02.06.2026.-

Se auguran tres semanas de dura confrontación. Mientras la derecha anuncia que irá unida, Petro agita el fantasma del fraude para conseguir el voto de los indecisos. El candidato izquierdista le ha desautorizado, aceptando los resultados

Eran las cinco de la tarde cuando se hizo evidente que la primera vuelta de la elección presidencial colombiana estaría llena de sorpresas. Pero ninguna de las esperadas por los electores o los candidatos. El domingo, que transcurrió en calma y con buena participación ciudadana en los 13.489 puestos de votación instalados, en horas de la noche se transformó en otro animal electoral, con una vida propia cargada de reacciones inesperadas que impactaron a todos los colombianos, independientemente de sus afiliaciones políticas.

La primera gran sorpresa, al caer la tarde, la tendencia ganadora de Abelardo de la Espriella, del movimiento radical Defensores de la Patria, quien cerró esta primera vuelta presidencial con una votación de 10.3 millones de votos (43.7%), superando al candidato del gobernante Pacto Histórico. El 'outsider', que para los analistas supo aprovechar las redes sociales con narraciones efectistas de inteligencia artificial y así despertar un sentimiento patriótico que recoge el desencanto con los políticos tradicionales y radicaliza a una derecha que parecía débil y avejentada, se convierte en el candidato más votado en la historia de las primeras vueltas presidenciales en Colombia, posicionándolo como líder para la definitiva del próximo 21 de junio.

Y aquí está la segunda sorpresa, la misma que desató el lado incendiario del presidente Petro: Iván Cepeda no solo no fue el gran ganador de la jornada ni logró quedarse con la Presidencia en esta primera vuelta, como lo soñaba, sino que obtuvo el 40.9% de la votación (9.6 millones de votos), perdiendo el halo triunfal que lo había acompañado en estas últimas semanas y encuestas.

Si bien el Pacto Histórico aumentó la votación en el orden de un millón de votos, frente a los 8.5 millones logrados por Petro en 2022, perdió algunos departamentos que se daba por descontado apoyarían a la izquierda, entre ellos Arauca, fronterizo con Venezuela y con gran influencia sindicalista y acosado por la violencia guerrillera; el área del Catatumbo y Norte de Santander, donde está el principal foco de violencia de grupos armados y disputas de rentas del narcotráfico, por citar dos casos. Cerrado el conteo, el Pacto Histórico ganó en 16 departamentos y Bogotá, mientras que Defensores de la Patria obtuvo 15.

La tercera gran sorpresa: la derrota del uribismo, que el propio expresidente Álvaro Uribe Vélez aceptó desde muy temprano, cuando se supo que su candidata, Paloma Valencia, no solo estaba de tercera, sino que retrocedió significativamente en la votación con 1.6 millones de votos, cifra reducida en más de un 50% frente a la que obtuvo individualmente al ganarse la Gran Consulta entre los partidos de centro derecha y derecha del país. El trago amargo se toma rápido y ella esperó mucho para salir a reconocer la derrota y a unirse a De la Espriella, bajo el principio de hacer lo que sea electoralmente posible para derrotar a la izquierda y la llegada de Cepeda al poder.

Paloma se sube al tigre

«Anuncio mi apoyo al doctor Abelardo de la Espriella e invito a que derrotemos a Cepeda, a que el neocomunismo que impera en este país no continúe, a que estemos firmes al lado de las ideas, de la libertad, del progreso, de la iniciativa privada y, por supuesto, del cuidado de los más pobres», dijo Valencia. Y con un tono agresivo que contrastó con el de su líder político, afirmó que seguirá «en esta batalla para derrotar a Iván Cepeda y a su proyecto destructivo aliado con la criminalidad, con la corrupción y con lo peor para Colombia», con lo cual se espera que buena parte de ese caudal electoral se deslice hacia 'El tigre', como se conoce a De la Espriella.

Pero nada de lo sucedido hasta ese momento anunciaba la sorpresa de las ocho de la noche cuando Gustavo Petro publicó un tuit afirmando que «como presidente no acepto los resultados del preconteo», argumentando manipulación del software y un aumento en el censo electoral del orden de ochocientos mil votos, por lo cual solo aceptará los resultados de «las comisiones escrutadoras dirigidas por los jueces de la República».

Desde ese momento y durante toda la mañana del lunes, el Registrador Hernán Penagos tuvo las horas más ocupadas repitiendo una y otra vez que las afirmaciones del presidente son infundadas, que el relato del proceso electoral que presenta no existe, y que efectivamente el resultado oficial es el de las actas de los jueces. En esta oportunidad, dijo, más de 2.6 millones de colombianos participaron, y en declaraciones a Caracol Radio, afirmó que «el censo electoral en Colombia se cerró desde el pasado 30 de abril, ¿cómo puede haber inclusión de cédulas en un censo electoral que inclusive se entrega a las campañas?». Y frente a los señalamientos de manipulación del software, añadió: «Se habla de software de escrutinio y software de conteo que no maneja cédulas de ciudadanía. En esos software no hay números ni cédulas de ciudadanía. Solo se utilizan para consolidar la información que llega de las mesas de votación».

Además del desconcierto general por las acusaciones de Petro, que contrastan con los datos de la mayor participación ciudadana en 24 años y fueran rechazadas tanto por políticos, como senadores de centro izquierda y de derecha, gremios y autoridades departamentales, la seguidilla de declaraciones por parte de los dos candidatos ganadores terminó de asustar a una Colombia que confía en el sistema electoral que ha probado repetidamente su eficiencia y manejo, el mismo que avaló la elección de Petro en 2022 y que el lunes fue celebrado por los delegados de la Unión Europea y de diversas misiones de observación.

Tres semanas peligrosas

Pero el manto de duda arrojado desde la Casa de Nariño no fue rechazado inicialmente por el candidato del Pacto Histórico, quien recibía así una herida de fuego amigo. Mientras el país esperaba las palabras sosegadas del candidato, lo que apareció fue un Cepeda beligerante, alineado con el presidente: «Existe información e indicios sobre un número indeterminado de mesas que estamos verificando con nuestro mecanismo de seguridad y observación electoral de cuántas se trata exactamente, en la cual se ha presentado, según los primeros informes, votaciones atípicas». Horas más tarde, el candidato oficialista reculó y aceptó los resultados: «No hay irregularidades de dimensiones suficientes para hablar de fraude», señaló.

Ya vestido de segunda vuelta, Cepeda hizo un listado de las agresiones históricas recibidas por esa colectividad y empezó a mover con miedo a las bases del electorado: «El señor De la Espriella representa el fascismo mafioso», dijo, y vaticinó que «los alcances, avances y logros en materia social de nuestro Gobierno bajo un eventual mandato del señor De la Espriella serán pulverizados: no salario vital, no reforma agraria, no apoyo a la educación pública y a la matrícula 0, no más apoyo a la juventud; apoyo simple y llanamente a los círculos más descompuestos y más poderosos desde el punto de vista económico de la sociedad colombiana». Este es un nuevo escenario para la izquierda sorprendida, pues ya no hay confrontación con una figura conocida, como Uribe Vélez, sino con un contrincante tan volátil y vocal como Petro, que además está empoderado.

Canibalismo extremo
Desde Barranquilla, sin dejar el show que lo ha caracterizado y arribando al malecón a bordo de un planchón con pantalla gigante y vidrio blindado, De la Espriella recogió el guante. «Vamos a defender la democracia por la razón o por la fuerza», dijo en un discurso triunfante muy agresivo también, en el que no ahorró adjetivos contra Cepeda. Refiriéndose al presidente señaló: «Como lo ha advertido desde hace años, quiere perpetuarse en el poder, desconociendo la libertad del pueblo colombiano. Por eso, invita a romper las normas electorales y él lo hace todo el tiempo. Quiere hacerle campaña a su marioneta, el impedido de Cepeda». Y en un giro, no sin drama, afirmó: «Yo estaré al frente de esta batalla, para defender nuestra democracia y hacerme matar por Colombia, si es necesario».

¿Qué cabe esperar en estas tres semanas, además del debate que ya casaron los dos candidatos?

Para el analista Gabriel Silva, «las próximas tres semanas en la política colombiana serán de un canibalismo extremo que no se veía desde las guerras entre liberales y conservadores en los años cincuenta. Petro y todo su Gobierno harán cualquier cosa, incluso comprometer la institucionalidad, para ganar. La izquierda colombiana ha demostrado una deslealtad sin límite con esa misma democracia que los llevó al poder. Por su parte la derecha tratará de camuflar su propuesta de populismo autoritario con el ropaje de redentores y héroes de la institucionalidad. El dilema del diablo para la democracia colombiana».
Poly Martínez

28.05.2026.-

Cuando el relato del progreso se convierte en la mejor coartada para privatizar el Estado y administrar los mecanismos del privilegio.

Hay escándalos que no solo comprometen a quien los protagoniza, sino que retratan una época. El caso que afecta al entorno de José Luis Rodríguez Zapatero pertenece a esa categoría incómoda: la de los episodios que, más allá de sus derivadas judiciales, revelan una forma de entender el poder en la que la influencia se convierte en negocio y la moral pública en coartada. La UDEF habría localizado contratos con Huawei y otros documentos en el registro de la empresa de las hijas del expresidente, dentro de una investigación que ya no interpela solo a una familia, sino a todo un modo de reproducción de las élites políticas españolas.

La izquierda institucional ha cultivado durante décadas una superioridad moral casi litúrgica. Ha querido presentarse como la conciencia ética del país, como la reserva de lo público frente a la codicia ajena, como el dique que separa la política de la corrupción. Pero el poder, cuando se prolonga y se normaliza, acaba produciendo otra cosa: Redes, accesos, intermediarios y zonas grises donde la virtud proclamada convive con la renta relacional. Lo que el caso Zapatero pone sobre la mesa no es solo una sospecha judicial, sino una forma de decadencia política, la conversión del capital simbólico en capital privado.

La vieja élite y el capitalismo de acceso

Vilfredo Pareto sostenía que las élites no desaparecen; se sustituyen mediante una circulación constante. Gaetano Mosca recordaba que toda sociedad está regida por una minoría organizada. Ambas ideas ayudan a entender lo que vemos aquí, pero se quedan cortas si no añadimos un matiz contemporáneo. La élite postpolítica ya no se limita a mandar, sino que aprende a monetizar su posición. Ya no busca solo conservar el poder; busca transformar el prestigio en acceso y el acceso en influencia pagada. Cierta izquierda institucional parece haber sustituido la vieja aspiración de nacionalizar los medios de producción por la sutil tentación de privatizar los medios de acceso al Estado. Eso es lo que vuelve especialmente corrosivo este escenario.

No hablamos solo de una supuesta trama o de una derivada judicial concreta. Hablamos de una forma de privatización de la influencia en la que el apellido, la agenda, la red de contactos y la biografía pública se convierten en instrumentos de mediación con un valor económico preciso. En este ecosistema postideológico, la frontera entre representación y negocio se diluye. Y cuando esa frontera se diluye, la democracia empieza a parecerse menos a un régimen de ciudadanos que a un mercado de intermediarios. Ese marco no explica por sí solo el caso, pero sí ayuda a entender por qué estos episodios no son anomalías sino síntomas.

Progreso, relato y negocio

La gran habilidad de ciertas izquierdas ha consistido en revestir de progreso lo que, en términos de estructura de poder, no deja de ser una operación oligárquica de baja visibilidad. Hablan de modernidad, de derechos y de apertura, pero al mismo tiempo operan con una lógica de red muy parecida a la de cualquier casta bien asentada, protección mutua, circulación de favores, acceso privilegiado y legitimidad simbólica heredada. El problema no es solo que eso exista; el problema es que durante años se haya presentado como superioridad moral e ideológica.

Ahí aparece la verdadera decadencia de la socialdemocracia europea, cuando la defensa de lo público deja de ser un compromiso real y pasa a funcionar como estilo, como marca, como mero lenguaje de prestigio. Una cosa es gobernar; otra, muy distinta, es convertir el poder en una infraestructura de influencia que puede ser explotada por familiares, allegados o entornos empresariales. Esa mutación no es anecdótica. Es el síntoma de una clase política que ha aprendido a vivir del relato del bien común mientras administra, en paralelo, los mecanismos más antiguos del privilegio.

La radiografía de una época

La documentación aparecida en el registro apunta a un entramado donde confluyen contratos, relaciones empresariales y vínculos con grandes actores tecnológicos extranjeros. El dato relevante no es solo la mención a Huawei o a otras sociedades vinculadas a la investigación, sino la imagen que todo ello proyecta: La de una red en la que las conexiones políticas se traducen en oportunidad económica y la cercanía al poder funciona como activo. Eso es exactamente lo que debería inquietarnos, incluso más allá del resultado judicial final.

Porque el problema de fondo no es únicamente si hubo o no hubo ilegalidad en cada tramo de la trama. El problema es que demasiadas élites españolas han convertido la política en una zona de paso hacia la consultoría, la intermediación y la renta privada. Y cuando eso ocurre, la vieja promesa democrática se debilita, el ciudadano deja de percibir a sus representantes como servidores del interés general y empieza a verlos como administradores de una red endogámica que vive de sí misma.

Quizá el verdadero problema no sea determinar hasta dónde alcanzan las responsabilidades concretas de un caso penal. El desafío es asumir que nuestras élites han aprendido a convertir el prestigio en acceso, y el acceso en renta. Se cumple así la implacable ley de hierro de la oligarquía de Robert Michels: La organización nacida para servir a una causa termina convertida en un fin en sí misma para proteger los privilegios de su cúpula. La pregunta crucial no es qué descubriremos sobre el entorno de Zapatero, sino qué clase de régimen estamos normalizando cuando el poder político empieza a generar herederos, intermediarios y tarifas.
Saude Pavón @SaudePavon saudepavona@substack.com

22.05.2026.-

La pérdida de la mayoría absoluta del PP revela los límites de un modelo andaluz basado, en heredar las inercias del PSOE y gobernarlas con mejores modales.

Las urnas andaluzas han dejado algo más que un reparto de escaños. Han dejado, sobre todo, una intuición incómoda: que la moderación, cuando se convierte en el principio rector de todo, deja de ser virtud y empieza a parecer una forma elegante de despolitización. Juanma Moreno sigue siendo el gran ganador del mapa autonómico, pero la pérdida de la mayoría absoluta, al quedarse en 53 diputados, no es una catástrofe aritmética, sino una advertencia histórica. Y las advertencias, en alta política, suelen ser más reveladoras que las victorias.

Durante años se ha vendido la idea de que Andalucía había encontrado por fin su fórmula de sosiego definitivo a través de una administración amable y una renuncia programática al conflicto. Frente a la crispación nacional, Andalucía ofrecía calma; frente al ruido de trincheras, gestión; frente a la batalla ideológica, eficiencia. La conclusión implícita era simple: la política de las convicciones había terminado y el nuevo tiempo pertenecía a los gestores, no a los combatientes. El problema de ese relato es que confundía la tregua con la resolución. La tregua suspende el conflicto; no lo disuelve. Lo aplaza, lo maquilla, lo administra, pero no lo resuelve. El oasis andaluz no era un destino histórico, sino un paréntesis incapaz de borrar las fracturas de una sociedad compleja, golpeada en su sector primario y afectada por dilemas culturales que no desaparecen porque el poder decida gestionarlos con mejores modales.

La gestión como anestesia

Conviene decirlo con claridad. El resultado del Partido Popular en Andalucía no prueba la consolidación de un proyecto de futuro, sino el inicio de un desgaste estructural. Cuando la gestión se convierte en la única gramática del poder, este modelo desactiva temporalmente a los adversarios, pero oculta una debilidad estratégica fatal: deja de producir relato. Una fuerza política que solo se presenta como administración razonable termina dependiendo en exceso de la fatiga ajena. Gana mientras los demás fracasan, pero no moviliza a la comunidad en torno a un propósito elevado.

Juanma Moreno ha encarnado con notable habilidad esta política de la suavidad a través de una sobriedad aséptica que muchos interpretaron como garantía de sensatez frente al delirio nacional. Pero la pregunta relevante hoy es ¿Cuánto tiempo puede sostenerse una hegemonía basada exclusivamente en parecer razonable antes de que esa misma actitud sea percibida como parálisis conservadora? La política no es una oficina de administración del disgusto. Cuando el poder reduce la acción pública a la calidad del formulario o al rendimiento de la obra, puede ganar tranquilidad parlamentaria, pero pierde densidad civilizatoria. Y cuando esa densidad desaparece, el sistema entero se vuelve frágil, aunque sus portavoces sigan insistiendo en que todo está bajo control.

El campo y la realidad
Ahí reside el verdadero límite del modelo andaluz: en haber querido sustituir el conflicto natural de las sociedades libres por una pedagogía de la normalización. El proyecto de San Telmo no consistía en dar la batalla cultural para desmontar el entramado ideológico heredado del PSOE; consistía, mucho más pragmáticamente, en heredarlo y gestionarlo con mejores modales. Se trataba de convertir la región en un escenario donde las divisiones fueran reemplazadas por una administración amable del día a día.

Pero basta salir de los despachos sevillanos para comprobar que ese espejismo tiene pies de barro. En las comarcas agrarias de Jaén o Córdoba, el lenguaje de la simplificación administrativa choca con una realidad material asfixiante. El agricultor andaluz percibe una pinza burocrática. Por un lado, las restricciones verdes que llegan desde Bruselas; por otro, la inacción de un gobierno autonómico que prefiere adaptarse a los consensos climáticos del momento antes que plantar cara para defender las infraestructuras hídricas que el campo necesita con urgencia. Cuando el productor de aceite contempla cómo el precio en origen en torno a 6 u 8 euros resulta insuficiente para cubrir unos costes disparados por exigencias fitosanitarias, la retórica se desmorona. El campo no pide eslóganes. Pide agua, previsibilidad y capacidad de producir sin ser tratado como un residuo del pasado.

El subsuelo político
En este escenario de desgaste centrista, Vox conserva un papel que la prensa oficialista ha intentado caricaturizar de forma sistemática. Sus 15 escaños no son un accidente, sino la prueba de que existe un subsuelo político que se resiste a ser absorbido por la gramática de la normalidad bienpensante, representando la voluntad de nombrar el conflicto en lugar de amortiguarlo. Cuando el centroderecha intenta competir en el terreno simbólico de su adversario sin ofrecer una alternativa propia, y se limita a mimetizarse con los consensos climáticos y las estructuras clientelares heredadas por mero cálculo, puede obtener una recompensa coyuntural, pero acaba volviéndose políticamente intercambiable.

Por el contrario, el panorama del PSOE andaluz revela una patología diferente pero igualmente sintomática. El socialismo del sur, que durante décadas operó como una auténtica institución entrelazada con el tejido antropológico de la región, hoy sobrevive como vestigio arqueológico.
El PSOE andaluz ha sido fagocitado por las necesidades estratégicas del sanchismo nacional, convirtiéndose en una delegación burocrática cuya función es justificar en el sur los pactos y cesiones que se deciden en Madrid con el separatismo. Al actuar como vasallo de un proyecto de poder unipersonal, el socialismo de la región ha roto sus amarras con el territorio y ha perdido su capacidad de interpelación simbólica.

El vacío como régimen
Andalucía ha votado el desgaste de un lenguaje político que prometía el milagro de la eficacia sin fricción. Para entenderlo hay que mirar la sociología política del electorado, donde hoy emerge una figura sintomática: el consumidor de seguridad emocional. Se trata de una sociedad saturada por el ruido, que prefiere el amparo de la administración al doloroso ejercicio de la lucidez; una comunidad dispuesta a ceder su criterio a cambio de un entorno predecible y subsidios tranquilizadores.

Pero toda sociedad libre necesita verse reflejada en algo más elevado que una fría hoja de cálculo presupuestario. Reducir la política a balances contables vacía las instituciones de su sentido histórico y termina tratando a la ciudadanía como clientes dentro de un supermercado impersonal. El país lleva demasiado tiempo oscilando entre la crispación agonal del sanchismo y la gestión tecnocrática de la oposición. Andalucía fue presentada durante años como la prueba de que la calma era posible y autosuficiente; lo que estas elecciones sugieren es que la calma, cuando carece de contenido político real y de una defensa firme de principios, termina pareciendo vacío moral.

Quizá ahí resida la verdadera pregunta que nos dejan los resultados. No se trata de saber si un líder político ha perdido unos miles de votos o si sus socios potenciales han consolidado un suelo electoral resistente. La cuestión de fondo es otra, y bastante más perturbadora: ¿Cuánto tiempo puede una sociedad civilizada aceptar ser gobernada como si la política fuera simplemente un problema de temperatura ambiente, y cuánto puede durar un régimen cuya única legitimidad es la apariencia razonable de sus formas si no es capaz de ofrecer una idea fuerte de comunidad, un proyecto de futuro digno de ese nombre y una aceptación valiente del conflicto compartido frente a quienes pretenden vaciar de sentido el Estado de derecho?

Aquí es donde la derecha andaluza debe decidir qué quiere ser. Puede seguir administrando una herencia agotada, confiando en que la mera gestión mantenga vivo el apoyo social, o puede reconstruir un sujeto político con voz propia, capaz de disputar el sentido común de la región. No basta con ganar elecciones si el precio es convertirse en una maquinaria de mantenimiento. La cuestión ya no es solo conservar poder, sino saber para qué se quiere conservar. Si el sur ha empezado a advertir que la estabilidad, cuando se vacía de sentido y de coraje, ya no es una promesa, sino una forma elegante de agotamiento civilizatorio, la derecha tendrá que elegir entre ser el mero gestor de esa decadencia o la alternativa real a la misma.
Saude Pavón @SaudePavon

09.05.2026.-

En la vida uno debe consolar a los afligidos, pero ciertamente, también debe afligir a los acomodados, y especialmente cuando están cómodamente, satisfechos e incluso felizmente equivocados. Milton Friedman.

¿Es la gente en cada país o el sistema económico quien responde por el crecimiento económico y el desarrollo social? Interrogante planteada y manejada por doquier y con numerosos trabajos académicos, pero, siempre regresa al análisis político e institucional.

El debate sobre si el crecimiento económico es producto de la agencia individual, léase, la gente o de la estructura, el sistema, suele presentarse como una dicotomía, pero en la realidad operan de forma simbiótica.

Siguiendo la premisa de que la dignidad humana es el estándar de legitimidad de cualquier sistema, el crecimiento no puede entenderse solo como una cifra macroeconómica, sino como el despliegue de las capacidades de los ciudadanos dentro de un marco institucional que lo permita y la justa reversión para estos de acuerdo con sus esfuerzos, la equidad y el principio de subsidiariedad..

El sistema económico y es importante tenerlo claro, no genera crecimiento por sí solo, pero actúa como la infraestructura que lo hace posible o lo asfixia. Para que el esfuerzo de “la gente” se traduzca en progreso nacional, el sistema debe avalar, seguridad jurídica.

Sin un Estado de Derecho donde la propiedad y los contratos sean respetados, el esfuerzo individual se desvía hacia la supervivencia o la informalidad. Si las reglas cambian arbitrariamente, lo que en teoría constitucional llamaríamos una mutación constante de la realidad económica por vía de decretos, sobre lo que hemos antes escrito bastante, por cierto, el sistema así contaminado, impide la planificación a largo plazo y confunde los resultados, además.

Es absolutamente impretermitible asumir además que Venezuela conoce y padece especialmente en los últimos 27 años y quizás antes incluso, de todas las entropías lo que, al no atenderse científica y racionalmente, ha conducido y siempre insisto en dejarlo sentado, a la crisis perfecta, un caos multifactorial. El aspecto económico es uno de los más importantes elementos afectados por el “sistema del descalabro” como pienso pudiera llamársele.

La sociedad civil y el sector privado son teóricamente los verdaderos creadores de valor, empero, sin estabilidad política y estrategia nacional, se dificulta bastante, su capacidad de respuesta que sabemos condicionada de acuerdo con la doctrina, por el capital social.

En Venezuela, hemos visto una resiliencia notable, “la gente responde”, pero; cuando el sistema económico es extractivo o disfuncional, incierto e inseguro, ese esfuerzo ciudadano se agota en la atenuación y la mera supervivencia ante la crisis de inflación, servicios básicos carentes o falentes o ambos, en lugar de invertirse en innovación o productividad. La única certeza es la desconfianza.

Como bien señalan los estudios sociológicos más reconocidos, cuando el ciudadano es reducido a ser un mero “consumidor,” en lucha con la escasez, se pierde la noción de ciudadanía económica qué es la que construye un país.

El Caso Venezuela: ¿Quién responde por ella hoy?  Por allá en 2003 se escuchaba a los miembros de la Asamblea Nacional corear un lema así, “Revolución es más que Constitución” terminando de legitimar el arribo de todas las entropías. El resto se puede resumir así, la sociedad y el estado son del partido y todo lo demás consecuencialmente está sujeto a la ideología del Psuv.

De nuevo la pregunta. El Caso Venezuela: ¿Quién responde por ella hoy?  Venezuela es un laboratorio excepcional para procesar la compleja pregunta por varias razones: La primera es una irrefragable constatación, se agotó el esquema rentístico, pero, aún estamos y tal vez estaremos aún bajo su ascendiente.

Durante décadas, el sistema se sostuvo por el “maná” petrolero, quién “respondía” por el crecimiento y ciertamente aportó mucho vía masificación de los servicios y la educación en primer lugar. Al agotarse ese modelo, la responsabilidad recayó abruptamente sobre la gente. Hoy, el crecimiento incipiente que se observa en ciertos sectores no proviene de un diseño sistémico planificado, sino de la respuesta orgánica de individuos y empresas que operan a pesar del sistema, no gracias a él.

Empero; para que el crecimiento sea sostenible y no solo una burbuja de consumo es imperativo que el sistema económico recupere su función de garante. No basta con que la gente “quiera” trabajar; se requiere una arquitectura legal que transforme el esfuerzo aislado en bienestar colectivo y ofrezca estabilidad con justicia social.

Si aplicamos una visión impregnada de ética y derecho, el crecimiento es responsabilidad del sistema en cuanto a la creación de condiciones de justicia y libertad, y de la gente en cuanto al ejercicio de su creatividad y trabajo. El caso alemán es el referente más notable académicamente para explicarnos el fenómeno. La economía social de mercado fue y es la clave para los teutones y para la misma Unión Europea. En nuestro país, hiere y perturba los espíritus, las diferencias que se muestran impúdicamente y el completo desbarajuste que resulta de depender completamente la seguridad social de un estado que deliberadamente se abstiene de rendir cuenta a nadie y de nada.

En Venezuela pululan las asimetrías: la gente está defendiéndose y respondiendo con una energía que el sistema económico aún no logra canalizar, proteger ni multiplicar de forma institucional. El crecimiento real llegará cuando el sistema deje de ser un obstáculo y pase a ser el soporte de la dignidad y el esfuerzo del ciudadano. El cambio y lo ratifico, debe ser con justicia.

La política económica, financiera y el revés del Sistema Nacional de Control Fiscal a cargo del chavomadurismomilitarismocastrismoideologismo, arruinaron a Venezuela. La clase política gobernante, dispendiosa, desquiciada, corrupta y adicta a toda impunidad postró al país. Ese es un hecho incontrovertible, pero, falló también la ciudadanía que no supo o no pudo advertir lo que inexorablemente se nos vendría encima. El pueblo delegó la soberanía en un mesías que lo llevó al averno.

Por eso tenemos a un país inconforme, frustrado y con amarguras manifiestas que acaba de encajar otra desilusión con el aumento del salario y los ingresos, el pasado 1 de mayo, pero, quizás y debe reconocerse luego de 27 años de la revolución de todos los fracasos, el naufragio termina por hacerse también sistémico y pernicioso y el cambió, aún está en la página del futuro.

Freddy Millan Borges, sesudo intelectual maturinés, insiste en que la respuesta más necesaria es el cambio profundo e inmediato en la estrategia educativa que incluye formar ciudadanía y asumir la dignidad humana como la empresa nacional, los liberales de su lado, apuntan a la urgente desregulación que incluye privatizaciones y no les falta razón, la experiencia reciente igualmente supone el regreso y fortalecimiento del control y vigilancia en el manejo público siendo que lo acontecido fue posible por la anómala inobservancia y evasión de los controles orgánicos. Lord Acton nos recuerda, por enésima vez, “El poder corrompe y el poder absoluto corrompe absolutamente.”

Pienso no obstante que hay que apurar en simultáneo la redefinición del marco normativo y particularmente, en lo relativo a la justa distribución de la riqueza nacional; es inaceptable la insolente desigualdad que se cuenta, mide y pesa en la sociedad. Debe revisarse la relación de poder y competencia de los poderes públicos para afirmar la libertad e impedir la arbitrariedad del poder, establecer por otra parte y certificar, un sistema de responsabilidad y responsabilización que incluya la rendición de cuentas y la ponderación de la gestión pública conforme a parámetros exigentes y, por supuesto, nada de eso es posible sin la legitimación del liderazgo.

Por allí, como decimos coloquialmente, “van los tiros.”

 @nchittylaroche   nchittylaroche@gmail.com  –

07.05.2026.-

Un análisis antropológico sobre la asimetría moral, la 'Pax Consumista' y por qué el votante español prefiere el refugio del bloque a la higiene institucional

El espejismo del auditor moral: La falacia de la racionalidad
Imaginemos la escena, salta la noticia del último chivatazo, el titular estalla en las pantallas y, antes siquiera de conocer los detalles, ya sabemos la respuesta. Los fieles del bloque salpicado murmuran “caso aislado” mientras, con la otra mano, piden cabezas y guillotinas para el rival. Cada escándalo nuevo trae la misma pregunta, envuelta en una mezcla de incredulidad y reproche ¿Cómo es posible que millones de españoles sigan votando a un partido salpicado por la corrupción? La respuesta habitual de las élites es cómoda: Ignorancia, fanatismo o cinismo del electorado. Pero esa pregunta ya contiene el error de origen. Presupone que el ciudadano actúa como un auditor moral del poder, un sujeto racional que elige papeleta tras revisar la limpieza institucional. Eso es un mito tan útil para la superioridad moral de ciertos analistas, pero no explica absolutamente nada de la cultura política española.

Nadie vota como un juez frio frente a una hoja de Excel. El votante real es un sujeto atravesado por identidades, lealtades históricas, miedos atávicos y una necesidad básica de estabilidad. La corrupción existe en su cabeza, por supuesto; molesta, irrita y provoca nauseas momentáneas. Pero en el cuarto oscuro de la urna, esa náusea rara vez decide sola. La ética ya no manda; manda el bloque. En España, esta lógica opera con una brutalidad quirúrgica porque la política dejó de ser hace décadas una competición de gestores para convertirse en una guerra de trincheras simbólicas donde lo que se dirime no es la eficiencia, sino la supervivencia del propio modo de vida frente a un “otro” percibido como amenaza existencial.

La asimetría del escándalo

Una de las claves para entender nuestra parálisis es la exigencia moral desigual. No todas las corrupciones indignan igual porque no todos los bloques cargan con el mismo peso narrativo. Existe una asimetría estructural en la percepción del fango: Cuando la mancha toca a la derecha, la reacción social y mediática adquiere una dimensión de “condena total”. Se habla de degradación sistémica, de cloacas, de fin de la decencia y de descomposición del Estado. La movilización mediática y social es inmediata, casi eléctrica. El juicio no es sobre el acto, sino sobre la esencia misma de unas siglas que son condenadas antes de que el juez dicte sentencia.

Sin embargo, cuando el escándalo golpea a la izquierda, el caso Koldo-Ábalos, que en este 2026 ya tiene a su exministro en prisión preventiva por orden del Supremo, o las últimas ramificaciones socialistas que cercan al entorno de Moncloa, el relato muta instantáneamente hacia la compartimentación. Se habla de “manzana podrida”, de “maniobra política del adversario” o de un simple “exceso personal”. Es el mismo barro, pero visto a través de un cristal distinto. Esta diferencia no es casual; es una construcción cultural profunda. La izquierda retiene un capital simbólico heredado que actúa como un escudo balístico. Este capital no borra el robo, pero lo domestica; lo convierte en un “accidente” de un proyecto supuestamente superior. La derecha, carente de esa épica redentora, recibe el golpe en crudo. No todos los corruptos pesan igual porque no todos los bloques cargan la misma narrativa. Se juzga la ética de unos y la narrativa de otros.

La tradición de la delegación

Francia heredó conflicto social; España, pacto y delegación. Resultado: Allí la calle es un lenguaje político normal; aquí es un resorte de emergencia. Mientras que en el país vecino la ruptura y la protesta son herramientas de fiscalización cotidiana, la España de la Transición asentó un modelo basado en la estabilidad de las cúpulas. La ciudadanía aceptó un papel pasivo: “Yo te voto y tú gestionas la paz social”. Se tragó mucho a cambio de una normalidad que parecía infinita. Este contrato no escrito ha atrofiado el músculo de la fiscalización constante. La calle solo despierta si se tocan las pensiones o los subsidios. Mientras la estabilidad material aguante, la corrupción es ruido molesto, pero asumible. El sistema ha aprendido que el votante español perdona el escándalo si no viene acompañado de una crisis de suministros que afecte su zona de confort.

Climatología política y narcosis de bloque

Tras décadas de casos encadenados (Gürtel, EREs, Pujol, cajas B, Koldo), la sociedad ha desarrollado una callosidad sensorial. La corrupción ya no irrumpe en la vida pública como una anomalía; ahora la acompaña como una presencia climatológica. Se ha normalizado hasta formar parte del paisaje cotidiano. Indigna en el bar, cansa en las redes y alimenta memes ingeniosos, pero ya no altera el flujo sanguíneo electoral de forma decisiva. El escándalo se ha vuelto un bien de consumo rápido. Se devora en 72 horas y se archiva en el rincón de lo inevitable, a la espera de la siguiente “exclusiva” que será igualmente fagocitada.

A esto se suma la narcosis de bloque. Casi el 40% de los ciudadanos admite ya tolerar “cierta corrupción” si gobiernan los suyos (CIS 2025). Cuando votar deja de ser un acto de evaluación y pasa a ser un acto de pertenencia casi religiosa, el corrupto propio se tolera por una cuestión de aritmética bélica. Debilitarlo es regalarle balas al enemigo. Se termina aceptando lo inaceptable porque lo que está en juego no es la transparencia de un contrato público, sino la supervivencia simbólica del campamento propio. El votante prefiere la mancha en los suyos a la victoria moral y política de los “otros”. Es la victoria del sectarismo sobre el civismo, donde la defensa de las siglas se convierte en la defensa del propio ego colectivo.

La pax consumista

El factor definitivo que sostiene el edificio del Leviatán es la pax consumista. Mientras la podredumbre institucional no afecte a la nómina, a la revalorización de la pensión o al subsidio, su poder de ruptura real es nulo. Vimos cómo en Aragón y Extremadura la corrupción socialista no alteró resultados decisivos, y ahora en Andalucía, a escasos días de las elecciones del 17 de mayo y con el juicio de las mascarillas en marcha, el PSOE apenas pierde un 1% en los sondeos. La indignación moral tiene un techo de cristal: El riesgo personal. El ciudadano medio prefiere un sistema podrido pero previsible a una regeneración que implique un terremoto institucional o incertidumbre económica.

No es una cuestión de apatía o falta de luces; es una aritmética gélida y pragmática. Ante la disyuntiva entre “ética vs. pensión”, la mayoría elige pensión. El sistema ha diseñado exactamente esta conducta. La polarización no es accidente, es arquitectura de control; la estabilidad delegada no es improvisación, es diseño de casta. Es el triunfo del estómago agradecido sobre la conciencia despierta.

La pregunta incómoda

Analizar el comportamiento del votante como un “fallo moral” es un ejercicio de postura intelectual que evita la autocrítica. El sistema no teme al votante que se indigna un rato frente al periódico o al televisor; teme al ciudadano que deja de aceptar la disciplina del bloque y empieza a preguntar por qué debe elegir entre corrupción y resignación. La anestesia no es una patología; es el diseño exitoso del Estado para mantenerse a salvo de una ciudadanía que ha renunciado a su soberanía a cambio de una paz tutelada y de una cuota de consumo asegurada.

Llegamos al punto más oscuro: Si el escándalo ya no moviliza y la exigencia se activa o duerme según convenga el relato de trinchera, la pregunta final no es ¿Qué tipo de políticos tenemos?, sino en ¿Qué tipo de ciudadano te has convertido tú para que este teatro siga en pie? ¿Cuánta corrupción más tolerarías si el ladrón pensara como tú? ¿Cuánto más tendremos que robar para que el Leviatán despierte?

¿Estás indignado de verdad? ¿O esperas que roben los tuyos para callar de nuevo?

El leviatán no necesita látigos para dominarnos; le basta con la anestesia de la pertenencia y el miedo a perder la migaja. Lo inquietante no es que el mecanismo funcione. Lo verdaderamente aterrador es que hayamos aprendido a disfrutar del sueño placentero mientras, a plena luz del día y con nuestra complicidad silenciosa, nos saquean la casa.
Saude Pavón @SaudePavon saudepavona@substack.com