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Noticias Nacionales / Re:VOX
« Último mensaje por Brotes en 24 horas »
Olona desvela que el número 2 de Dolores Delgado prepara el escrito para pedir el archivo de la causa del 8-M
01.06.2020.-

La diputada de Vox ha desvelado en Es la Mañana de Federico un nuevo escándalo en el caso de la investigación por las manifestaciones del 8-M

La secretaria general de Vox en el Congreso, la diputada Macarena Olona, ha atendido este lunes la llamada de Es la Mañana de Federico para analizar la actualidad relativa a la investigación encargada por la magistrada Carmen Rodríguez-Medel del juzgado de instrucción número 51 de Madrid y que provocó el escándalo de la destitución del coronel Pérez de los Cobos por orden de Grande Marlaska.

Olona ha aprovechado su paso por Es la Mañana de Federico para dar una información de alcance y es que "ya sabemos que la Fiscalía va a solicitar el archivo" de la causa del 8-M. Pero lo que ha aportado Olona es que el número dos de Dolores Delgado, el secretario general técnico de la Fiscalía General, Álvaro García Ortiz, estaría elaborando el escrito de alegaciones saltándose al fiscal natural designado para la causa.

Según Olona, la Fiscalía estaría buscando en la actualidad a un fiscal que quiera firmar el escrito de alegaciones elaborado por el secretario general técnico antes del próximo viernes 5 de junio y así intentar dar carpetazo a la investigación que afecta al Gobierno de Pedro Sánchez y en la que ya está imputado el delegado del Gobierno en Madrid, José Manuel Franco, por un posible delito de prevaricación. Todo ello, después de que autorizara la manifestación multitudinaria del 8 de marzo en plena crisis de la covid-19.

La información desvelada por la diputada de Vox se asemeja al caso del escrito de la Abogacía del Estado en el que se pedía la libertad de Oriol Junqueras, después de que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea TJUE sentenciara en diciembre que tenía inmunidad como europarlamentario. Dicho escrito como desveló LD no quería inicialmente firmarlo ningún abogado del Estado y finalmente, lo rubricó Rosa María Seoane.

Recordamos que Álvaro García Ortiz, la mano derecha de Delgado en la Fiscalía General, fue fiscal del caso Prestige, fiscal delegado de Medio Ambiente en Galicia, expresidente de la Unión Progresista de Fiscales (UPF) y habitual de los mítines y actos de partido del PSOE en Galicia. Ante estos hechos, Olona ha dicho que van "a requerir toda la información", porque además va en contra del proceder habitual en el que se encarga el escrito al fiscal natural del caso.

Además, ha recordado que "hemos interpuesto una querella ante los juzgados de instrucción de Madrid contra la directora general de la Guardia Civil y el secretario de Estado de Seguridad, que fueron quienes acordaron formalmente el cese de Pérez de los Cobos", aunque destacó que todos sabemos que "detrás está Marlaska".

Este caso es "escandaloso" en opinión de Olona, "la intromisión ilegítima del Gobierno sobre el poder judicial a través de la Guardia Civil en sus funciones de policía Judicial", señalaba. Por otro lado, recordando cómo fue la secuencia de llamadas (primero dos mandos militares solicitan a Pérez de los Cobos el informe, y ante la negativa de éste, por estar sujeto a secreto, recibe la llamada del escalafón político, la directora general de la Guardia Civil y el secretario de Estado para comunicarle el cese". Esto, recordaba Olona, "le impide ascender en su carrera a General" y todo "por unos políticos indignos y la soberbia del ministro Marlaska".

Respecto al cese propiamente dicho, también recuerda Olona que "el Tribunal Supremo ya dijo en una sentencia que la destitución en estos puestos por falta de confianza tiene que acreditarse que esa falta de confianza se produce por hechos adecuados de falta de profesionalidad y mérito y que no se produce por intereses espúreos, es decir, que no se trata de una purga".

El intento de blanquear el FRAP
También ha hablado de las declaraciones de la semana pasada de Cayetana Álvarez de Toledo en el Congreso de los Diputados diciéndole al vicepresidente del Gobierno que es hijo de un terrorista, ya que el padre de Pablo Iglesias perteneció al FRAP (Frente de Revolución Antifascista y Patriota), grupo terrorista con crímenes de sangre a sus espaldas.

Sin embargo, esta acusación ha llevado no sólo a los miembros de Podemos a justificar el FRAP como un grupo revolucionario que sólo Franco llamaba Terrorista. Los GRAPO y la ETA, son otros dos grupos terroristas.

Para Olona, esto, junto con la equiparación de víctimas del terrorismo y asesinos terroristas, "empezó con la Ley de Memoria Histórica y esa deriva de reescribir historia en la que nos encontramos". En este sentido, recordaba el artículo de El País en el que se decía que "los miembros del FRAP eran violentos porque el régimen de Franco era violento, pero que no era un grupo terrorista" pese a impulsar actos de violencia.

En la misma línea, Olona se quejaba de la espiral de violencia verbal que está sufriendo su formación política y recordaba "la entrevista" que tuvo "que soportar en TVE donde el presentador llegó a decirme qué habíamos hecho para provocar los insultos por parte de Podemos. Es decir, qué hemos hecho para que se llame a expulsarnos de la arena política." Añadía Olona que "si yo tengo que justificar que tengo derecho a respirar y a hacer política", no es normalidad democrática.
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Noticias Nacionales / Re:CATALUÑA
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Torra cumple dos años al frente de la Generalidad: violencia separatista y cesiones de Sánchez
01.06.2020.-

El separatismo ha huido de cualquier compromiso con la gestión y se ha centrado en mantener viva la llama del golpe de Estado.

Quim Torra cumple dos años al frente de la Generalidad, un tiempo marcado por el propósito de mantener viva la llama del levantamiento del 1 de octubre de 2017. El proceso separatista es el principio y el final de la acción del gobierno de Torra, teledirigido desde Waterloo y desde la prisión de Lledoners por los dos hombres fuertes de la política catalana, un prófugo y un preso al que sus acólitos rinden pleitesía. Carles Puigdemont y el líder republicano Oriol Junqueras tratan de sostener el timón de mando en medio de un indisimulada bronca entre sus respectivas formaciones.

Torra accedió al cargo de presidente de la Generalidad el 2 de junio de 2018, tras unos tumultuosos meses en los que una parte del separatismo trató primero de investir a Puigdemont y después a los presos Jordi Turull y Jordi Sánchez. Marco legal al margen, en Junts per Catalunya (JxCat), la lista de Puigdemont, cargan sobre ERC la culpa de que el independentismo no lograra continuar con su desafío al Estado desde las instituciones autonómicas y recurren incluso a la pandemia del coronavirus para insistir en la tesis de que una presidencia telemática era perfectamente factible. Los republicanos se defienden con una apelación al pragmatismo. Entienden que había que reiniciar la Generalidad y dejar atrás el artículo 155 de la Constitución, que dejaría de tener efectos con la toma de posesión de Torra, episodio paralelo a la moción de censura que aupó a Pedro Sánchez a la presidencia del Gobierno.

Designado Torra tras las turbulencias parlamentarias protagonizadas por Puigdemont y los presos Turull y Sànchez, el "vicario" del prófugo aún intentó un golpe de mano, el de restituir en sus cargos a los consejeros fugados y presos, maniobra estética de escaso recorrido que sirvió además para poner de manifiesto las virtudes del 155, toda vez que Mariano Rajoy, aún presidente del Gobierno, recurrió a esa herramienta constitucional para tumbar el intento de Govern de Torra. Los presos no podían ser consejeros de la Generalidad y menos aún los fugados. Si quería ser el supuesto 131 presidente de la Generalidad, Torra debía enviar a Moncloa otro listado de gobierno sin reos ni fugitivos.

El gobierno catalán "verdadero"
A pesar de todo, Torra y su equipo de gobierno trataron de dar la impresión de que se resistían a las imposiciones legales, que atribuían al abstracto "Madrit". El primer paso tanto Torra como sus consejeros fue viajar a Bélgica o desplazarse a las cárceles para formalizar una especie de traspaso de carteras combinado con un juramento de lealtad a los "verdaderos" miembros del gobierno catalán. Los medios públicos catalanes y los subvencionados afectos a la "causa" mantenían el trato de presidente y consejero para los huidos y presos tras el golpe de Estado separatista.

Desde los primeros momentos se pudo percibir con toda claridad que la etapa Torra estaría marcada por lo simbólico. La acción de gobierno no le interesaba lo más mínimo. Tampoco a sus consejeros, ya fueran de JxCat o de ERC. La marcha de Nissan se achaca ahora a esa desidia del ejecutivo catalán por el día a día y la economía. El objetivo era sostener la agenda "soberanista" y reconstruir la Generalidad post 155. También era preciso alimentar la tupida red social separatista, de modo que uno de los primeros gestos de Torra fue declararse presidente de los Comités de Defensa de la República (CDR) y presumir de que toda su familia militaba en los infaustos CDR. Después vendría la cita a la vía eslovena.

Una de las primeras citas en al agenda de Pedro Sánchez fue una visita de Torra a la Moncloa. El presidente del Gobierno pretendía "desescalar" la tensión con Cataluña y proceder a una suerte de deshielo. Torra se presentó con el lazo amarillo, un símbolo golpista con el que los separatistas pretenden demostrar que sus condenados por sedición y malversación son presos políticos, y un programa de máximos. A pesar de la derrota que supuso el 155, el independentismo no renunciaba ni a la autodeterminación ni a la unilateralidad.

La declaración de Pedralbes
Eso mismo quedó también claro en la reunión de Pedralbes, en Barcelona, celebrada en diciembre de 2018. De la dura experiencia de octubre de 2017, cuando el separatismo no pudo hacer efectiva su república, se pasaba a una situación en la que la delegación catalana conseguía una primera victoria al suprimir de la declaración de Pedralbes el término Constitución por el de "seguridad jurídica". Y no era la única concesión, toda vez que se hablaba de un mediador o relator, la "desfranquización" de España y la constitución de una mesa de partidos.

La celebración del juicio en el Tribunal Supremo a parte de los autores del golpe de Estado separatista puso fin a las negociaciones. El gobierno catalán no quería participar en ninguna mesa mientras se desarrollaba la vista. JxCat y ERC rivalizaban por aparentar más separatismo que el rival. La vista se alargó casi hasta el verano y después de tres meses, el 14 de octubre, se había pública la sentencia, entre doce y nueve años por sedición y malversación. Los magistrados optaban por seguir las directrices del Gobierno, que obligó a la abogacía del Estado a cambiar rebelión por sedición con la consiguiente rebaja de penas.

Oleada de violencia
La sentencia dio paso a una oleada de violencia callejera que no fue precisamente desalentada por el gobierno catalán y los líderes separatistas, que prefirieron decir que comprendían el estallido social antes que condenar la violencia. El separatismo exhibía músculo violento en la calle con ataques a la Policía, barricadas, incendios, cortes de carreteras, asaltos a infraestructuras como el aeropuerto de El Prat y toda clase de desmanes.

Tras las elecciones de noviembre, la respuesta de Sánchez fue garantizarse el apoyo de ERC para su investidura a cambio de retomar la "mesa de diálogo" abandonada por el juicio. El pasado 6 de febrero, Sánchez acudía al palacio de la Generalidad para inaugurar la nueva fase, interrumpida por la irrupción del coronavirus.
Torra quiere continuar al frente de la Generalidad tras haber amagado con convocar elecciones en enero al dar por rota la relación con ERC. Está pendiente de que el Supremo confirme su inhabilitación por desobediencia, pero cree que eso no será impedimento para mantenerse en el cargo a base de recursos de su abogado, el ínclito terrorista Gonzalo Boye, condenado en su día a catorce años de cárcel por colaboración con ETA en el secuestro de Emiliano Revilla.

Después de dos años, una de las principales gestiones del Govern ha sido la de consolidar la relación del separatismo catalán con terroristas como Arnaldo Otegi, convertidos en referentes del independentismo "democrático" y definidos como "hombres de paz" en TV3 y "Catalunya Ràdio". El Govern presume, eso sí, de haber logrado aprobar unos presupuestos autonómicos (los últimos databan de 2017), pero han quedado obsoletos por la pandemia.
Pablo Planas
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Noticias Internacionales / Re:PORTUGAL, TAN CERCA Y TAN LEJOS
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Nos hemos convertido en un país de pretensiones
30.05.2020.-

Fingimos que la calamidad de Covid19, que no está justificada en Portugal, es superior a la calamidad económica en la que vivimos, completamente oculta, esta, cada vez más grave y sin perspectivas de mejora.

Últimamente pasamos nuestras vidas fingiendo. Fingimos que, en Portugal, Covid19 es muy grave, cuando el número de pacientes hospitalizados en salas y en unidades de cuidados intensivos, incluso después de la deflación, es mucho menor que antes.

Fingimos que, en Portugal, Covid19 es más grave que la gripe, cuando esto, en la temporada 2018/2019 mató a 3331 personas, en la temporada 2017/2018 mató a 3700 y Covid19, en aproximadamente 3 meses, mató alrededor 1350. Solo en la semana del 21 al 27 de enero de 2019, 23 personas ingresaron a la UCI por influenza. Para darle una idea, en una sola semana de enero de 2015, se llevaron a cabo alrededor de 18,000 consultas para el síndrome similar a la gripe en Portugal (y no sabemos cuántos pacientes asintomáticos también darían positivo para el virus de la gripe, si tales pruebas fueran tan extendidas como las de SARS-CoV-2).

Fingimos que nuestro país es el mejor, porque es el sexto país en el mundo que más prueba, ocultando el sinsentido de dinero que se gasta en las pruebas, que están probando a varias personas asintomáticas, sin enfermedad, en quienes La utilidad de la prueba es francamente cuestionable, creando grandes problemas para las empresas y familias de estas personas, así como para los médicos de salud pública que están completamente exhaustos con el seguimiento de tantas personas con síntomas leves o incluso sin síntomas.

Suponemos que la verdadera razón por la cual el país cerró en marzo no fue la enfermedad grave de Covid19 (que continúa disminuyendo) sino cualquier enfermedad de Covid19, siempre que exista, incluso si es asintomática o solo causa tos. Y que esto justifica que nada puede volver al trabajo como antes.

Fingimos que solo hay muertes y más muertes y más muertes por Covid19 porque los medios criminalmente manipuladores de las cercas de doscientos países afectados por la enfermedad solo hablan de la media docena que son peores, ignorando deliberadamente aquellos en los que la pandemia (incluido el nuestro) no es una calamidad y no dice nada sobre todas las muertes por otras causas.

Fingimos que los profesionales de la salud no están exhaustos, ya que se les exige que trabajen muchas más horas de lo habitual, como si no fueran personas, como si no hubiera un mañana.

Pretendemos que continuar con establecimientos comerciales cerrados, que han estado cerrados desde marzo, en nombre de la enfermedad en jóvenes asintomáticos o con tos, es una razón válida y no duele, porque la pérdida de ingresos de los empleadores y empleados de estos establecimientos no es importante. , la posibilidad de despido es irrelevante, la desesperación de estas personas no interesa a nadie.

Fingimos que la calamidad de Covid19, que no está justificada en Portugal, es superior a la calamidad económica en la que vivimos, completamente oculta, esta, cada vez más grave y sin perspectivas de mejora.

Fingimos que no hay calamidad social, cuando hay ancianos y niños institucionalizados, sin visitas durante meses, pacientes ingresados ​​en hospitales sin ver a un familiar y muriendo solos, mayor violencia doméstica, ausencia de eventos familiares, como bodas, ausencia de práctica deportiva. alta competencia, ausencia de abuelos para abrazar a sus nietos, ausencia de libertad para vivir nuestras vidas.
Fingimos que nuestros hijos tienen clases cuando se sientan frente a la pantalla de la computadora o la televisión y que estas clases son tan buenas o mejores que las clases presenciales.

Fingimos que los niños y los jóvenes no tienen que jugar y vivir juntos para crecer sanos y felices. Fingimos que no es para los maestros que no tienen clases en su escuela.

Fingimos que los conductores de transporte público, los profesionales de la salud, los operadores de cajeros de supermercados, entre otros, no tienen que tratar con muchas personas en el interior, todo el día y que tienen que trabajar, si quieren que les paguen su cheque de pago. fin de mes, pero que los maestros no pueden enseñar normalmente.

Fingimos que los estándares que recomienda la DGS, uno tras otro, a la velocidad de la luz, son para nuestro bien y no impiden el funcionamiento normal de toda la sociedad, favoreciendo el aumento de redundancias en el comercio, restaurantes, hoteles y similares.

Fingimos que la enfermedad que estamos creando con tantas medidas es menor que la supuesta calamidad causada por Covid19.

Fingimos que usar una máscara obligatoriamente, en todo lo que está cerrado, cuya efectividad no está probada en personas asintomáticas y que nos obliga a usar máscaras en la billetera o en los bolsillos, que luego ponemos y quitamos de la cara, es una mierda.
Fingimos que solo morimos con Covid19 cuando ayer, en Portugal, 13 personas murieron con Covid19 y 276 por otras causas.

Fingimos que, en todas las demás enfermedades, no son nuestras personas mayores las que mueren más.

Fingimos que todas las demás enfermedades desaparecieron, con hospitales que destruyeron paredes y servicios para crear salas para pacientes con Covid19, salas que permanecieron y permanecen prácticamente o totalmente vacías, y hospitales que ahora no tienen dónde realizar colonoscopias, endoscopias, broncoscopias porque arruinó los lugares donde tuvieron lugar estos exámenes. Fingimos que el cáncer de colon, el estómago, el esófago y el cáncer de pulmón ya no existen.
Fingimos que la fisioterapia no es necesaria para que los pacientes con accidente cerebrovascular puedan realizar su rehabilitación.

Fingimos que estamos siendo protegidos cuando ya no estamos siendo destruidos. Físicamente destruido por todas las enfermedades que no fueron diagnosticadas o tratadas de manera oportuna, psicológicamente destruido por la calamidad de la enfermedad mental que se estableció en tantos individuos, previamente sanos y que nunca volverá a ser lo mismo, por el terror que crearon (y eso fue para ellos creado) a la enfermedad. Destruido económicamente por los miles de empleos que les quedan y continuarán dejando de existir. Socialmente destruido, porque nos miramos como amenazas potenciales, enemigos potenciales. Destruido por las miles de reglas completamente inapropiadas para nuestra esencia y nuestra humanidad.

Con tantas pretensiones que se convirtió en rutina, mi mayor temor es que, después de haber arrojado tanta arena a nuestros ojos, cuando tratamos de abrirlos, ya no podemos ver nada, porque nos cegaron.
Margarida Abreu Médico especialista en medicina general y familiar.
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Noticias Internacionales / Re:SITUACIÓN EN VENEZUELA
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La Fiscalía de EE.UU. presentará cargos por narcotráfico contra Cilia Flores, la esposa de Maduro
29.05.2020.-

Recaba pruebas sobre lucro por venta de cocaína de la primera dama del régimen chavista

El Ministerio Fiscal de Estados Unidos prepara cargos contra Cilia Flores, la mujer de Nicolás Maduro, por narcotráfico, según ha anunciado este miércoles la agencia Reuters tras una exhaustiva investigación. El arresto en Colombia en 2016 y posterior extradición a EE.UU. de uno de los guardaespaldas de Flores, llamado Yazenky Lamas, le ha permitido a la fiscalía estadounidense recabar pruebas sobre lucro por venta de cocaína de la primera dama del régimen chavista.

Reuters cita al menos cuatro fuentes con conocimiento de la causa y los cargos, entre los que se incluye el narcotráfico y la corrupción. En 2017, dos sobrinos de Cilia Flores, Efraín Campo Flores y Franqui Francisco Flores de Freitas, conocidos comúnmente por la oposición venezolana como los «narcosobrinos», fueron condenados a 18 años de prisión en Nueva York por tráfico de cocaína. Los dos fueron detenidos en 2015 en Haití por agentes encubiertos de la DEA, la agencia antidrogas estadounidense, y trasladados a Nueva York para ser juzgados.

Los dos sobrinos de Flores viajaron a Haití en un jet privado y en el momento de su detención estaban en posesión de pasaportes diplomáticos venezolanos. Ahora, siempre según Reuters, el guardaespaldas Lamas, que está colaborando con la justicia estadounidense, ha declarado que la mujer de Maduro estaba al tanto de todos los negocios de sus sobrinos.


El guardaespaldas dijo a Reuters que está declarando contra Flores y ofreciendo pruebas incriminatorias porque se siente abandonado a su suerte por el chavismo. «Me siento traicionado», dice a la agencia desde prisión.

El régimen «inunda» EE.UU. de cocaína
Hace dos meses, la fiscalía de Estados Unidos ya presentó cargos por narcotráfico contra Maduro, 11 colaboradores suyos y dos dirigentes de la guerrilla colombiana de las FARC. También ofreció hasta 50 millones de dólares (45 millones de euros) por información que permita la captura de cualquiera de los imputados, 15 millones por Maduro y 10 por algunos de los demás, como el ‹número dos›Diosdado Cabello.

Según la fiscalía el régimen venezolano ha inundado EE.UU. de cocaína en las pasadas dos décadas. Estiman los fiscales que las rutas abiertas por el régimen que hoy preside Maduro con asistencia de la guerrilla colombiana de las FARC han servido para inyectar en el mercado de la droga estadounidense hasta 250 toneladas métricas de cocaína.

Si Maduro llegara a ser extraditado, se enfrenta a un juicio y una pena máxima de 50 años en caso de ser declarado culpable. Uno de los fiscales norteamericanos que han trabajado en este caso durante cinco años, Geoffrey Berman, dijo que «el alcance y la magnitud de esta supuesta trama de narcotráfico fue posible solo porque Maduro y otros corrompieron las instituciones de Venezuela y proporcionaron el amparo político y militar necesario para los crímenes de narcotráfico descritos en nuestros cargos».
David Alandete

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Noticias Nacionales / Re:PSOE
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A la injerencia se le añade el acoso a la Justicia
28.05.2020.-

En lugar de respetar la labor de la juez del 8-M, el Gobierno alienta un acoso injustificable a la Justicia

El ministro del Interior fue incapaz ayer, en sede parlamentaria, de ofrecer explicaciones aceptables para justificar el cese del coronel Diego Pérez de los Cobos al frente de la comandancia de la Guardia Civil en Madrid. Porque no las hay.
Marlaska despachó las preguntas de la oposición con una mezcla de victimismo e hipocresía. Ni aclaró los verdaderos motivos de una destitución arbitraria ni asumió sus responsabilidades por un escándalo que ha provocado el mayor incendio en el Instituto Armado desde la infausta época de Luis Roldán.

Ejercer presiones sobre agentes que operan en calidad de policía judicial atenta contra la separación de poderes y constituye una injerencia inadmisible, agravada por la voluntad indisimulada del Gobierno de usar a la Abogacía del Estado para torpedear la instrucción de la juez Carmen Rodríguez-Medel, que dirige la investigación por un presunto delito de prevaricación del delegado del Gobierno en Madrid al permitir el 8-M.

A la divisa del honor propia de un servidor público intachable como Pérez de los Cobos, Marlaska opone el deshonor de entender la confianza como algo completamente ajeno al buen desempeño profesional.
 La realidad es que el informe que provocó el cese del coronel revela que la Delegación del Gobierno en Madrid se resistió a entregar información sobre el 8-M, lo que hace sospechar a la Guardia Civil -tal como reveló este periódico- que el Gobierno oculta datos de una manifestación autorizada de forma negligente.

Las represalias del ministro del Interior no tapan la corrupción política que supone destituir a De los Cobos por negarse a incumplir la ley en un asunto que afecta directamente al Gobierno. Tal atropello a las libertades, que exige la renuncia de Marlaska, es epítome de la prematura degradación de un Ejecutivo desarbolado que huye hacia delante.

Lanzar a la Abogacía del Estado a sabotear la instrucción de la juez Rodríguez-Medel, presentando un recurso de apelación contra el auto de la magistrada que dio lugar al inicio del procedimiento penal, es la enésima constatación de la falta de escrúpulos de Sánchez, empecinado en erosionar las instituciones hasta la náusea.

En lugar de respetar la labor de la juez, el Gobierno alienta un acoso injustificable a la Justicia, al más puro estilo del manual populista de Podemos. Causa bochorno que el mismo presidente que alardeó de tener bajo control a la Fiscalía, ahora finja ser víctima de una "causa general" en los tribunales.

 Por mucho que sus adláteres pretendan convertir a Sánchez en émulo de Lula, no asistimos a ninguna pretendida persecución sino a la acción del Estado de derecho velando por el cumplimiento de la ley. Ningún Gobierno, por trapacero y desleal que sea, podrá impedirlo.
EditorialEM
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La cloaca de Pablo Iglesias
28.05.2020.-

Montó toda la campaña de las generales de abril sobre un falso relato de victimismo

Cuando todavía no era vicepresidente, Pablo Iglesias jugaba continuamente la baza de presentarse como víctima heroica de las pérfidas maquinaciones de las cloacas del Estado, cuya misión consistiría en impedir que alguien como él llegara al poder en España.
Pues bien, Iglesias no solo ha llegado al poder sino que se sirve de todas las prerrogativas que la vicepresidencia le concede, empezando por su presencia en la comisión de control del CNI y siguiendo por el blindaje policial de su domicilio frente a los escraches que él mismo introdujo en la política española como técnica de agitación y propaganda.

 Pero a su nueva vida de exponente de la casta viene ahora a importunarle el fantasma de su activismo pasado: el juez del caso Villarejo le ha expulsado de la causa en la que pretendía ejercer la acusación particular, argumentando que él no es "perjudicado ni ofendido" en la pieza separada que investiga el robo del teléfono de la ex asesora de Podemos, Dina Bousselham. Quien por cierto ha sido promovida por Podemos a directora de un panfleto digital al servicio del líder morado para blanquearle a él y difamar a sus críticos.

Así pues, Iglesias montó toda la campaña electoral de las generales de abril del año pasado sobre un falso relato de victimismo. Hoy esa condición ha sido revocada por la Audiencia Nacional. Al margen del curso que siga la investigación y de sus posibles consecuencias penales, la farsa política de la que ha vivido Iglesias hasta consumar su asalto a los cielos de Moncloa ha quedado a la intemperie.
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Noticias Nacionales / Re:PSOE
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Un Gobierno mastodóntico y desbordado
28.05.2020.-

La gestión de la crisis en España no solo se ha visto lastrada por la imprevisión del Gobierno, y por la insolvencia del mando único a la hora de articular la toma de decisiones, sino por la ineficacia de un Gabinete compuesto por 22 ministerios. Aunque Pedro Sánchez, con toda la parafernalia propagandística de La Moncloa, niegue la necesidad de reducir los ministros, la realidad es que la estructura mastodóntica de un Ejecutivo al que le sobran la mitad de carteras ha contribuido a hundir la acción gubernamental en el caos y la confusión.

Este extremo debe ser corregido de inmediato. Pablo Casado ya expresó en sede parlamentaria la exigencia de recortar un organigrama desorbitado que incluye cuatro Vicepresidencias y departamentos, como Consumo, completamente prescindibles. En plena hecatombe económica por el coronavirus, el Gobierno no puede seguir derrochando el dinero de todos los españoles.

Resulta inadmisible que un país como España, que ha presentado a Bruselas la mayor previsión de repunte del déficit público en la Eurozona, sea al mismo tiempo el que dispone del Gobierno más extenso. De hecho, el Consejo de Ministros ahormado por Sánchez es uno de los más nutridos de la democracia desde la Transición. Ello se debe a tres factores. Primero, al cambalache de puestos con Podemos. La coalición obligó a trocear competencias y elevar a rango ministerial departamentos -como Universidades- que estaban integrados en otras carteras. Y, segundo, a la tómbola de cuotas dentro del PSOE:entre familias dentro de esta formación y entre territorios, con especial peso de aquellas federaciones que apoyaron a Sánchez para recuperar el trono en Ferraz.

Así, un dirigente sin formación académica especializada ni experiencia en la gestión sanitaria, como Salvador, Illa, del PSC, acabó siendo nombrado ministro de Sanidad. El de Sánchez e Iglesias era un Gobierno preparado para la polarización y el frentismo ideológico, y se ha topado con un enemigo real. De ahí la brecha entre PSOE y Podemos, la bronca entre ministros y la falta absoluta de coordinación en la acción institucional y en los mensajes. El colmo de este galimatías es crear más subdirecciones generales e incrementar los cargos de libre designación, justo cuando el gasto en nóminas públicas -que este año ascenderá a 140.000 millones de euros- registrará la mayor subida de la última década.

La ciudadanía asiste con una mezcla de estupor y contenida indignación al bochorno de un Gobierno incapaz de controlar la pandemia. Hay dos factores que pueden hacer estallar el enojo social: la falta de autocrítica pública y la irresponsabilidad de perpetuar una estructura de gobierno cara, ineficiente y de probada inoperancia.
EditorialEM
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Noticias Nacionales / Re:MADRID
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La juez del Juzgado de Instrucción nº 51 de Madrid cita como imputado al delegado del Gobierno por permitir la manifestación feminista el 8M pese al coronavirus.

La titular del Juzgado, investiga si hubo prevaricación y acuerda una nueva batería de diligencias.

La titular del Juzgado de Instrucción 51 de Madrid, Carmen Rodríguez-Medel, ha citado a declarar el próximo 5 de junio en calidad de investigado al delegado del Gobierno en Madrid, José Manuel Franco, por un presunto delito de prevaricación al haber permitido entre otras concentraciones masivas, la marcha feminista del 8 de marzo pese al avance de la epidemia de coronavirus.

La citación se publica el mismo día en el que el titular del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha destituido al coronel jefe de la Comandancia de la Guardia Civil en Madrid, Diego Pérez de los Cobos, por una pérdida de confianza que se habría producido precisamente en este contexto: No habría informado ni a sus superiores ni al propio ministro de que sus agentes están llevando esta investigación judicial sobre la presunta prevaricación de José Manuel Franco.

En una providencia notificada este lunes, Rodríguez-Medel convoca a Franco por videconferencia a las 9 de la mañana y llama asimismo en calidad de testigos para que comparezcan a continuación al secretario general de la Delegación del Gobierno, Fernando Talavera, al jefe de Gabinete del delegado Luis María Sanz y al director de la Unidad de Seguridad Ciudadana, José Luis Correas.


La causa se abrió a instancias de un particular que se querelló contra el delegado del Gobierno en Madrid, entre otros, por haber permitido las concentraciones multitudinarias en las dos primeras semanas del mes de marzo, antes de la declaración del estado de alarma, cuando ya constaba al menos un aviso del Centro europeo para la prevención y el control de enfermedades sobre el avance de la enfermedad.

Tras admitir a trámite la querella, la juez imputó inicialmente a Franco delitos de lesiones por imprudencia y prevaricación. No obstante, tras recibir un informe forense que no encontraba relación causa efecto entre acudir a una manifestación como la del 8M y contagiarse, decidió retirar la primera imputación y ahora investiga al delegado del Gobierno por la segunda.

En este contexto, además de citarle a declarar, ordena otra serie de diligencias y entre ellas, remitir la causa al forense que elaboró aquel informe por si «considera preciso» ampliar sus conclusiones.

Manifestaciones convocadas y canceladas
La juez requiere de nuevo al secretario General de la Delegación del Gobierno, al que ya pidió documentación en una primera ronda de diligencias, toda la relación de resoluciones de toma de conocimiento o prohibiciones de concentraciones/manifestaciones dictadas por esta institución entre el 5 y el 14 de marzo y así como copia íntegra de todos los expedientes, incluso de aquellos que estaban pendientes de dictado de resolución antes del estado de alarma.

También quiere la juez que la Delegación informe sobre las manifestaciones y concentraciones que acabaron siendo desconvocadas, «bien por propia iniciativa o a requerimiento de la Delegación del Gobierno» tal y como el secretario General informaba en un primer requerimiento. Ahora, le pide que concrete en qué fechas se produjeron esas cancelaciones y qué cauce siguieron.

Las resoluciones de Sanidad
No obstante, en su investigación sobre hasta qué punto era conocedora la Delegación del Gobierno de la propagación de la pandemia y las advertencias sobre el distanciamiento social al respecto, la juez se dirige asimismo al Ministerio de Sanidad para que su Secretaría General informe sobre la difusión que dio a un oficio del 3 de marzo con una «recomendación de medidas extraordinarias en relación con la situación provocada por el nuevo coronavirus Covid-19».

Le da de plazo hasta el 1 de junio para informar de la fecha en que este documento fue publicado y/o remitido a la delegación del Gobierno, si es que se hizo.

Mismos datos pide en relación al comunicado de la directora General de Salud Pública, Calidad e Innovación Pilar Aparicio Azcárraga, que versaba sobre la celebración de reuniones durante la epidemia de Covid-19 en fecha de 6 de marzo, y sobre «cualquier otro documento que con anterioridad al 14 de marzo y haciendo referencia a concentraciones multitudinarias o a la conveniencia de mantener la distancia social en el marco de esta crisis sanitaria« haya difundido este departamento.

Además, pregunta al ministerio que dirige Salvador Illa «si le consta que se haya celebrado con anterioridad al 14 de marzo de 2020 una Comisión Interministerial de coordinación de la Administración Periférica del Estado (art.78 Ley 40/2015) en la que se tratara la crisis sanitaria derivada del COVID-19«.

No obstante, la juez también se dirige a la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid para que se informe del día en que fueron publicados en la página web oficial del Gobierno regional las medidas de prevención frente al coronavirus y hasta qué fecha fueron accesibles, así como acreditación documental de la fecha y el cauce por el que fueron comunicadas esas resoluciones con medidas a la Delegación del Gobierno en Madrid.
Isabel Vega
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Noticias Nacionales / Re:PSOE
« Último mensaje por Brotes en 24 horas »
Dimite el número dos de la Guardia Civil por la «injusta» destitución por el gobierno comunista ,del Coronel De los Cobos

El director adjunto operativo (DAO) de la Guardia Civil, Laurentino Ceña, ha presentado este martes su dimisión irrevocable ante el Ministerio del Interior al «estar en desacuerdo» con la «injusta» destitución del jefe de la Comandancia de Madrid, Diego Pérez de los Cobos, según fuentes del entorno del número dos de la Benemérita.

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, fulminó ayer a Pérez de los Cobos por no informar a sus superiores en el Ministerio sobre las manifestaciones celebradas durante la expansión de la pandemia del coronavirus, entre ellas la del 8-M por la igualdad. En la Guardia Civil han recibido con mucho malestar esta destitución, y prueba de ello es la dimisión de Ceña.

El número dos de la Guardia Civil, que cumplió 65 años hace unas semanas, no obstante tenía previsto abandonar su puesto a finales de mes, y de hecho los mandos policiales estaban trabajando en su relevo. Su salida estaba prevista y la retrasó para apoyar a la Guardia Civil en la lucha contra el Covid-19, informan fuentes de la dirección general de la Benemérita.


El teniente general participó en las ruedas de prensa que los técnicos ofrecían para informar de las actuaciones de la Guardia Civil durante el estado de alarma, y dio positivo en coronavirus. Durante las primeras semanas desde que se decretara el estado de alarma Ceña compareció ante la prensa junto al DAO de la a Policía Nacional, el comisario principal José Ángel González, y el JEMAD.

La juez que investiga la posible incidencia de la manifestación del 8-M en Madrid en la pandemia, Carmen Rodríguez-Medel, mantiene abiertas unas diligencias por las que encargó a la Guardia Civil que investigara cómo actuaron las autoridades sanitarias y la Delegación del Gobierno durante el origen de la pandemia, y ha citado a declarar como imputado el próximo 5 de junio al delegado del Gobierno en la Comunidad de Madrid, José Manuel Franco.

La polémica estalló ayer cuando trascendió la destitución del coronel Pérez de los Cobos por negarse a facilitar a sus superiores en el Ministerio del Interior el informe que le había solicitado la juez. Como notificó ayer Rodríguez-Medel en un oficio remitido a la Secretaría de Estado de Seguridad, ella dio la orden al mando policial de guardar «rigurosa reserva» sobre sus pesquisas, y está dispuesta a investigar las intromisiones de Marlaska si queda acreditado que el cese tiene que ver con este asunto.

Las principales asociaciones de guardias civiles y la oposición han cargado contra el ministro Marlaska por sus injerencias en la labor policial. El PP, por medio del número dos de Casado, Teodoro García Egea, ha afirmado que el Gobierno «ha demostrado que está más cerca de Bildu que de la Guardia Civil».
Cruz Morcillo
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Noticias Nacionales / Re:PSOE
« Último mensaje por Brotes en 24 horas »
El Gobierno  comunista de España cesa de forma fulminante al jefe de la Guardia Civil que investigaba el 8-M
26.05.2020.-

Efectivos del Coronel cesado, Diego Pérez de los Cobos habían remitido recientemente informes a a la juez que investiga cómo actuaron las autoridades sanitarias durante el origen del coronavirus

El Ministerio del Interior ha decidido destituir como responsable de la Comandancia de Madrid de la Guardia Civil al coronel Diego Pérez de los Cobos en medio de la polémica generada por el dispositivo de seguridad en Galapagar (Madrid), en el chalet del chavista Pablo Iglesias. La destitución se produce también cuando los efectivos de la Policía Judicial bajo las órdenes de este coronel estaban realizando gestiones sobre el papel del portavoz sanitario del Gobierno en la crisis del coronavirus, Fernando Simón, en las concentraciones del 8-M.

La juez Carmen Rodríguez Medel, titular del juzgado 51 de Madrid, tiene abiertas unas diligencias en las que ha encargado a la Guardia Civil que investigue cómo actuaron las autoridades sanitarias durante el origen de la pandemia. Y los efectivos de Pérez de los Cobos habían remitido recientemente a la juez informes sobre encuentros en los que habían estado el ministro Salvador Illa y el propio Simón. Entre esos informes, uno en el que se detallan reuniones de ambos con una comunidad evangélica para que no celebraran un congreso previsto para mediados de marzo ante el riesgo de contagios por el coronavirus. Esos encuentros se produjeron tres días antes del 8-M y otros informes también avalados por Simón sobre el visto bueno a todos los eventos del 8-M.

Los informes los emitieron los agentes de la Policía Judicial de la Guardia Civil a las órdenes de Pérez de los Cobos, de Tres Cantos. En el informe sí que habría un documento firmado por Simón días antes del 8-M, en el que desaconseja un evento de la Iglesia evangelista por riesgo de propagación del virus sobre la base de las alertas sanitarias de la OMS. Y otro informe posterior, también firmado por él, en el que no pondría pegas para la manifestación del 8-M.

La juez Rodriguez Medel encargó esta práctica de diligencias directamente a la Guardia Civil de Tres Cantos en vez de a la unidad adscrita de la Policía Nacional de los juzgados de Plaza de Castilla.

El Departamento de Interior dirigido por Fernando Grande-Marlaska argumenta la "pérdida de confianza" como motivo para el cese.

DESPLIEGUE EN GALAPAGAR
Por otro lado, además, durante la última semana, el despliegue de efectivos en la localidad madrileña de Galapagar ha sido muy importante. Incluso, se han destinado efectivos de los GRS. La presencia de media docena de vehículos del Instituto Armado alrededor de la vivienda de Iglesias y Montero ha generado, además, un importante malestar en el seno del Instituto Armado. Porque, como recuerdan, los miembros del Consejo de Ministros ya disponían de seguridad estática alrededor de la vivienda y, además, la seguridad habitual de su escolta.

Pero durante los últimos días, con el auge de las caceroladas, el blindaje del chalé ha sido "excesivo", según explican fuentes del Instituto Armado. Este blindaje, además, ha llevado el cierre de una calle completa en la urbanización, la que pasa por la puerta principal del chalé. Allí estaban acudiendo diariamente los vecinos que, sin detenerse y hacer una concentración, pasaban por la puerta haciendo sonar las cacerolas. A los dos días de las protestas se produjo el blindaje de la vivienda, y la manzana entera.

Desde el seno de la Guardia Civil el malestar creció. Y señalaron al coronel Diego Pérez de los Cobos, de quien depende la seguridad en esa zona de Madrid. Este coronel fue quien, a principios de marzo, cursó una serie de instrucciones para los agentes que se encargaban de la seguridad de la familia Iglesias-Montero. Y entre las medidas, evitar la colocación de banderas en la zona y tener un trato cuidadoso con las autoridades.

Pérez de los Cobos, con un largo historial profesional en la lucha contra el terrorismo, fue el mando encargado de dirigir el dispositivo en Cataluña contra el 1-O. El referéndum ilegal de Cataluña.
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