NOTICIAS > Noticias Nacionales
ANDALUCIA
Brotes:
El juez de los ERE impone a Mercasevilla el pago de 4,3 millones de fianza13.10.2021.-
El juez del caso de los ERE ha impuesto el pago de millonarias fianzas a los principales acusados en la pieza de Mercasevilla. Así, la lonja sevillana, como partícipe a título lucrativo y responsable civil subsidiario, tendrá que abonar 4,3 millones de euros, algo menos que el exdirector Fernando Mellet, el exsubdirector Daniel Ponce o el sindicalista Juan Lanzas, a quienes el instructor ha impuesto el pago de 4,8 millones de euros.
Así lo ha determinado el juez José Ignacio Vilaplana en el auto de apertura de juicio oral contra los once acusados por el ERE de Mercasevilla. Además de Mellet, Ponce o Lanzas, también se sentarán en el banquillo de los acusados Antonio Albarracín y Jesús María Bordallo, exdirectivos de la mediadora Vitalia; o el primer 'intruso' de los ERE, Antonio Garrido Santoyo. Hasta once acusados. También están en la causa Mercasevilla y las empresas Maginae Solutions y Hermes Consulting como responsables civiles subsidiarios.
En dicha resolución, con fecha de 8 de octubre y a la que ha tenido acceso este periódico, el requiere a los acusados para que en el plazo de un día presten, cada uno de ellos, fianza para asegurar las responsabilidades pecuniarias (multa, responsabilidad civil, costas) que pudieran declararse una vez juzgados y resultasen condenados.
El juez los apercibe de que, en caso de no abonar dichas cantidades, se les embargarán bienes de su propiedad para asegurar dicha suma. Mellet, Ponce y Lanzas tendrán que pagar 4,8 millones de euros; Albaracín y Bordallo, 4,3 millones de euros; Francisco José González, 4,4 millones de euros; el resto de los acusados tendrán que afrontar cantidades inferiores.
Mercasevilla, beneficiaria y perjudicada
De otro lado, Mercasevilla, como responsable civil subsidiaria y partícipe a título lucrativo, tendrá que prestar 4,3 millones de fianza. El juez precisa que la pretensión del Ministerio Fiscal de que se decrete la apertura de juicio oral contra Mercasevilla en calidad de partícipe a título lucrativo «debe tener acogida» teniendo en cuenta que, «a consecuencia de las ayudas ilícitas concedidas a Mercasevilla, ésta se habría visto clara y directamente beneficiada al obtener -injustamente- fondos con los que dar cumplimiento a sus obligaciones empresariales y laborales».
Además, el juez vuelve a aclarar, como ya hiciera en el auto de procesamiento, que Mercasevilla reúne la condición de responsable civil subsidiario respecto de los hechos delictivos presuntamente perpetrados por sus empleados, Mellet y Ponce. Y aunque está personada en la causa también como acusación, sólo puede formular acusación por las ilícitas disposiciones de dinero realizadas con fondos de la lonja para pagar a los 'conseguidores', especialmente a Juan Lanzas, a través de testaferros o facturas falsas.
La Fiscalía Anticorrupción, en esta causa, pide siete años de prisión y 18 de inhabilitación absoluta para el conseguidor del caso ERE, Juan Lanzas, y la misma pena para el que fuera director gerente de Mercasevilla desde 2002 hasta 2009, Fernando Mellet.
Los acusa de cometer supuestos delitos continuados de prevaricación, falsedad documental y malversación de caudales públicos. En esta pieza, pendiente de que la Audiencia Provincial de Sevilla ponga fecha al juicio, Daniel Ponce se enfrenta a seis años y medio de prisión y 18 años de inhabitación absoluta, la misma pena que solicita para Antonio José Albarracín.
Antonio Garrido Santoyo, exsecretario de Política Municipal del PSOE en Baeza (Jaén), al que su amigo Lanzas lo introdujo como 'intruso' en un ERE presentado por la empresa Mercasevilla con «la connivencia» de sus directivos., es considerado por la Fiscalía como cooperador necesario de un delito de malversación de caudales públicos y solicita para él dos años de prisión y cuatro de inhabilitación absoluta.
El «entramado societario» de Lanzas
Según Anticorrupción, «el acusado Juan Lanzas, en connivencia con los acusados Daniel Ponce y Fernando Mellet, con la finalidad de hacer suya la parte previamente concertada con estos por lograr la financiación por parte de la Consejería de Empleo de la casi totalidad del coste de las prejubilaciones, se sirvió de terceros como fue el acusado Francisco Algarín». Éste, que actuaba como presunto «hombre de paja» del conseguidor, «expidió y cobró facturas por servicios inexistentes a Mercasevilla por orden de Juan Lanzas y del acusado José Rodríguez, que no dudó en utilizar datos fiscales de sus clientes para confeccionar las facturas por servicios inexistentes».
Lanzas, como intermediario ante la Consejería de Empleo, ganaba billetes como «para asar una vaca» –según bromeó su madre– gracias a las suculentas comisiones que cobraba resolviendo los problemas de las empresas que necesitaban reducir sus plantillas.
Para llevar a cabo este plan, creó un «entramado societario» controlado por él mismo en torno a la empresa Maginae Solutions S.L., cuyo administrador único era un pariente suyo, su cuñado Ismael Sierra que, «sin realizar ninguna efectiva prestación de servicios ni entrega de bienes a Mercasevilla, le facturó por los importes que fue fueron recogidos en las declaraciones presentadas a la Agencia Tributaria», según expone en el escrito el Ministerio Público.
Lanzas logró como intermediario en los ERE de Mercasevilla de 2003 y 2007 un total de 492.655 euros. El dinero salía de la ayuda de 6,9 millones de euros con la que el Gobierno socialista de Manuel Chaves financió el ERE de Mercasevilla en 2007. Cuatro años antes, le había concedido a la lonja otra ayuda de 5,6 millones para sufragar más despidos.
En su escrito de acusación, la Junta de Andalucía pide para Lanzas. Mellet, Ponce, José María Bordallo y Francisco José González García, estos dos últimos excomerciales de Vitalia, la imposición de una fianza de responsabilidad civil de 4,21 millones de euros para indemnizar conjunta y solidiariamente a la Administración autonómica como perjudicada por el fraude.
J.Díaz.
Brotes:
Cárcel para el exconsejero socialista de Empleo y para el ex director general por el caso de los ERE14.01.2022.-
La Audiencia de Sevilla ha resuelto el juicio de esta pieza separada del caso de los ERE condenando a prisión a dos altos cargos del PSOE andaluz.
Una de las piezas separadas de la macro causa sobre los ERE fraudulentos que se concedieron durante los gobiernos de los socialistas Manuel Chaves y José Antonio Griñán en la Junta de Andalucía ya ha sido vista para sentencia. Se trata de la que corresponde a las subvenciones que recibió la empresa de Dos Hermanas Aceitunas y Conservas (Acyco).
La Sección Tercera de la Audiencia de Sevilla juzgó esta pieza del caso de los ERE entre septiembre y diciembre de 2020 y según afirma la sentencia de 332 páginas difundida por el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) se condena al exconsejero de Empleo, Antonio Fernández, como autor de un delito continuado de prevaricación y un delito de falsedad en documento oficial, ambos en concurso medial con un delito de malversación de caudales públicos, y le impone siete años y un día de prisión e inhabilitación absoluta durante 17 años y 15 días. Por contra, lo absuelve de un delito de tráfico de influencias.
El exconsejero de Manuel Chaves ya fue condenado a siete años, once meses y un día de prisión y 19 años, seis meses y un día de inhabilitación absoluta en la sentencia relativa al "procedimiento específico" mediante el cual eran canalizados los fondos para los ERE y ayudas investigadas.
También ha sido condenado el ex director general de Trabajo y Seguridad Social, Juan Márquez, como autor de un delito de prevaricación y un delito de falsedad en documento oficial, ambos en concurso medial con un delito de malversación, y le impone cuatro años y un día de cárcel y diez años y un día de inhabilitación absoluta; pesando ya sobre él una pena de siete años de cárcel y 18 años de inhabilitación por la citada sentencia del "procedimiento específico".
En la sentencia recogida por Europa Press se destaca que por otro lado la Audiencia de Sevilla ha absuelto al exviceconsejero de Empleo Agustín Barberá de delitos de prevaricación y falsedad; al ex director general de Trabajo Daniel Alberto Rivera de delitos de prevaricación, malversación y falsedad, y al ex director general de IFA-IDEA Miguel Ángel Serrano de los delitos de malversación y prevaricación de los que fueron acusados, declarando asimismo extinguida por fallecimiento la responsabilidad penal del ex director general de Trabajo Francisco Javier Guerrero y de otro encausado que fue incluido como 'intruso' en el ERE de Acyco, en concreto Andrés Carrasco Muñoz.
Otros condenados no pertenecientes a la Junta
La Audiencia de Sevilla ha condenado también a cinco años de cárcel y siete años de inhabilitación a la que fuera presidenta del consejo de administración de Acyco, Encarnación Poto; y al abogado José Miguel Caballero, como cooperadores necesarios de un delito continuado de prevaricación y un delito de falsedad en documento oficial en concurso medial con un delito continuado de malversación, mismos delitos por los que condena a tres años, seis meses y un día de prisión y a cinco años de inhabilitación absoluta al exdirector de Recursos Humanos y abogado de Acyco, Gabriel Barrero.
El director de la consultora Vitalia, Antonio Albarracín, también ha resultado condenado como cooperador necesario de un delito continuado de prevaricación en concurso medial, con un delito continuado de malversación de caudales públicos, a cuatro años de prisión y seis de inhabilitación absoluta. Mientras, el que fue consultor de Vitalia en Sevilla, Jesús Bordallo, es condenado como cooperador necesario de un delito de malversación de caudales públicos a dos años de cárcel y cinco de inhabilitación absoluta.
El exconsejero socialista Antonio Fernández tendrá que indemnizar solidariamente a la Junta de Andalucía, con los demás condenados, por una cuantía de 2.951.410,84 euros, cuantía igualmente impuesta a José Miguel Caballero y Gabriel Barrero; mientras esta responsabilidad civil se eleva a 3.033.625,84 euros en el caso de Encarnación Poto y Albarracín, y se reduce a 223.052,91 en el caso de Jesús Bordallo.
El tribunal declara como responsable civil subsidiario a la entidad DCOOP respecto de la indemnización a la Junta de Andalucía a la que han sido condenados Encarnación Poto y Gabriel Barrero; declarando responsable civil subsidiario al despacho profesional A&J Garrigues respecto de la indemnización a la Junta impuesta a José Miguel Caballero.
LD
Brotes:
UGT-A urge a los jueces para que dicten ya la sentencia del ex empleado que destapó la trama de las facturas falsas.24.03.2022.-
La Audiencia de Sevilla debe decidir sobre la condena a Roberto Macías por revelación de secretos.
La federación andaluza de UGT ha urgido a los magistrados de la Audiencia de Sevilla para que dicten ya sentencia sobre Roberto Macías, el ex trabajador del sindicato que destapó la presunta trama de las facturas falsas y fue condenado por revelación de secretos.
Macías fue condenado en mayo de 2020 por una juez de Sevilla a dos años de cárcel por revelación de secretos, tras desvelar información sobre el presunto amaño de facturas en el sindicato. El condenado trabajó en UGT-A cuatro años, entre 2008 y 2012, como administrativo en el área de compras del sindicato, un departamento clave en la supuesta trama urdida por la organización para desviar subvenciones millonarias.
La juez sustituta del Juzgado de lo Penal número 15 de Sevilla, Ana María León Gallego, falló contra Roberto Macías en una sentencia que fue recurrida ante la Audiencia de Sevilla. Y ahora, la Sección Séptima debe pronunciarse y confirmar la condena o decretar la absolución del ex trabajador del sindicato.
Dado el tiempo transcurrido, UGT-A ha presentado un escrito en la Sección Séptima en el que recuerda que la «deliberación» de los magistrados sobre este asunto se celebró el 12 de marzo de 2021. Y «a fecha de hoy, 16 de marzo de 2022, no ha sido notificada la sentencia que resuelve la apelación, habiendo transcurrido más de un año desde la fecha señalada para deliberación por la Sala», dice el escrito. Ante la tardanza en resolver, el sindicato pide a los magistrados que «se remuevan los obstáculos que existan en derecho y se le dé a los autos el impulso necesario y se notifique a las partes la sentencia dictada».
La asociación 'Alianza contra la corrupción' censuró este miércoles la estrategia de UGT-A, tratando de «apremiar» a la Sección Séptima para que haya una sentencia lo antes posible y así Roberto Macías no pueda beneficiarse de la ley nacional que pretende amparar y dar protección a los denunciantes de casos de corrupción.
En efecto, el 4 de marzo, el Consejo de Ministros presentó el anteproyecto de ley que regula la protección de las personas que informen sobre infracciones normativas y lucha contra la corrupción, como resultado de la transposición de una directiva comunitaria. La ministra de Justicia, Pilar Llop, explicó entonces que los informantes son las personas que comunican, «dentro de una organización pública o privada o a través de canales externos», infracciones en el ordenamiento jurídico interno o de la Unión Europea.
Por ello, «en breve, España contará con un régimen jurídico que en teoría garantizará la protección efectiva» de los denunciantes de casos de corrupción, indicó la asociación 'Alianza contra la corrupción', que ve en Roberto Macías un «caso paradigmático». De hecho, en su «largo proceso judicial ha solicitado poder acogerse a los beneficios» que establece la directiva europea sobre los también conocidos como whistleblowers y poder acabar así «con el calvario inhumano que le supuso revelar una caso grave y grosero de corrupción». Pero como la directiva europea todavía no forma parte de la legislación nacional, Macías no ha sido amparado por la misma.
Con el nuevo contexto del anteproyecto de ley que comienza a tramitarse a nivel nacional, la asociación 'Alianza contra la corrupción' ve en la petición de UGT a la Sección Séptima un «acto desesperado para impedir que su ex trabajador pueda acogerse a la nueva realidad jurídica que, poco a poco, se abre paso en España».
UNA "VENGANZA"
Se trata, según denuncian, de «una clara muestra de venganza y, también, pensando mal, la estrategia maquiavélica de una organización que, lejos de aprender de sus errores, se enroca en ellos, pretendiendo que la condena de Macías les sirva de herramienta para salir indemne del procedimiento penal contra su organización».
En efecto, la ex cúpula de UGT-A tendrá que sentarse en el banquillo por un presunto fraude que se eleva a 40.750.047,74 euros, al utilizar un sistema de presuntas facturas falsas pactadas con su proveedores y alquileres ficticios de aulas donde se impartían los cursos subvencionados por la Junta de Andalucía, como destapó EL MUNDO.
Quince personas, entre ellas el ex secretario general de UGT-A, Francisco Fernández Sevilla, y otros cuatro ex dirigentes del sindicato, serán juzgados por delitos de fraude de subvenciones y falsedad. El sindicato es el responsable civil subsidiario.
SILVIA MORENO
@silviamorenon
Brotes:
La crisis económica empuja a Juanma Moreno a convocar elecciones en junio.
La negativa de Vox a aprobarle los presupuestos de 2022 deja la legislatura en punto muerto.
Las elecciones en Andalucía pueden convertirse en la antesala de lo que sucederá en las próximas generales, con el centroderecha español en claro ascenso y una izquierda cada vez más desgastada. Si Castilla y León anticipó un posible vuelco a favor de PP y Vox, el sur de España puede acabar convirtiéndose en la catapulta definitiva que les aúpe a La Moncloa.
El presidente de la Junta, Juanma Moreno, se ha resistido hasta ahora a adelantar las elecciones para no tener que desprenderse de Cs, con Juan Marín al frente, por tratarse de un socio muy cómodo que apenas interfiere en sus decisiones y da estabilidad al gobierno. Se da por hecho que, tras la cita con las urnas, el PP gobernará con Vox, con el que mantiene más discrepancias en temas como la ideología de género o la memoria histórica.
Los de Abascal llevan un año pidiendo que se convoquen elecciones al entender que el actual Parlamento autonómico no refleja el sentir de los ciudadanos. Con ese objetivo, el partido retiró su apoyo al gobierno de PP y Cs para sacar adelante los presupuestos de 2022, lo que en la práctica ha supuesto bloquear una legislatura ya agotada a la que apenas resta ya poner fecha de defunción.
Conscientes de ello, en el PP llevan tiempo haciendo cábalas para fijar la próxima cita con las urnas que, dan por hecho, serán el mes de junio para dar margen al futuro presidente a formar gobierno y negociar unos nuevos Presupuestos antes del verano. Una ventaja que se disiparía si los comicios se celebran en octubre como era la intención inicial de Juanma Moreno. Sin embargo, la crisis económica y la falta de unas cuentas públicas, habrían precipitado los acontecimientos.
Las cábalas de Juanma Moreno
Entre las fechas que manejan los andaluces para los comicios están los domingos 12, 19 y 26 de junio. La Ley Electoral andaluza establece que las elecciones deben convocarse 54 días antes de los comicios, momento en el que queda disuelto el Parlamento. Para cuadrarlas en domingo, Moreno debe convocar un martes, en este caso el 19 de abril, justo después de Semana; o bien el martes 26 de abril o, en último caso, el 3 de mayo, aunque cargos de la Junta consideran que esta opción sería "algo tarde" al situar la convocatoria electoral a las puertas del verano.
Sin embargo, algunos en la Junta apuestan por esa última fecha ya que permitiría al presidente andaluz celebrar un último Pleno a finales de abril en el que se debatiría la Ley de Economía Circular, una de las medidas estrella del gobierno, y el informe sobre la Comisión de Investigación del escándalo de la Faffe que salpica a la mujer de líder del PSOE, Juan Espadas.
Los tecnócratas del Ejecutivo andaluz han empujado a Moreno a decidirse por el mes de junio ante la necesidad de contar con unos nuevos Presupuestos que permitan afrontar la difícil situación que se avecina. Por eso, en los últimos días, los cargos del gobierno han ido cambiando su discurso y hablan de que las elecciones se celebrarán en junio, en lugar de en otoño, como defendían hasta ahora.
Semana Santa de reflexión
Entre ellos, el propio presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, que este viernes decía que "tanto el consejero de Economía, como el de Hacienda de la Junta, me recuerdan todos los días que con una inflación de dos dígitos, y con un empobrecimiento de las familias, es muy importante ir con un presupuesto al 2023, y eso supondría constituir el Gobierno en verano, y que el Gobierno que salga de las urnas tenga tiempo suficiente, de septiembre a diciembre, para hacer unos presupuestos".
Por ello, según concluyó Juanma Moreno, "esta Semana Santa y la siguiente voy a dar una vuelta y voy a hablar con personas", para "preguntarles qué es que consideran ellos también qué puede ser mejor para Andalucía".
En la decisión pesarán también las posibilidades de su adversario, Vox, que está muy fuerte en las encuestas. Algunas le dan hasta 22 diputados a pesar de no haber designado todavía un candidato oficial que ejerce, de manera oficiosa, la diputada nacional Macarena Olona, asistida en Andalucía por el portavoz parlamentario, Manuel Gavira. Su designación podría hacer disparar aún más las expectativas de voto del partido que, en cualquier caso, será imprescindible para formar gobierno.
Miriam Muro Maite Loureiro.
Brotes:
Griñán y la buena conciencia29.11.2022.-
José Antonio Griñán, uno de cuyos tíos fue miembro del Tribunal que condenó a José Antonio Primo de Rivera a la pena de muerte en uno de los procesos más escandalosos y miserables de la historia de España, sigue dando muestras de tener buena conciencia –lo de la mala conciencia y su examen no parece ser cosa de socialistas—, y de considerar que todo su caso no es más que una inquina judicial y partidista de las derechas contra su persona.
Griñán, quien recuerda a aquel tío suyo en su reciente libro, no menciona siquiera, dada su finísima amnesia profunda, que el instructor de aquel caso fue un un amigo de Indalecio Prieto que quería controlar el proceso por si podía haber cambio de "cromos" y adquirir ventaja sobre Largo Caballero (que tenía un hijo en manos de las tropas franquistas).
Por si fuera poco, la pantomima del jurado popular fue de tal guisa que sólo estaba compuesto por militantes de izquierdas. Tan obvia fue la patraña que hasta algunos de sus miembros dudaron de que el procesado fuese culpable de algo relacionado con el alzamiento del 18 de junio de 1936 porque estaba encarcelado desde mucho antes. Pero se impuso el matonismo y la malversación intencionada de la justicia.
Pero en su caso, el de los ERE, ha habido una larguísima instrucción desde hace doce años, con cuatro jueces instructores diferentes. Acusaron a Mercedes Alaya de ser afín al PP, cosa incierta. Acusaron a la juez María Núñez Bolaños de simpatía hacia el PSOE, pero no tocó la pieza matriz del caso ERE. No sé si acusan al juez Álvaro Martín, que terminó la instrucción, de ser de la derecha profunda.
Tampoco si al juez de refuerzo actual, José Ignacio Vilaplana, encargado de los macrocasos de corrupción pendientes, lo señalan como derechoso. Entre todos ellos, se cerró una instrucción con unas conclusiones penales. Que todo fuera debido a una campaña de derribo personal hacia él, parece demasiado soberbio, incluso para alguien como Griñán.
Antes del juicio, el Parlamento andaluz, siendo él mismo presidente de la Junta, aprobó tras rechazar varias propuestas anteriores una comisión de investigación que finalizó el 28 de noviembre de 2012. El PSOE sólo demandó responsabilidades políticas al director general de Empleo, Francisco Javier Guerrero Benítez; IU, a los exconsejeros Antonio Fernández García y José Antonio Viera; mientras el PP elevaba la culpabilidad hasta la cima de la Junta de Andalucía, en las figuras de los presidentes autonómicos Manuel Chaves y José Antonio Griñán. Esto es, salvo su partido, nadie lo encontró inocente.
Posteriormente, se celebró un sonado juicio en el que la sala de la Audiencia de Sevilla que lidió con el procedimiento lo hizo por razones de competencia y derecho, no por razones políticas. Fueron los fiscales de la Fiscalía Anticorrupción, cuyos superiores jerárquicos eran y aún son filosocialistas, los que desde el primer momento tuvieron clarísima su culpabilidad y la del nutrido grupo de altos cargos que están a punto de entrar en la cárcel, aunque podría ser que pasaran los Reyes Magos y nadie hubiera cruzado las puertas de una cárcel.
Tampoco se acuerda José Antonio Griñán de que la Junta de Andalucía, que presidía Susana Díaz por entonces, fue acusación particular en la instrucción del caso. Tampoco parece recordar que durante el juicio, que comenzó un 5 de diciembre de 2017, fue nombrada por Pedro Sánchez Fiscal General del Estado la hasta entonces fiscal jefe de Sevilla y responsable del caso ERE, María José Segarra, y que desde entonces hasta ahora, con breves interregnos de pocos meses, la Fiscalía General del Estado y la Fiscalía de Sevilla han estado en manos de socialistas, filosocialistas o simpatizantes destacados de la izquierda.
Los peritos judiciales del Estado dejaron claro y corroboraron las tesis de la Fiscalía convenciendo al Tribunal de que lo ocurrido fue consecuencia de comportamientos delictivos. Lo mismo vio en su día el Tribunal Supremo tras haber sopesado los recursos que se elevaron a su instancia superior.
Puede entenderse que su familia haya solicitado el indulto, pero sigo sin entender su inconsecuencia personal y su falta de entereza. Una vez reconocida la responsabilidad política por el quebranto de los fondos públicos, fondos que fueron a parar a amiguetes varios del PSOE, ¿qué razón ética hay para no admitir la sentencia firme del Supremo? ¿Cómo que no se llevaron un euro? ¿Es que su comportamiento no merece una pena? ¿En qué se diferencia el ciudadano Griñán de otros y otras que sufren penas de cárcel por delitos mucho menos graves y no siempre relacionados con el dinero público?
Que ilustres personalidades hayan pedido el indulto para el "honrado" Griñán apuntillando el prestigio del Tribunal Supremo y la defensa de los millones de andaluces excluidos de las ayudas del caso ERE, es de vergüenza ajena. Que en esa petición se olvidaran de todos los demás condenados sobre los que Griñán tenía autoridad política, es de una mezquindad memorable. Que entre todos ellos estén dispuestos a cargarse el Estado de Derecho para salvar el culo, es sencillamente una bajeza que demuestra, de nuevo, que el socialismo español sigue sin aceptar la igualdad ante la ley que exige la democracia. Griñán es mucho más igual que otros.
Pedro de Tena.
Navegación
[*] Página Anterior
Ir a la versión completa