“EVO MORALES Y EL NARCOTRAFICO”
28.05.18.-
EL PUENTE AÉREO DE LA COCAÍNAEn 2016, una tragedia llevó al descubrimiento de nuevos nexos que reforzaron la
relación criminal entre los gobiernos de Venezuela y Bolivia. A las 23:15 del 28 de
noviembre, el jet de fabricación británica Avro RJ85 perteneciente a la compañía
boliviana LaMia cayó a unos kilómetros del aeropuerto de Medellín. La aeronave,
que transportaba al equipo de fútbol de Chapecoense, no consiguió llegar al destino
final debido a que hubo una falta de combustible. El avión había despegado de
Santa Cruz de la Sierra con la capacidad máxima de combustible, que le permitía
llegar al destino final, pero sin ningún margen de seguridad, como mandan las
normas internacionales de seguridad de vuelo. Se cree que para hacer economía o
para minimizar el atraso del viaje (el vuelo había partido dos horas después del
horario previsto), el piloto Miguel Quiroga Murakami decidió no hacer una parada
técnica.
La estrategia irresponsable de Quiroga, que también era administrador de la
empresa, resultó en la muerte de 71 personas. Debido a las condiciones extrañas que
llevaran a la caída del avión y al deceso de un equipo de fútbol que ha sido
prácticamente eliminado, en la víspera de disputar una final Latino Americana,
hubo un gran revuelo en todo el mundo.
El gobierno de Evo Morales comenzó un proceso de cacería de brujas como una
manera de eximirse de la responsabilidad de haber aprobado el plan de vuelo
inapropiado y han dado a conocer del despegue de una aeronave que no cumplía
con las normas de seguridad y los requisitos mínimos exigidos para esa operación.
Las autoridades aeronáuticas bolivianas inmediatamente indicaron que la
responsabilidad sería atribuida a Celia Castedo Monasterio, la funcionaria de la
Administración de Aeropuertos y Servicios Auxiliares a la Navegación Aérea
(AASANA), que procesó el plan de vuelo. En el momento en que se utilizó para
encubrir las fallas del sistema aéreo de su país, Celia Castedo huyó a Brasil, donde
presentó una solicitud de refugio. En una carta pública dijo que sus jefes en la
AASANA la presionaron para cambiar sus informes con el fin de omitir la
responsabilidad de la agencia estatal. La actitud del gobierno de Evo Morales hacia
la funcionaria sirvió de ejemplo para los demás involucrados.
El socio de Lamia, Marco Antonio Rocha, que estaba en Europa en el día en que el
avión se estrelló, se dio cuenta de que el gobierno de su país no lo apoyaría.
Después de acompañar las operaciones de rescate en Colombia, Rocha tomó la
decisión de exiliarse. Se ocultó en Paraguay por algunas semanas y de allí partió a
Estados Unidos, donde pidió refugio.
Él estaba convencido de que el gobierno boliviano usaría el accidente como pretexto
para hacer una "quema de archivo". El ex mayor de la Fuerza Aérea Boliviana,
Rocha creía que los conocimientos de las operaciones de narcotráfico realizadas con
amparo oficial de los gobiernos de su país, de Venezuela y de Cuba eran su "seguro
de vida". Pero con la caída del avión, supo que la información que poseía no servía
para su protección, pero podrían representar su sentencia de muerte, o mínimo ir a
prisión.
Una semana antes de la Navidad de 2016, Rocha desembarcó en Miami. Pocos días
después, consiguió que un familiar retirara de Bolivia las pruebas que darían soporte
a la denuncia que presentó a los fiscales federales estadounidenses. En el marco de
una serie de planes de vuelo y otros papeles oficiales, reveló que, al menos diez
veces, fue escalado para pilotar aviones como el BAE (idéntico al Avro que cayó en
Medellín) o el Boeing 727-200 entre Bolivia y Venezuela. Y por tres veces viajó a
Cuba, con escala en Venezuela.
Los aviones empleados en las operaciones, aunque se destinaran al transporte de
pasajeros y cargas, no tenían pasajes disponibles al público.
Los asientos estaban destinados sólo a los funcionarios bolivianos, venezolanos e
iraníes, que transportaban lo que podían en sus equipajes, que no pasaban por
ningún tipo de inspección.
Del total descontrol del contenido de las maletas personales, no había ningún tipo
de registro de la lista de pasajeros. Rocha afirmó que jamás fue entregada o
presentada a las autoridades aeroportuarias de su país o de los países de destino la
relación de quien se había embarcado en la aeronave.
El militar reveló a la DEA que el principal motivo de los vuelos, sin embargo, era el
transporte de maletas diplomáticas con destino a Caracas y La Habana. Él estima
que en cada uno de los viajes realizados se enviaron más de 500 kilos de carga por
parte de las embajadas de los dos países en La Paz. El cargamento siempre llegaba
pocos minutos antes de que el vuelo despegue. Militares cubanos y venezolanos
aparecían en un camión al lado del avión y ellos mismos realizaban el embarque de
la carga. A nosotros, bolivianos, no nos era permitido ni siquiera acompañar la
operación ", dijo Rocha.
El delator explicó que los vuelos, así como partieron de bases militares bolivianas,
también aterrizaban sólo en instalaciones militares en los países de destino. Por el
mayor tiempo en que trabajó haciendo transporte, las "bolsas diplomáticas" fueron
entregadas en la base militar El Libertador, ubicada a 120 kilómetros de Caracas.
Toda la coordinación de desembarque era comandada por tropas chavistas. "Los
militares venezolanos descargaban el material en camiones militares y lo
transportaban a un lugar desconocido. Mientras los subalternos hacían el trabajo
pesado, un oficial coordinaba el abastecimiento del vuelo y entregaba a cada uno de
nosotros 600 dólares, a título de jornal. Rocha dijo que además de los pagos
individuales, los venezolanos también entregaban un paquete de 30 mil dólares, que
debía entregarse a sus superiores, para cubrir los gastos del vuelo.
- Confieso que por un momento fue muy conveniente hacer ese servicio. Imagínese para
un militar que gana menos de 1.000 dólares de salario recibir lo que recibimos por
apenas unas horas de vuelo, dijo Rocha. Sigue...