13.07.2022

Sánchez ha hecho lo de siempre: anteponer su conveniencia política a la responsabilidad económica.

A medida que se endurecen las circunstancias económicas y sociales que padecen los ciudadanos, queda más en evidencia no solo la ineptitud del Gobierno sino su reacción en sentido opuesto al recomendable. Al menos Zapatero, bien que forzado por instancias extranjeras, terminó asumiendo la cruda realidad y el alto coste político de los recortes a los que obligó su negacionismo previo. Por el contrario, un Pedro Sánchez decidido a acelerar su huida hacia ninguna parte por la senda del populismo llamó este martes en el Debate del estado de la Nación "profetas del desastre" a cuantos contradicen su discurso autocomplaciente, denuncian la ineficacia de sus medidas y avisan del empeoramiento de las condiciones de financiación de un país ya muy endeudado.

El problema para Sánchez es que el desastre no hay que profetizarlo porque ya está aquí. Lo experimenta cada español cuando echa gasolina, llena la cesta de la compra o paga la factura de la electricidad. Tiene razón el presidente en señalar que él no es el culpable de causar la inflación, pero desde luego es el responsable de su propia incapacidad para gestionarla, cuando no de agravarla con medidas populistas, más atentas al relato electoral que al interés general a medio plazo. Y es responsable de mentir, al atribuir el alza inflacionista a la pandemia -de cuya gestión presumió, pese a la inconstitucionalidad de los estados de alarma y pese a las cifras récord de muerte y ruina- y a la guerra, cuando antes de la invasión en España el IPC había subido ya el 7,6%.

Ante el resquebrajamiento de su mayoría radical, Sánchez ha hecho lo de siempre: anteponer su supervivencia a la búsqueda de recetas transversales y eficaces que pongan en peligro sus relaciones de dependencia con la extrema izquierda y el separatismo. No en vano Ione Belarra presumió de haber "reorientado el rumbo" del Gobierno: los impuestos extraordinarios a la banca y a las grandes energéticas que Sánchez se ha sacado de la chistera son viejas reivindicaciones de Podemos asumidas por quien se pretende un referente de la socialdemocracia europea. Tan solo en la defensa inequívoca de la OTAN, con el consiguiente compromiso del incremento del gasto militar, pudo Sánchez proyectar virtud de estadista, pero rápidamente lo compensaba descalificando a Feijóo, que no podía responder.

El problema de perseguir con descaro el voto clientelar e ideológico, al precio de demonizar cualquier negociación con el PP, es que España se aparte cada vez más de la dirección que tarde o temprano habrá que adoptar. Cuanto más extrema sea la deriva, más costoso será el retorno a la estabilidad. Y ese coste lo pagarán los ciudadanos, pues los bancos repercutirán en los productos financieros el demagógico tributo ideado por Sánchez, del mismo modo que las eléctricas y las petroleras aplicarán la subida en el precio del combustible y en el recibo de la luz. Combatir la crisis energética con ataques a las empresas y apelaciones al ahorro del consumidor delata la incompetencia de un gabinete desbordado por los hechos que sin embargo se niega a dejarse ayudar.

Hoy cobra todo su sentido el mantra peronista de "los poderes oscuros" que ha estado repitiendo Pedro Sánchez en los últimos días: prefabricaba el escenario para el anuncio de un hachazo fiscal a poderosas compañías del Ibex. Las mismas, por cierto, cuya compañía e inversiones buscaba hace no tanto. La respuesta de la Bolsa fue fulminante, registrando el previsible desplome con el que reacciona todo inversor al sonido confiscatorio del populismo.

A la desgracia de la crisis económica se ha sumado la desgracia política del manual de resistencia de Sánchez, que opta por la demagogia para atrincherarse, aunque con sus recetas solo logrará empeorar las condiciones de vida de los españoles al tiempo que atiza entre ellos la división.
El Mundo.

05.07.2022.-

La pasada semana se publicaba una foto de Irene Montero en Nueva York en la que salía con varias amigas disfrutando de un tiempo de ocio y turismo. Sin embargo, este viaje hacia los Estados Unidos tenía un objetivo que la ministra de Igualdad ha aclarado en motivos, pero no en gastos. Durante varios días, Montero y otras mujeres vinculadas a Podemos estuvieron cumpliendo con una visita agendada con varias organizaciones feministas estadounidenses.

Entre las reuniones que tuvieron las líderes de Podemos destacan la que tuvieron con Sima Bahous, la ejecutiva de la organización latinoamericana ONU Mujeres o con Gloia Steinem, una entidad del feminismo histórico estadounidense. También se juntaron para charlar con otras activistas de menor popularidad como Emily Kadar, María Sjödin o con organizaciones minoritarias del país como los Democratic Socialists of America o ReproRights.

Durante su estancia a gastos pagados y no especificados todavía, Irene Montero gozó de tiempo libre para pasear junto a sus compañeras de partido. Algunas de ellas conocidas, como Isa Serra y otras un poco más anónimas. Todas ellas han compartido fotos de estos felices momentos en redes sociales. Sin embargo, para entender las motivaciones de esta visita es necesario conocer a Irene, Pam, Lidia, Isa y Falcon. Cuatro mujeres y un avión que han hecho posible llevar un pedacito de Unidas Podemos a la cuna del capitalismo.

IRENE MONTERO

Irene María Montero Gil (Madrid, 1988). La ministra de Igualdad empezó de adolescente en las Juventudes Comunistas para adentrarse en Podemos en su etapa universitaria, partido con el que consiguió su escaño en 2015. Actual ministra de Igualdad desde 2020, cargo creado durante esa legislatura, es graduada en psicología y tiene un máster en educación. Inició una tesis doctoral que no terminó y siempre ha asegurado que le ofrecieron una beca para Harvard, que finalmente rechazó por su agenda política.

Es pareja de Pablo Iglesias desde 2017. Juntos tienen tres hijos: los gemelos Manuel y Leo (4), nacidos de manera prematura, y la pequeña Aitana (3). Los educan con el método Montessori y viven con ellos en una casa de campo de Galapagar. Aunque en los últimos meses Pablo ha vivido en Barcelona por cuestiones laborales.

ISA SERRA

Isabel Serra Sánchez (Madrid, 1989) es también una de las jóvenes con más proyección y trayectoria de Podemos. Estudió filosofía y realizó un máster de Economía Internacional en la Universidad Complutense de Madrid. Participó activamente en el 15-M, militó en Anticapitalistas, fue miembro del movimiento de estudiantes Proceso de Bolonia y fundó la organización Juventud Sin Futuro. En Podemos desde su fundación, ha estado en política desde entonces. En 2015 obtuvo el cargo de diputada de la Asamblea de Madrid. Hoy, es coportavoz de Podemos.

Su fidelidad hacia Pablo Iglesias ha sido premiada. En 2019, su hermana Clara Serra abandonó Podemos para unirse a Más País. Pero ella no. Es pareja de Juanma del Olmo, actual director de Estrategia y Comunicación de la Vicepresidencia del Gobierno de España. De familia de derechas, su padre es columnista del diario Libertad Digital. Fue condenada en 2020 por agredir a unos agentes de Polícía en 2014 durante una protesta.

ÁNGELA RODRÍGUEZ, 'PAM'

Ángela Rodríguez Martínez (Pontevedra, 1989) es otra de las treintañeras más relevantes y con más futuro de la organización. Fue diputada por Pontevedra desde 2016 hasta 2019. Licenciada en Filosofía, es actualmente secretaría de Estado de Igualdad, cargo por el que cobra 120.000 euros al año según Trasparencia de Newtral. Se define como bisexual y lucha contra la gordofobia en redes sociales y podcasts. Es de las pocas mujeres de Podemos que ha abogado por la legalización de la prostitución y defendido la pornografía.
Durante sus intervenciones en el partido, no admite discrepancias. En una de ellas, dijo: A ver si se calla la puta coja de los pelos de colores del fondo!

LIDIA RUBIO

Nacida en Mallorca en 1991, es la más joven, tímida y desconocida del grupo. Graduada en Periodismo por la Universidad Rey Juan Carlos, obtuvo una beca de Bankia para trabajar en la sección de finanzas de la Agencia Efe. En 2016 obtuvo el cargo de jefa de prensa del grupo En Comú Podem. Dio el salto a Madrid en 2020 para ser la responsable de comunicación del Ministerio de Igualdad, tras la retirada de Amanda Meyer.

Se han gastado mas de 200.000 euros en su viaje turístico.

01.07.2022.-

Cuando un fallo sigue siendo controvertido e inviable después de cinco décadas, es evidencia convincente de que se decidió incorrectamente.

El viernes pasado la Corte Suprema de los Estados Unidos eliminó el derecho constitucional al aborto establecido en la decisión Roe v. Wade de 1973, al confirmar la legalidad de las restricciones legisladas en el estado de Mississippi. La reacción al fallo Dobbs v. Jackson Women’s Health ha sido predeciblemente virulenta y llena de distorsiones. Para que quede claro: los jueces no prohibieron el aborto; dijeron que no existe tal derecho constitucional -porque la Constitución norteamericana es neutral ante el aborto sin convertirlo en un derecho, pero tampoco en un delito- y devolvieron la decisión al arbitrio de los estados.

La opinión mayoritaria del juez Alito se apega mucho a su borrador filtrado el 2 de mayo, y es un estudio cuidadoso y reflexivo de la ley del aborto y su historia en el orden constitucional. Su escrito desmonta el razonamiento de Roe y de Planned Parenthood v. Casey (1992), el otro precedente sobre el aborto que la Corte anula en Dobbs. El punto central, subrayado por el juez Kavanaugh en su concurrencia, es que el aborto no se encuentra en ninguna parte de la Constitución. Los partidarios del derecho al aborto afirman haberlo encontrado en la cláusula del Debido Proceso de la Enmienda 14°, ratificada en 1868, que es el justificativo del fallo Roe. Pero hasta la última parte del siglo XX, la idea del derecho al aborto no se podía encontrar en ninguna parte de los Estados Unidos; ninguna constitución estatal lo incluía, y hasta poco antes de Roe tampoco ningún tribunal había reconocido tal derecho.

Abuso de poder

Contrariamente, el juez Harry Blackmun ignoró esa historia e inventó el derecho al aborto en Roe. En 1973 el Tribunal Superior cometió un abuso de poder discrecional, para lo que tuvo que retorcer conceptos, inventarse hechos y falsear la historia. Lo dice Bob Woodward, nada sospechoso de querencias conservadoras sino todo lo contrario, en el libro sobre cómo los jueces del Supremo llegaron a la conclusión de que el aborto sí era un derecho constitucional, The Justices Behind Roe V. Wade: The Inside Story:

"Los secretarios de la mayoría de las cámaras se sorprendieron al ver a los jueces, en particular a Harry Blackmun, negociando tan abiertamente su decisión como si fuesen un grupo de legisladores. Algunos de ellos pensaron que el proyecto era razonable, pero que derivaba más de la política médica y social que del Derecho constitucional. Había algo vergonzoso y deshonesto en todo este proceso. El tribunal iba a hacer una política médica y a imponerla a los estados. Como cuestión práctica no era una mala solución. Como cuestión constitucional era absurda. Algunos secretarios se refirieron al proyecto como “el aborto de Harry".
En 1992 Casey afianzó a Roe, pero lo hizo sin considerar precedentes, afirmando que el aborto era parte de un difuso derecho a la privacidad.

En el actual fallo los tres jueces disidentes -Stephen Breyer, Sonia Sotomayor y Elena Kagan- afirman que la mayoría ha aplastado la doctrina del stare decisis, o respeto por los precedentes que resolvieron un problema semejante. Pero la opinión del juez Alito trata con el análisis tradicional de stare decisis de la Corte, y su punto más revelador es que ni Roe ni Casey estuvieron cerca de resolver el problema, que es el fundamento del apego al precedente. La mayoría en Casey llegó incluso a hacer un alegato esencialmente político para que los estadounidenses permitieran que su fallo resolviera el tema del aborto, pero fue un intento inútil de poner fin al debate sobre una cuestión que toca a las personas en sus convicciones morales más profundas. El aborto continúa agitando la política estadounidense y los estados continúan aprobando leyes que desafían la lógica de ambos fallos. Cuando un fallo sigue siendo controvertido e inviable después de cinco décadas, es evidencia convincente de que se decidió incorrectamente.

El poder vuelve a cada estado

El tribunal no puede fácilmente cambiar una decisión anterior. El respeto de la Corte Suprema por sus propios precedentes ha sido un sello distintivo del sistema legal estadounidense. La Corte ha creído que es importante cumplir con los fallos anteriores, incluso cuando jueces posteriores pudieran decidir un caso de manera diferente. Dicho esto, el tribunal puede anular precedentes si la mayoría cree que existen buenas justificaciones para hacerlo. Algunas de las decisiones más famosas de la Corte se produjeron en casos en los que cambió de opinión, como en Brown v. Board of Education (1954), que puso fin a la segregación racial en las escuelas públicas al anular Plessy v. Ferguson, el fallo de 1896 que permitía la segregación estadual.

De ahora en más, el aborto será legal o ilegal en los Estados Unidos dependiendo de dónde se viva. Sin un derecho constitucional al aborto, los estados tienen un amplio margen para restringirlo o permitirlo según lo expresen sus votantes. Lo que la Corte hizo fue devolver la profunda cuestión moral del aborto a los estados y al asentimiento democrático, donde siempre ha pertenecido.

Ninguna de las acusaciones levantadas contra el actual fallo ha sido articulada. Contando entre sus críticos a políticos educados en las mejores instituciones legales del país como Joe Biden, Elizabeth Warren o Kamala Harris, sus argumentos han sido apenas más sofisticados que los gritos cargados de improperios de las protestas y redes sociales. Y desde luego, ninguno de ellos abordó el punto central de la opinión del juez Samuel Alito, que al descubrir un derecho constitucional al aborto donde no existía ninguno, Roe v. Wade y luego Planned Parenthood v. Casey, su sucesor reafirmante, representaron un “abuso de autoridad judicial” y que era “hora de hacer caso a la Constitución y devolver el tema del aborto a los representantes electos del pueblo”. Sus críticos sólo buscaron exagerar las supuestas consecuencias de la decisión y ahogar su razonamiento legal en excesos retóricos, tergiversaciones y, ahora las obligatorias amenazas a los jueces y sus familias. Demagogos haciendo de demagogos. Pero si la decisión de Dobbs fuera tan palpablemente incorrecta, uno pensaría que entre estas grandes mentes legales podrían presentar al menos un argumento en su contra que equivaliera a algo más que un ejercicio de chantaje emocional.

La furia retórica de la izquierda es, en sí misma, un guiño no reconocido en la dirección del propio razonamiento de la Corte: que las leyes sobre el aborto, un tema tan moralmente tortuoso, no deberían ser decididos por los jueces sino por la gente. Ya es hora que los progresistas sepan lo que los conservadores han sabido durante mucho tiempo: que la carga para convencer a los votantes de que apoyen soluciones éticamente sólidas que puedan equilibrar los intereses contrapuestos de las mujeres, los no nacidos y el alma de la sociedad misma, recae sobre ellos. Si se quiere que el aborto sea un derecho que esté en la Constitución, el camino es enmendar la Constitución o ganar el debate en las legislaturas, no asaltar la Corte.

El enojo de la izquierda no es sólo por el tema de las armas, la libertad de culto (otros dos fallos medulares de la semana pasada) o el aborto. Refleja su dolor por haber perdido a la Corte como vehículo para lograr objetivos políticos que no pueden lograr a través de las urnas. Las victorias culturales que lograron por decreto judicial ahora tendrán que ganarlas persuadiendo a los votantes. Se entiende su frustración, pero deberían probar la democracia, para variar. E incluso podrían ganar el debate sobre el aborto.
Eleonora Urrutia.

09.06.2022.-

s difícil encontrar un asunto en el que un Gobierno español haya mentido tanto en tan poco tiempo como lo ha hecho el de Pedro Sánchez a raíz de su bochornoso cambio de posición respecto al Sáhara Occidental, que ha provocado que Argel suspenda el tratado de amistad hispano-argelino.

Primero tuvo la desfachatez de afirmar que su decisión de abandonar el tradicional compromiso español con el derecho de autodeterminación del pueblo saharaui para pasar a defender la soberanía marroquí sobre el antiguo territorio español estaba en consonancia con las resoluciones de Naciones Unidas y conllevaba la renuncia por parte marroquí a sus reivindicaciones sobre Ceuta y Melilla, dos patrañas fácilmente desmontables. Sánchez hasta osó decir que había informado previamente a Argelia de su cambio de posición, cuando lo cierto es que no se lo comunicó ni a sus socios comunistas de gobierno, y menos aún al régimen argelino, que al hacerse pública la noticia protestó y llamó a consultas a su embajador en Madrid.

Moncloa afirmó que este asunto no afectaría al suministro argelino de gas, lo que quedó desmentido tan pronto Argel aseguró que mantendría los precios a todos sus clientes "excepto a España" y nos redujo el suministro un 25%.

Sin vergüenza, Sánchez llegó al extremo de tratar de implicar a Felipe VI en su volantazo promarroquí, que no contó con el conocimiento ni de la oposición ni de la mitad de su propio Gobierno.

Este miércoles Sánchez ha perdido una ocasión de oro para recoger velas y volver a alinear su posición con lo que demandan la oposición y el resto de su Gobierno, así como las resoluciones de Naciones Unidas. En lugar de ello, se ha reafirmado en su sumisión a Marruecos, lo que ha llevado nuevamente la división al Gobierno y provocado tanto la protesta unánime de la oposición como la ruptura del tratado de amistad hispano-argelino por parte de Argelia, nuestro mayor proveedor de gas (el 43% del total).

Que Sánchez persista en su empecinamiento, y para colmo en plena crisis energética, resulta harto sospechoso, hasta el punto de que cabe preguntarse si tras esa aparente insensatez o torpeza no habrá algún secreto inconfesable. Lo cierto es que la excusa oficiosa que siempre se ha dado para justificar el servilismo hacia Rabat –la necesidad de contar con su colaboración para combatir la inmigración ilegal procedente del propio Marruecos–, además de representar la asunción de un chantaje y un reconocimiento tácito de nuestra incompetencia a la hora de hacer respetar nuestras fronteras, constituye una afrenta al pueblo saharaui y un peligro para nuestras redes de suministro energético. Eso, por no hablar de que Argelia puede jugar también la baza de la inmigración ilegal, como ha quedado de manifiesto con la miríada de pateras que han llegado recientemente a Baleares provenientes de sus costas.

¿Sabremos pronto si tras tanta mentira sanchista hay algo más que simple e irresponsable torpeza?
LD

01.06.2022.-

Podemos ya tiene nuevo caballo de batalla para enfrentarse al PSOE y, de paso, terminar de alterar las bases del control legal de las fronteras.

Podemos exige a Sánchez que se enfrente a Frontex. Quiere puertas abiertas a la inmigración ilegal por mar y pretende que el presidente acuda con este mensaje a Europa. El próximo foco de choque entre Podemos y el PSOE está servido. Podemos quiere alterar por completo las bases del control de la inmigración en España. Y, de paso, en toda Europa.

El partido de Ione Belarra e Irene Montero ya tiene nuevo caballo de batalla para enfrentarse al PSOE y, de paso, terminar de alterar las bases del control legal de las fronteras. Las exigencias de los morados han quedado plasmadas en un documento registrado en el Congreso de los Diputados, en el que Podemos, básicamente, exige una política de puertas abiertas a los inmigrantes ilegales que llegan a España por mar.

La primera exigencia de Podemos a Pedro Sánchez pasa por "promover, en el seno de la Unión Europea" y en coordinación con los "socios europeos, una política europea de asilo que tenga como base la eficacia y la rapidez de actuación que se ha tenido en el caso de los refugiados de Ucrania".

Podemos usa, de este modo, la sensibilidad con Ucrania para reclamar, de facto, una apertura de fronteras. El pequeño detalle que pasa por alto es el hecho de que Ucrania es un país atacado y, por lo tanto, el derecho de asilo se debe plantear de forma automática, según el derecho internacional. Y esa situación no se da de forma generalizada y automática para los inmigrantes que llegan a aguas españolas.

La segunda exigencia de Podemos a Sánchez pasa por "promover en el seno de la UE" una "reformulación de las funciones de Frontex". ¿Y con qué fin? Pues con el de "priorizar la búsqueda y salvamento de personas migrantes en el mar y evitar cualquier vulneración de la legalidad internacional y de los derechos humanos". Traducido: que en vez de vigilar el acceso legal y evitar el ilegal, los morados pretenden que las autoridades europeas se centren en garantizar que cualquier persona que se lance al mar en aguas africanas, sea rescatada e introducida en el espacio comunitario.

Podemos argumenta su exigencia afirmando que "Frontex, la Agencia Europea de la Guardia de Fronteras y Costas, se creó en 2004 para ayudar a los Estados miembros de la UE y a los países asociados a Schengen a proteger las fronteras exteriores del espacio de libre circulación de la UE". Y señalando que "el trato que se ha dado a los refugiados ucranianos en los últimos meses, así como la eficacia y rapidez en la resolución de solicitudes de asilo, supone la constatación de que otra política europea de asilo es posible".

Según Podemos, debe darse carpetazo al control firme de las fronteras y pasar a otro "necesario": "Que los mismos principios aplicados a la gestión de solicitudes de asilo de aquellas personas que han tenido que huir de Ucrania guíen la política migratoria de la UE, de manera que se haga extensiva a todos los casos de conflicto en nuestra vecindad".

Otro ejemplo del nuevo modelo de Frontex que quiere Podemos es deslizado por los morados: el de los agentes de esta agencia en el ataque contra de Putin a Ucrania: "En marzo, la UE acordó con Moldavia el envío de agentes de Frontex a la frontera de este país con Ucrania, con el objetivo de dar apoyo en el control de la llegada de los refugiados que huyen del conflicto con Rusia garantizando la vigilancia de una zona que linda con un territorio en guerra". Y es que Podemos considera que se debe generalizar el asilo y el trato como refugiados a los inmigrantes llegados por mar a España.
Carlos Cuesta.