Los guardias civiles y policías de Cataluña exigen la ejecución de la sentencia del 25% para que sus hijos puedan estudiar en español
27.03.2022.-

Destinados muchos de ellos en Cataluña desde otras CCAA, no encuentran colegios en español

Los guardias civiles y policías nacionales destinados en Cataluña se movilizan para que sus hijos puedan estudiar en castellano. Jucil, la entidad más representativa del Instituto Armado, presentará mañana un recurso ante el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) para exigir la ejecución forzosa de la sentencia que obliga a impartir un 25% de materias en español en todas las escuelas de la comunidad autónoma.

Agotado el plazo para que la Generalitat aplicara voluntariamente el fallo judicial, Jucil -en coordinación con las plataformas Hablamos Español y Convivencia Cívica, y con el apoyo del sindicato de policías nacionales, Jupol- batallará para que el Gobierno catalán se vea forzado a enterrar la inmersión lingüística.

Considera el recurso -al que ha tenido acceso EL MUNDO- que los miembros de la Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado están legitimados para exigir la ejecución forzosa de la sentencia, porque sus miembros pueden ser destinados a Cataluña y tienen el derecho a educar a sus hijos en la comunidad.

Las alegaciones remitidas al TSJC subrayan que, «con la actual situación de Cataluña, no se encuentran colegios en la red pública y son casi inexistentes en la red de centros concertados los colegios que garantizan la aplicación de la sentencia, no teniendo a disposición de los miembros de las Fuerzas y Seguridad del Estado centro educativo alguno en el que educar a sus hijos conforme a la legislación vigente».

DERECHO A LA CONCILIACIÓN FAMILIAR
Consideran los recurrentes que esta situación «atenta contra su derecho a la conciliación familiar [...] al no disponer de centros donde se respete la legalidad lingüística y puedan estudiar también en castellano».

La organización de guardias civiles declara tener un «interés directo en que se ejecute la sentencia» por «tener un derecho reconocido a que los hijos de cualquier miembro del cuerpo destinado en Cataluña estudien también en castellano».

El recurso subraya, asimismo, «la voluntad claramente incumplidora manifestada por la Administración» catalana para aplicar la sentencia del 25% de educación en castellano. Hecho que certifica que el viernes el consejero de Educación de la Generalitat, Josep Gonzàlez-Cambray, remitiera un escrito al Tribunal Superior de Justicia en el que sostenía que su forma de cumplir con el fallo sería impulsar una modificación legal que, si bien hacía alusión al uso del castellano en los colegios, evitaba fijar cualquier porcentaje de materias impartidas en esta lengua, como exige el tribunal.

450 EUROS DE INDEMNIZACIÓN
Los guardias civiles reclaman al TSJC que «requiera al director de cada uno de los centros educativos de Cataluña para que de forma inmediata adopte cuantas medidas sean necesarias para dar cumplimiento a la sentencia, realizando los apercibimientos correspondientes en caso de incumplimiento». Además, reclama una indemnización de 450 euros por cada trimestre que no se pueda cumplir la sentencia a favor de los miembros de la Guardia Civil con hijos en edad escolar en Cataluña.

El Ministerio del Interior ya reconoció el pasado mes de agosto «conflictos» en Cataluña para la escolarización en castellano de los hijos de los guardias civiles y policías nacionales destinados en Cataluña.

En respuesta a un escrito que la asociación Hablamos Español, el sindicato policial Jupol y la asociación de guardias civiles Jucil remitieron tanto a Interior como al Ministerio de Educación, la directora de gabinete del ministro Fernando Grande-Marlaska, Susana Crisóstomo, abogó «por el cumplimiento de la normativa vigente, así como el de las resoluciones judiciales dictadas al respecto».

«Convengo con usted en que las necesidades de escolarización para los hijos de estos funcionarios, que bien por traslado voluntario, derivado de un ascenso, o por cualquier otro avatar personal han de elegir modelo lingüístico, deberían estar resueltas independientemente del territorio en el que se solicite plaza escolar, sin que la elección de un determinado modelo sea un inconveniente o genere conflictos», manifestó la mano derecha del ministro del Interior, para después dejar la resolución de la cuestión en manos del Ministerio de Educación.

Transcurrido el plazo para la aplicación voluntaria de la sentencia, e independientemente de recursos como el presentado por la asociación mayoritaria de guardias civiles, las entidades promotoras del bilingüismo también exigirán al Gobierno que reclame la ejecución forzosa del fallo judicial.
Víctor Mondelo @VMondelo

24.03.2022.-

Ni siquiera Podemos acude en auxilio de los socialistas ante la ofensiva del PP para obligarle a rendir cuentas
Las Cortes acusan al Gobierno de «defectuosa calidad democrática» y de obstaculizar la labor de los parlamentarios

Ni uno solo de los aliados del Gobierno, tampoco Unidas Podemos, ha acudido este jueves en auxilio de los socialistas ante la ofensiva lanzada por los populares contra el abuso que hace Moncloa de la Ley de Secretos Oficiales. Una legislación franquista.

El Gobierno se ampara recurrentemente en esta ley para negar información a los diputados cuando muchas veces se trata de datos o documentación que no entran en la categoría de reservados. Es el truco que Moncloa ha utilizado para no dar cuenta del uso que Pedro Sánchez hace del avión Falcon, de las reuniones del exministro José Luis Ábalos con la vicepresidenta del Gobierno de la República de Venezuela, Delcy Rodríguez, del llamado caso Ghali o de las actas de la Unidad Militar de Emergencias durante la pandemia.

Por esta vía, como mínimo el Gobierno gana tiempo para sortear el mandato que le impone la Constitución ya que si un diputado no está de acuerdo con la negativa, la única vía que tiene para acceder a la documentación es reclamarla ante los tribunales.

Hartos de este proceder de Moncloa, los populares lanzaron una ofensiva parlamentaria que incluye la proposición no de ley debatida este jueves en la Comisión Mixta de Seguridad Nacional (Congreso y Senado). La iniciativa reprocha la opacidad y el citado proceder antidemocrático del Gobierno, y le insta a comparecer cada vez que niegue información a un diputado amparándose en que se trata de información reservada.

El texto ha sido adelante con el votos de PP, Vox, Ciudadanos y Foro. El PSOE ha sido el único partido que ha votado en contra y no ha habido abstenciones ya que ninguno de sus socios ha acudido a votar. El episodio sirve de advertencia práctica de lo que el bloque de investidura subrayó este mismo martes en el Congreso: Pedro Sánchez gobierna gracias a sus socios y la legislatura se le puede escapar de las manos si sigue sin contar con ellos.

La proposición acusa al Gobierno de incumplir las «exigencias» democráticas y recuerda que los diputados «tienen reconocido, como parte de su status protegido» por la Constitución, « la facultad de solicitar la información necesaria para el cumplimiento de sus funciones». Por ello, considera que el abuso de la Ley de Secretos Oficiales «supone que una indebida obstaculización» del ejercicio de la función de control y «acredita una defectuosa calidad democrática por parte del poder ejecutivo».

Por parte del PP ha intervenido el autor de la iniciativa y senador Fernando de Rosa, que ha acusado al Ejecutivo de ser «el más oscuro de la democracia» y de tener «tics autoritarios». Según este parlamentario, Moncloa no solo abusa de la Ley de Secretos Oficiales sino también del silencio administrativo para así torpedear la función de control de los diputados y senadores.

Desde Vox, la secretaria general del grupo parlamentario, Macarena Olona, ha recordado que su grupo ha llevado al Gobierno ante el Tribunal Supremo por negarle información y que hay una investigación judicial en curso. «Queremos toda la información porque solo así nuestra democracia será sana y fuerte», ha exigido, recordando que si pudo acceder a algunas actas sobre la labor de la UME en las residencias durante la pandemia fue por vía extraoficial ya que el Gobierno le denegó el acceso a los documentos.

El PSOE, por contra, ha amparado los abusos del Gobierno y ha reaccionado atacando a la oposición. La senadora Margarita Adrio ha considerado que todas las denuncias de PP y Vox ese refieren a cuestiones «desfasadas» y les ha acusado de carecer de sentido de Estado.

Las proposiciones no de ley no son, de momento, vinculantes para el Gobierno pero el Congreso tramita ya una reforma del Reglamento de la Cámara para obligar al Ejecutivo a remitir un informe sobre la situación y grado de cumplimiento de estas iniciativas.
Ana I. Sánchez.

24.03.2022.-

La Audiencia de Sevilla debe decidir sobre la condena a Roberto Macías por revelación de secretos.

La federación andaluza de UGT ha urgido a los magistrados de la Audiencia de Sevilla para que dicten ya sentencia sobre Roberto Macías, el ex trabajador del sindicato que destapó la presunta trama de las facturas falsas y fue condenado por revelación de secretos.

Macías fue condenado en mayo de 2020 por una juez de Sevilla a dos años de cárcel por revelación de secretos, tras desvelar información sobre el presunto amaño de facturas en el sindicato. El condenado trabajó en UGT-A cuatro años, entre 2008 y 2012, como administrativo en el área de compras del sindicato, un departamento clave en la supuesta trama urdida por la organización para desviar subvenciones millonarias.

La juez sustituta del Juzgado de lo Penal número 15 de Sevilla, Ana María León Gallego, falló contra Roberto Macías en una sentencia que fue recurrida ante la Audiencia de Sevilla. Y ahora, la Sección Séptima debe pronunciarse y confirmar la condena o decretar la absolución del ex trabajador del sindicato.

Dado el tiempo transcurrido, UGT-A ha presentado un escrito en la Sección Séptima en el que recuerda que la «deliberación» de los magistrados sobre este asunto se celebró el 12 de marzo de 2021. Y «a fecha de hoy, 16 de marzo de 2022, no ha sido notificada la sentencia que resuelve la apelación, habiendo transcurrido más de un año desde la fecha señalada para deliberación por la Sala», dice el escrito. Ante la tardanza en resolver, el sindicato pide a los magistrados que «se remuevan los obstáculos que existan en derecho y se le dé a los autos el impulso necesario y se notifique a las partes la sentencia dictada».

La asociación 'Alianza contra la corrupción' censuró este miércoles la estrategia de UGT-A, tratando de «apremiar» a la Sección Séptima para que haya una sentencia lo antes posible y así Roberto Macías no pueda beneficiarse de la ley nacional que pretende amparar y dar protección a los denunciantes de casos de corrupción.

En efecto, el 4 de marzo, el Consejo de Ministros presentó el anteproyecto de ley que regula la protección de las personas que informen sobre infracciones normativas y lucha contra la corrupción, como resultado de la transposición de una directiva comunitaria. La ministra de Justicia, Pilar Llop, explicó entonces que los informantes son las personas que comunican, «dentro de una organización pública o privada o a través de canales externos», infracciones en el ordenamiento jurídico interno o de la Unión Europea.

Por ello, «en breve, España contará con un régimen jurídico que en teoría garantizará la protección efectiva» de los denunciantes de casos de corrupción, indicó la asociación 'Alianza contra la corrupción', que ve en Roberto Macías un «caso paradigmático». De hecho, en su «largo proceso judicial ha solicitado poder acogerse a los beneficios» que establece la directiva europea sobre los también conocidos como whistleblowers y poder acabar así «con el calvario inhumano que le supuso revelar una caso grave y grosero de corrupción». Pero como la directiva europea todavía no forma parte de la legislación nacional, Macías no ha sido amparado por la misma.

Con el nuevo contexto del anteproyecto de ley que comienza a tramitarse a nivel nacional, la asociación 'Alianza contra la corrupción' ve en la petición de UGT a la Sección Séptima un «acto desesperado para impedir que su ex trabajador pueda acogerse a la nueva realidad jurídica que, poco a poco, se abre paso en España».

UNA "VENGANZA"
Se trata, según denuncian, de «una clara muestra de venganza y, también, pensando mal, la estrategia maquiavélica de una organización que, lejos de aprender de sus errores, se enroca en ellos, pretendiendo que la condena de Macías les sirva de herramienta para salir indemne del procedimiento penal contra su organización».

En efecto, la ex cúpula de UGT-A tendrá que sentarse en el banquillo por un presunto fraude que se eleva a 40.750.047,74 euros, al utilizar un sistema de presuntas facturas falsas pactadas con su proveedores y alquileres ficticios de aulas donde se impartían los cursos subvencionados por la Junta de Andalucía, como destapó EL MUNDO.

Quince personas, entre ellas el ex secretario general de UGT-A, Francisco Fernández Sevilla, y otros cuatro ex dirigentes del sindicato, serán juzgados por delitos de fraude de subvenciones y falsedad. El sindicato es el responsable civil subsidiario.
SILVIA MORENO
@silviamorenon

Vista de la Plaza de España

https://www.skylinewebcams.com/es/webcam/dominican-republic/distrito-nacional/santo-domingo/santo-domingo-plaza-de-espana.html

11.03.2022.-

Alcanzado el decimoquinto día de la guerra, ya tenemos una información más precisa de las capacidades desplegadas por cada bando, de su operativa, logística, de su motivación y de las intenciones militares de ucranianos y rusos. Además, disponemos de suficiente inteligencia para conocer las reservas que deberán llegar a Ucrania desde Rusia para mantener el pulso agresor y las que necesitarán los ucranianos para su defensa. Asimismo podemos ver con claridad que la estrategia rusa ha variado enormemente en la última semana con el claro objetivo de generar una profunda crisis en la sociedad civil ucraniana, aunque sea a costa de bombardear ciudades con una amplia mayoría de habitantes rusos, que claramente se están oponiendo a la invasión.

La fuerza rusa
Sabemos que los mandos rusos decidieron transformar para esta invasión, una vez más, su estructura organizativa de batallones autónomos pensados para una guerra híbrida a la clásica divisionaria en la que cada cuerpo dispone de sus propias capacidades, desde la logística, a la defensa antiaérea, fuego y hombres. Los ciento cincuenta mil atacantes se concentraron en seis frentes y cada uno, con su cuerpo de ataque tipo división. Dos desde Bielorrusia para dejarse caer hacia Kiev desde ambas riberas del Dniéper; un frente hacia Járkov desde la frontera, otro más al norte hacia Konotop siguiendo la M02 para confluir con las fuerzas del norte que ya han tomado Cernikov en el cruce de la E-95 que baja desde el norte con la M02 y cercar Kiev por el este. Otra fuerza desde Rostov hacia Mariupol por los territorios rebeldes y desde Crimea con tres frentes, hacia al este para tomar Berdyaks, el oeste dirección Jerson y Odessa y el norte donde ya han alcanzado la central nuclear de Zaporizhzhia a unos doscientos kilómetros de sus puntos de partida.

Analizando los movimientos de tropas se visualizan dos intenciones claras; asentar el poder ruso al este del Dniéper, de teórica mayoría prorrusa, y dejar a Ucrania sin salida al mar. La pinza sobre Kiev se explica para hacer caer el gobierno y provocar una rápida involución. La ausencia de movimientos y operaciones en el este evidencian que la estrategia inicial rusa es provocar la caída del régimen antes que ocupar la mitad occidental del país. Sin embargo este enorme espacio vital en el Occidente permite a Ucrania disponer de líneas de suministros de armas desde Occidente y reclutar y preparar a los cientos de miles de movilizados, las últimas estimaciones hablan de unos cuatrocientos mil ucranianos armados.

Escasa intervención de la fuerza aérea rusa
En los dos primeros días de combate la aviación junto a los misiles Iskander, lanzados desde tierra, destruyeron los radares, cegando a la aviación ucraniana que apenas opera unos veinte MIG-29 muy antiguos, así como baterías de misiles SA-300 de defensa antiaérea. Asimismo se atacaron una serie de bases aéreas con escasa precisión y fortuna. Rusia dispone en el teatro de operaciones con unos 300 aviones SU-30 y SU-35. Existen tres posibles razones concurrentes para esta escasa intervención si la comparamos con Iraq en 2003.

La primera es la escasez de munición guiada, de hecho en Siria sólo algunos SU-34 fueron capaces de utilizarlas, y según la inteligencia Occidental, el inventario es más bien bajo. Esto explica el amplio uso de bombas convencionales de escasa precisión. Para conseguir la precisión deseada los aviones de combate deben bajar de los diez mil pies quedando al alcance de los Stinger que tardan unos cuatro segundos en alcanzar su objetivo. Igual ha ocurrido con los helicópteros. En Siria algunos convoyes era escoltados por helicópteros que sufrieron numerosas bajas por el escaso dominio del espacio aéreo. Finalmente, las bases occidentales de Kolomyja y Starokostiatyniv en el comando occidental desde la que operan los MIG 29 ucranianos no han sido atacadas, y esto explica que después de diez días, todavía Rusia no tiene el control del espacio aéreo. Quizás le quede a Ucrania una semana para perderlo si no recibe aviones operativos.

Fallos de logística
Una estructura diseñada para batallones de guerra híbrida presenta unos requerimientos de logística totalmente diferentes de una invasión a gran escala. El ratio de unidades operativas y de logística es muy bajo, apenas un efectivo para cinco operativos, lo que ha implicado defectos en el suministro de gasolina, repuestos, talleres, alimentos, munición etc. A medida que se vaya ocupando territorio surgirá el problema añadido de la fuerza de ocupación. Cada vez son menos los hombres rusos que quedan para combatir. Si Rusia no duplica la fuerza hasta unos trescientos mil hombres en los próximos diez días, tendrá grandes problemas para avanzar y mantener asegurada la retaguardia.

Diferente motivación
Según los primeros informes de que disponemos al menos la mitad de las fuerzas rusas son militares que están cumpliendo con su servicio militar obligatorio, no son profesionales y sus edades ronda entre los dieciocho y veinte años; con apenas unos cuatro meses de entrenamiento y desplegados durante meses en campamentos a muchos grados bajo cero. No comparten en una gran parte ni la misión ni están preparados para el combate como agresores. Los ucranianos no sólo están motivados en la defensa de su país, sino que conocen el terreno y al menos en el peor de los casos están equiparados en experiencia a los rusos. A medida que los combates sean más duros y agresivos, podremos ver cómo esta situación afecta negativamente a la moral del atacante.

El retraso en alcanzar objetivos puede cambiar el curso de la guerra
Si analizamos el mapa, Rusia apenas ha conseguido entrar en el sur más de doscientos kilómetros, mientras que los avances en Oriente y Norte son inferiores a 100 kilómetros, debido sobre todo a la mala planeación de las operaciones y los medios. En estos quince días, Ucrania ha tomado conciencia de la realidad, ha conseguido reclutar una fuerza que seguramente hoy triplica a la rusa y ha recibido una cantidad ingente de material muy apropiado para la defensa del territorio, y que no requiere de preparación. Mi hijo de diez años era capaz de manejar el C-90 en el simulador con cero experiencia. Ucrania necesita armamento ligero y de alta movilidad para vencer al pesado y lento ejército ruso, y cada día que pasa, Ucrania está mejor preparada y Rusia peor.

El equipamiento ruso
Mucho se ha hablado en estos días de que Rusia no está usando su mejor armamento en Ucrania, y se citan muy diversas razones. Pero la realidad es que los programas de rearme ruso han chocado en los últimos quince años con la burocracia, la escasez de presupuestos y el déficit tecnológico en muchos campos. El programa de armamento (SAP 2008-2017) según los datos del propio ministerio ruso sólo alcanzó en 70% de sus objetivos, debido sobre todo a los bajos precios del petróleo y el gas en el periodo, un 30% inferiores a los previstos en el programa. Hay áreas donde no se alcanzaron ni el 20% de sus objetivos.
Enrique Navarro.