la Abogacía del Estado) planteó su reducción al mínimo, pero aparentemente fue sofocado.

Hoy, Patrimonio Nacional gestiona ocho Palacios Reales, cinco residencias reales de campo y trece monasterios y conventos fundados por la Corona, y más de 153.000 obras de arte, además de 20.500 hectáreas de bosque y 589 de jardines históricos, de las cuales 154 han sido reconocidas como Paisajes Culturales Patrimonio de la Humanidad. Asimismo, administra los bienes asignados para el uso y servicio de la Corona y las donaciones hechas al Estado por el Rey.
Almudena Martínez-Fornés
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La herencia de los Borbones
26.07.2020.-

Durante siglos los Reyes encargaron, pagaron, conservaron y protegieron del expolio un inmenso patrimonio histórico y artístico que después cedieron al Estado, es decir al pueblo.

Si España no hubiera sido una Monarquía, hoy no contaría con el inmenso patrimonio histórico y artístico que, desde hace siglos, atrae a viajeros y turistas de todo el planeta. Existirían las mismas ruinas árabes y romanas, las catedrales e iglesias con sus tesoros, y algunos museos, pero el Prado no sería ni de lejos la mejor pinacoteca del mundo. Tampoco existirían el Monasterio de El Escorial ni el Palacio Real, ni el de Aranjuez por poner unos ejemplos. Y España no contaría con la fabulosa colección de monumentos, museos, obras de arte y jardines que, a lo largo de los siglos, unos Reyes coleccionistas y mecenas encargaron, pagaron, conservaron y protegieron y que, en distintos momentos de la historia, los Borbones fueron cediendo al Estado, es decir, al pueblo.
A pesar de los expolios -especialmente durante la invasión francesa, la desamortización y los procesos revolucionarios-, la Corona consiguió proteger gran parte de este fabuloso tesoro que contribuye a que España sea uno de los países con mayor patrimonio histórico y artístico.

Un fabuloso tesoro
Además de la fabulosa colección inicial del Museo del Prado, cuyo valor es imposible de cuantificar, los Reyes donaron los numerosos palacios reales y conventos fundados por la Corona en distintas localidades españolas, nutrieron con sus fondos el Museo Arqueológico Nacional, el Museo de Ciencias Naturales, la Biblioteca Nacional o la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, y crearon jardines, como el parque de El Retiro, que ya Carlos III abrió al público mucho antes de que, en la revolución de 1868, se cediera su titularidad al Ayuntamiento de Madrid.

Algunas de las cesiones se produjeron en complejos momentos históricos, como los ocurridos en el siglo XIX, tras la abolición del Antiguo Régimen, cuando se desligaron por primera vez los bienes privados del Rey, los bienes destinados al uso de la Corona y el patrimonio del Estado, que estaba surgiendo en aquel momento.

La voracidad del Estado
En esos tiempos, la Corona consiguió proteger gran parte del valioso patrimonio histórico y artístico español frente a un Estado que despreciaba el arte y que, con la desamortización, convirtió en ruinas 2.800 de los 3.000 conventos que había en 1836. Los Monasterios de El Escorial y de Yuste también fueron desamortizados, y la última morada del Emperador Carlos I acabó siendo subastada y expoliada.

Todo ello en un ambiente de gran inseguridad jurídica, marcado por las ideas políticas de una época muy convulsa y por la voracidad de una Hacienda pública que se desangraba por la pérdida de las colonias y las guerras carlistas.

Hipotecar el Prado
La Corona consiguió salvar al Museo del Prado de un Estado que intentó hipotecar sus obras de arte en el extranjero para conseguir un crédito, según denunció uno de los primeros directores de la pinacoteca, Mariano de Madrazo: «Las naciones, lo que suelen hacer es destruir y vender lo más precioso que las honra, y si no, traslado a la intentona de Mendizabal, cuando quería hipotecar al extranjero los cuadros del Museo Real por 200 millones (de reales), que si no hubieran estado en el Real Museo y pertenecido al Real Patrimonio, ya habrían salido de España». También, en cada proceso revolucionario, la Corona perdió bienes que nunca recuperó ni reclamó.

Hubo gestos de enorme generosidad por parte de los Reyes, que llegaron a pagar inmensas cantidades de su bolsillo para comprar obras de arte y construir palacios y jardines, que después donaron, y entre todos ellos, destaca el de Isabel II. La Reina regaló el Museo del Prado al pueblo, después de comprar con su fortuna personal a su madre y a su hermana los lotes de cuadros y obras de arte que les habían correspondido por herencia.

Fernando VII convirtió en un museo de pinturas el Real Gabinete de Ciencias Naturales creado por su abuelo, Carlos III, en el paseo del Prado. Y trasladó a ese edificio desde sus palacios la fabulosa colección de más de tres mil cuadros heredados de sus antepasados, más los que él compró, para que pudieran ser contemplados por el público. Tenía tesoros tan valiosos como «Las Meninas» de Velázquez, «La familia de Carlos IV» de Goya, «Las tres gracias» de Rubens o «El caballero de la mano en el pecho» de El Greco. Todos los gastos -la reforma del inmueble, el mantenimiento y el traslado de los cuadros- corrieron a cargo del bolsillo particular del Rey.

Sin embargo, cuando Fernando VII murió, en 1833, se planteó un serio problema de testamentaría. El Monarca había dejado un quinto de su herencia a su esposa, la Reina María Cristina, y el resto, a partes iguales, a sus dos hijas, Isabel y Luisa Fernanda. En aquel momento se consideró que los bienes inmuebles eran de la Corona, por lo que quedaban excluidos del testamento, pero los bienes muebles -incluidos los cuadros- formaban parte del patrimonio personal del Rey. Si cada una de las tres herederas de Fernando VII se hubiera llevado su parte, la fabulosa colección de pintura que habían reunido los Reyes de España, desde tiempos de Isabel La Católica, habría acabado dividida en tres.

La tasación de la herencia, que empezó en 1833 y terminó en 1845, se demoró mucho porque existían dudas sobre si el Museo del Prado debía estar incluido o no en la testamentaría y porque se buscaba una fórmula para salvar la integridad de la pinacoteca.

La generosidad de la Reina
La solución la propuso el duque de Híjar, director del Real Museo, quien planteó que Isabel II comprara con su dinero las partes de su madre y de su hermana. La colección de pinturas y obras de arte fue tasada en 152 millones de reales, e Isabel tuvo que afrontar este elevado gasto, con lo que salió muy perjudicada en el reparto.

La Reina dio una nueva muestra de generosidad en 1865. Con el fin de garantizar la integridad del Museo del Prado y evitar futuras particiones, Isabel II aceptó la fórmula propuesta en la Ley de Patrimonio de la Corona, que desligó el patrimonio personal de los Reyes de los bienes afectos a la Corona. Estos últimos pasarían de un Monarca a otro sin que ninguno de ellos los pudiera vender. Entre ellos, se citaba el Museo del Prado, la Alhambra de Granada, el Real Alcázar de Sevilla, el Palacio del Buen Retiro o los Jardines del Real de Valencia.

Aquella separación fue la base del actual Patrimonio Nacional, aunque siguió despojándose a la Corona de muchos de sus bienes, que pasaron al Estado. Por ejemplo, el Casino de la Reina se convirtió en sede del Museo Arqueológico Nacional y el Real Alcázar de Toledo pasó al Ministerio del Ejército.

Vender el patrimonio
Además, como el Estado precisaba recursos con urgencia, se decidió poner en venta parte del patrimonio de la Corona, de manera que Hacienda recibiera el 75 por ciento de los ingresos y la Reina, el 25 por ciento. Esta decisión suscitó las críticas de los republicanos, especialmente de Emilio Castelar, cuyo artículo «El rasgo», publicado en el diario «La democracia», desencadenó las protestas de los universitarios, que fueron reprimidas en la llamada «Noche de San Daniel», en la que murieron 14 personas y otras 192 resultaron heridas.

Cuando estalló la Revolución de 1868 y la Reina partió al exilio, el Gobierno provisional incautó inmediatamente los bienes que habían pertenecido a la Corona y continuó su desmembramiento. La idea era traspasar todos al Estado y venderlos, excepto los que se reservaron para el uso del nuevo Rey (Amadeo de Saboya). En aquel momento, prácticamente a diario se sacaban a subasta bienes de la Corona.

La Alhambra
El Museo del Prado, a pesar de que Isabel II había pagado con su fortuna personal más de la mitad de los cuadros, fue nacionalizado sin compensar a su anterior propietaria; el Sitio del Buen Retiro, que llevaba abierto al público desde 1767 por orden de Carlos III, se cedió al Ayuntamiento de Madrid; el Real Sitio de la Florida, al Ministerio de Fomento; los Palacios Reales de Barcelona y Valladolid, al Ministerio de Justicia; los Jardines del Real de Valencia, a la Diputación, y la Alhambra de Granada se convirtió en monumento nacional, contra el criterio del propio alcalde.

Sigue...
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El PSOE y la "república plurinacional" del caudillo chavista Iglesias
24.07.2020.-

Este anticonstitucional proyecto de nada menos que el vicepresidente segundo del Gobierno social-comunista no por disparatado resulta menos desestabilizador.

Ya resulta una vergüenza que España sea el único país democrático del mundo con comunistas confesos empotrados en el Gobierno. Pero no queda ahí la aberrante anormalidad que representa la presencia de Podemos en el Poder Ejecutivo. Y es que la formación de Pablo Iglesias, a diferencia de otros movimientos de extrema izquierda, no sólo aspira a imponer su liberticida agenda colectivista, también pretende fragmentar el sujeto de soberanía sobre el que se sustenta el edificio constitucional –la nación española– y transitar a un "Estado plurinacional en forma de república".

Ni el Partido Socialista Unido de Venezuela del carnicero Nicolás Maduro, ni la Coalición de la Izquierda Radical (Syriza) de Alexis Tsipras en Grecia, ni ninguna otro entidad relevante de la extrema izquierda –y para qué hablar de los regímenes comunistas– aspiran dinamitar los países en los que operan.

La llegada de Pablo Iglesias al Gobierno no le ha llevado a renunciar a ese lesivo, anacrónico y disparatado proyecto, clamorosamente anticonstitucional, tal y como ha dejado de manifiesto este miércoles en la Universidad Complutense de Madrid. Para el caudillo comunista, en España se está abriendo un "horizonte republicano plurinacional".

Con ser lamentable e indignante que un profesor de ciencia política haga una contraposición tan burda como la que enfrenta monarquía y democracia, cuando las mayores y más criminales dictaduras del momento son repúblicas y cuando democracias tan consolidadas como la sueca, la británica, la danesa, la holandesa o la belga son monarquías parlamentarias, lo peor es que el capo comunista, cuyo modelo de república se asemeja más al que rige en Venezuela que al de Estados Unidos, se empecine en aspirar a un Estado plurinacional sin tener siquiera la gentileza decir el nombre y el número de las naciones que pasarían a conformarlo.

Este anticonstitucional proyecto de nada menos que el vicepresidente segundo del Gobierno no por disparatado resulta menos desestabilizador, por cuanto da además oxígeno a las formaciones secesionistas, volcadas en la demolición de la Monarquía, a la que perciben, con razón, como símbolo de la unidad y permanencia de la nación española. De hecho, este miércoles los socios de investidura de Pedro Sánchez –incluidos Podemos, los proetarras de Bildu y los golpistas catalanes– han intentado por décima vez que el Congreso investigue los negocios de Don Juan Carlos como medio de desgastar a la Corona.

Aunque el PSOE se haya opuesto a ese intento de convertir el Parlamento no en una cámara de control al Gobierno sino en una especie de tribunal destinado a enjuiciar a un rey que nunca gobernó y que hace años dejó de reinar, debería ser mucho más activo en su oposición a este nada disimulado plan de sus socios para acabar con la Monarquía constitucional. Pero es que, como les ha reprochado la popular Cayetana Álvarez de Toledo, los socialistas son "muy hábiles generando ruido sobre el Rey, pero inútiles para rastrear los contagios del coronavirus".
Editorial LD
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Noticias Nacionales / Re:CATALUÑA
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El Supremo devuelve a los presos golpistas catalanes a la cárcel
24.07.2020.-

Aunque este auto afecta únicamente a Forcadell, su contenido sienta las bases para dejar sin efecto el tercer grado que Torra ha concedido a los demás presos golpistas.

Joaquim Torra no puede poner en libertad a sus conmilitones encarcelados por la jornada golpista del 1-O porque supondría que la Generalidad de Cataluña puede "reinterpretar" las sentencias de los tribunales, lo que constituiría un claro "fraude de ley".
Así de tajante ha sido el Tribunal Supremo al resolver el recurso de apelación de la Fiscalía contra la concesión de beneficios penitenciarios a la sediciosa Carme Forcadell, expresidenta del Parlamento regional de Cataluña, condenada a 11 años y medio de prisión por su participación en el referido atentado contra el orden constitucional.

El Alto Tribunal revoca de esa forma la decisión impulsada por la junta de tratamiento de la prisión de Mas d’Enric al no existir ninguna conexión entre el programa aprobado para Forcadell, consistente en tareas de voluntariado y acompañamiento a un familiar, y el proceso de reinserción de la sediciosa. En otras palabras: una persona condenada por atentar contra el orden constitucional ha de demostrar su arrepentimiento (y no presumir de sus delitos) si quiere acceder a los beneficios previstos en la legislación. El régimen de semilibertad concedido a Forcadell es, por tanto, incompatible con el cumplimiento de la sentencia, máxime cuando se le ha brindado antes de que haya cumplido siquiera la cuarta parte de la condena.

Aún más importante, si cabe, es que el Supremo deja claro en este auto que será el único órgano judicial facultado para decidir sobre los recursos de apelación contra las decisiones de la administración penitenciaria dependiente del Gobierno de Torra que impliquen la concesión de beneficios penitenciarios similares, como ha ocurrido con los demás golpistas condenados.
El TS destaca "la gravedad de los hechos" por los que fueron condenados esos delincuentes y su "efecto demoledor para la convivencia democrática", lo que justifica sobradamente la severidad reclamada por la Fiscalía en el cumplimiento de las penas.

Aunque este auto del Supremo afecta únicamente a Forcadell, su contenido sienta las bases para dejar sin efecto el tercer grado que el Ejecutivo regional catalán ha concedido a los demás presos golpistas, mucho más laxo que la aplicación del artículo 100.2 de la que se ha beneficiado Forcadell.
Editorial LD
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