La prensa internacional, contra Pedro Sánchez: «Amenaza el imperio de la ley»
22.11.2023.-

'Le Monde' y el 'Financial Times' denuncian que «las concesiones al independentismo» de Sánchez «para permanecer en el poder» reavivan «el resentimiento» en la sociedad española.

'The Guardian' dice que la amnistía es «un mal acuerdo, alcanzado de mala fe» y alerta del «peligro de que socave la fe en la democracia»

La investidura de Pedro Sánchez y los pactos a los que el presidente del Gobierno ha tenido que llegar para continuar al frente de La Moncloa copan desde hace semanas las portadas de los principales medios de comunicación en España. Por eso no es de extrañar que la situación política que atraviesa España, con sus respectivas manifestaciones en contra de la ley de amnistía y las protestas frente a la sede del PSOE en Ferraz, hayan dado un salto a la prensa internacional.

'The American Spectator' publicaba hace unos días un artículo de opinión en el que alertaban de que «un nuevo dictador de extrema izquierda llega a Europa». Firmado por Itxu Díaz, el periodista afirma que Sánchez es un líder totalitarista que «nos está robando la democracia delante de nuestras narices, ante la impotencia de la oposición y la pasividad de la comunidad internacional». Destacó el fracaso de Sánchez en las elecciones del 23J y denunció sus maniobras «para reunir a todos los parlamentarios de extrema izquierda, a los antiguos terroristas de ETA y a todos los nacionalistas regionales para impedir la investidura de la derecha con su voto».

«Sánchez ha vendido la nación entera a los caprichos de quienes dieron un golpe de Estado contra España en 2017, anunciando una amnistía incluso para los implicados en terrorismo, perdonando la deuda catalana (que ahora pagarán todos los españoles), introduciendo el concepto de lawfare en el acuerdo para que los políticos puedan perseguir ahora a los jueces que defendieron la legalidad constitucional en 2017, y comprometiéndose a la celebración de un referéndum de independencia ilegal e inconstitucional», denunció Díaz. Recordó, además, los lazos de Podemos y Sumar con los terroristas de Hamás y entendió que la mayoría de los españoles se opongan a estos pactos «porque acaban con la igualdad ante la ley (se perdonan los delitos si eres independentista catalán) y arruina a toda la nación».

El británico 'The Guardian', dedicó hace un par de días su sección 'The Observer' a Pedro Sánchez. El medio de izquierdas más influyente de Reino Unido recordó que fue el Partido Popular quien ganó las elecciones y que Sánchez quedó de segundo. «Muchos se preguntan si su triunfo ha tenido un coste demasiado alto para el sistema democrático del país». Añadió que el presidente «prometió solemnemente, antes de la votación de julio, no hacer exactamente lo que ha hecho ahora: es decir, perdonar a los separatistas». Calificó la actuación de Sánchez como un «abuso de confianza»: «Ha dado al público en general una razón más para no confiar en los políticos».

«La amnistía de Sánchez tiene todas las características de un mal acuerdo, alcanzado de mala fe, conseguido a un coste demasiado alto y que es poco probable que se mantenga por mucho tiempo. ¿Esta maniobra impopular, jurídicamente dudosa e insostenible está justificada por la necesidad de impedir el regreso al poder de la extrema derecha por primera vez desde la época de Franco? Apenas. Existe un claro peligro de que socave la fe en la democracia, aumente la desconfianza pública, alimente la inestabilidad y aliente a los extremistas a recurrir a métodos extraparlamentarios», concluyó 'The Guardian'.

Una «descarada reescritura de la historia
Igual de contundente se mostró 'Le Monde' en un editorial hace un par de días, cuando apreció que «buscar la permanencia en el poder sin una mayoría clara siempre tiene un coste político», que «será probablemente desorbitado». El diario progresista francés recordó que Sánchez ha conseguido formar Gobierno gracias al apoyo de Carles Puigdemont, a quien describe como el político que huyó de la Justicia tras el referéndum ilegal que tuvo lugar en Cataluña en 2017. Denuncia, además, el secretismo con el que el Gobierno negoció con él la ley de amnistía y muestra el peligro del devenir de la imagen del prófugo: «Convertir a Puigdemont y a otros independentistas en mártires, mientras que un nuevo juicio y una probable condena del expresidente catalán han reavivado el resentimiento».

Consideran que la «descarada reescritura de la historia» y las numerosas cesiones de Sánchez a aquellos que promovieron el desafío secesionista en 2017 «difícilmente pueden reconciliar a ambas partes». Sobre el texto de la ley de amnistía, afirman que «deja pocas dudas de que fueron los partidos independentistas quienes dictaron las líneas maestras, dando al texto un aire de autoamnistía difícilmente compatible con la 'defensa de la convivencia de los españoles' que reivindica el líder del PSOE».

El 'Financial Times', que al principio publicó un editorial donde respaldaba la ley de amnistía que Sánchez ha pactado con los independentistas, defendió ayer que «los principios fundamentales del Estado de derecho deberían defenderse, no socavarse, en una democracia madura». El diario británico alertó de que Sánchez «amenaza el imperio de la ley» y que las consecuencias de este acuerdo «tanto para España como para la defensa de la democracia en el resto de Europa».

Sobre el lawfare que han pedido los independentistas, la fundadora de España Mejor, Miriam González Durántez, quien firma el artículo, es tajante: «El acuerdo alcanzado por Sánchez incluye una amenaza explícita al poder judicial en el supuesto de que los jueces puedan socavar el acuerdo: se crearán 'comisiones de investigación' parlamentarias para revisar las decisiones judiciales bajo amenaza de cambios legislativos o 'acciones de responsabilidad' no especificadas». «Extender el Estado de derecho y quebrantar la separación de poderes no hará sino envalentonar a los enemigos de la democracia», concluye.
Apuntan que España «se ha consolidado como una democracia de éxito desde 1978, habiendo completado una transición que a menudo se cita como modelo a seguir», pero se sigue hablando de este país «como si Franco pudiese salir de la tumba en cualquier momento»: «Al centrarse continuamente en el conflicto histórico, la guerra civil y la extrema derecha, Pedro Sánchez ha encontrado la coartada perfecta para socavar la independencia judicial y el imperio de la ley».

'The Times', 'BBC', 'France24', 'The Washington Post', 'The New York Times', 'La Repubblica' o el 'Frankfurter Allgemeine Zeitung' son otros medios internacionales que siguen y analizan las informaciones que llegan desde España. Según ellos, en definitiva, son «concesiones» de Sánchez «al independentismo para permanecer en el poder».
Angie Calero.

17.11.2023.-

El socialista Pedro Sánchez compareció ante el Parlamento español para presentar su nuevo gobierno y el resultado de un acuerdo con la extrema izquierda de Sumar, y con los distintos grupos independentistas, como Junts, o en todo caso autonomistas-separatistas, como Vasco. El acuerdo allana el camino para una amnistía para los catalanes que habían proclamado un referéndum de independencia en 2017 en el que participaron hasta 300 convictos. Un gobierno que insatisface a muchos, tanto en términos de política interior como exterior, que también incluye una posición pro palestina.

Sánchez convirtió su cuarto discurso de investidura este miércoles en el Congreso de los Diputados en una carga  contra el Partido Popular (PP) y Vox,  contra quienes trabajó duramente durante buena parte de su intervención matutina desde la tribuna de oradores. Sólo al final de su discurso se refirió a la ley de amnistía aprobada apenas esta semana por el PSOE, que definió como "legal" y conforme a la Constitución. También en esa parte de su discurso atacó a los grupos de derechas, a los que responsabilizó, especialmente al PP cuando estaba en el Gobierno, de los hechos ocurridos en Cataluña en 2017. Sánchez llegó a decir que en realidad "los reaccionarios de derecha "No me importa ese control jurídico de los sujetos procesados ​​en el juicio, sino que es una excusa para frenar "los avances" que harán la nueva coalición PSOE y Sumar (Partido Comunista).


El socialista Pedro Sánchez compareció ante el Parlamento español para presentar su nuevo gobierno y el resultado de un acuerdo con la extrema izquierda de Sumar, y con los distintos grupos independentistas, como Junts, o en todo caso autonomistas-separatistas, como Vasco. El acuerdo allana el camino para una amnistía para los catalanes que habían proclamado un referéndum de independencia en 2017 en el que participaron hasta 300 convictos. Un gobierno que insatisface a muchos, tanto en términos de política interior como exterior, que también incluye una posición pro palestina.

Sánchez convirtió su cuarto discurso de investidura este miércoles en el Congreso de los Diputados en una carga  contra el Partido Popular (PP) y Vox,  contra quienes trabajó duramente durante buena parte de su intervención matutina desde la tribuna de oradores. Sólo al final de su discurso se refirió a la ley de amnistía aprobada apenas esta semana por el PSOE, que definió como "legal" y conforme a la Constitución. También en esa parte de su discurso atacó a los grupos de derechas, a los que responsabilizó, especialmente al PP cuando estaba en el Gobierno, de los hechos ocurridos en Cataluña en 2017. Sánchez llegó a decir que en realidad "los reaccionarios de derecha "No me importa ese control jurídico de los sujetos procesados ​​en el juicio, sino que es una excusa para frenar "los avances" que harán la nueva coalición PSOE y Sumar.

El candidato, que tomará posesión este jueves en la primera votación gracias al apoyo de los grupos independentistas a cambio de  numerosas concesiones  -en particular la  amnistía  para Carles Puigdemont y los juzgados por el 'procés', así como para los que cometieron episodios de violencia en Cataluña en 2019 tras la sentencia del Tribunal Supremo (TS)-, acusó a los de Alberto Núñez Feijóo, que le escuchó desde su escaño, de haberse sumado tras las elecciones municipales y autonómicas del 28 de mayo "a la club reaccionario de Trump, Le Pen y Abascal”, y desde allí armó un sinfín de reproches contra las dos formaciones que seguirán en la oposición tras su toma de posesión, sumando 170 escaños de los 350 que componen la Cámara de Diputados.

Desde negar el cambio climático, querer "mujeres en las cocinas, homosexuales en los armarios y inmigrantes en campos de internamiento", hasta haber dejado "miles de niños sin educación", una acusación repetida varias veces, que despertó la indignación de la bancada  popular  . . También se vieron afectados por la supresión de carriles bici en algunos municipios que cambiaron de color tras las elecciones de mayo. Según la candidata socialista y actual presidenta en funciones del Gobierno, “la única igualdad que peligra es la de las mujeres por los acuerdos del PP con Vox”.

Ante todo ello, Sánchez reiteró su apuesta por aumentar el Salario Mínimo Interprofesional (SMI) hasta el 60% del salario medio, crear un nuevo estatuto para los trabajadores y más a corto plazo, ampliar la bajada del IVA en algunos servicios    como transporte público gratuito para menores y jóvenes, lo que, admitió, tendrá que ver con "la coordinación de las comunidades autónomas", la mayoría de las cuales se rigen por la derecha.


El socialista Pedro Sánchez compareció ante el Parlamento español para presentar su nuevo gobierno y el resultado de un acuerdo con la extrema izquierda de Sumar, y con los distintos grupos independentistas, como Junts, o en todo caso autonomistas-separatistas, como Vasco. El acuerdo allana el camino para una amnistía para los catalanes que habían proclamado un referéndum de independencia en 2017 en el que participaron hasta 300 convictos. Un gobierno que insatisface a muchos, tanto en términos de política interior como exterior, que también incluye una posición pro palestina.

Sánchez convirtió su cuarto discurso de investidura este miércoles en el Congreso de los Diputados en una carga  contra el Partido Popular (PP) y Vox,  contra quienes trabajó duramente durante buena parte de su intervención matutina desde la tribuna de oradores. Sólo al final de su discurso se refirió a la ley de amnistía aprobada apenas esta semana por el PSOE, que definió como "legal" y conforme a la Constitución. También en esa parte de su discurso atacó a los grupos de derechas, a los que responsabilizó, especialmente al PP cuando estaba en el Gobierno, de los hechos ocurridos en Cataluña en 2017. Sánchez llegó a decir que en realidad "los reaccionarios de derecha "No me importa ese control jurídico de los sujetos procesados ​​en el juicio, sino que es una excusa para frenar "los avances" que harán la nueva coalición PSOE y Sumar.

El candidato, que tomará posesión este jueves en la primera votación gracias al apoyo de los grupos independentistas a cambio de  numerosas concesiones  -en particular la  amnistía  para Carles Puigdemont y los juzgados por el 'procés', así como para los que cometieron episodios de violencia en Cataluña en 2019 tras la sentencia del Tribunal Supremo (TS)-, acusó a los de Alberto Núñez Feijóo, que le escuchó desde su escaño, de haberse sumado tras las elecciones municipales y autonómicas del 28 de mayo "a la club reaccionario de Trump, Le Pen y Abascal”, y desde allí armó un sinfín de reproches contra las dos formaciones que seguirán en la oposición tras su toma de posesión, sumando 170 escaños de los 350 que componen la Cámara de Diputados.

Desde negar el cambio climático, querer "mujeres en las cocinas, homosexuales en los armarios y inmigrantes en campos de internamiento", hasta haber dejado "miles de niños sin educación", una acusación repetida varias veces, que despertó la indignación de la bancada  popular  . . También se vieron afectados por la supresión de carriles bici en algunos municipios que cambiaron de color tras las elecciones de mayo. Según la candidata socialista y actual presidenta en funciones del Gobierno, “la única igualdad que peligra es la de las mujeres por los acuerdos del PP con Vox”.

Ante todo ello, Sánchez reiteró su apuesta por aumentar el Salario Mínimo Interprofesional (SMI) hasta el 60% del salario medio, crear un nuevo estatuto para los trabajadores y, más a corto plazo, ampliar la bajada del IVA en algunos servicios  ,  como transporte público gratuito para menores y jóvenes, lo que, admitió, tendrá que ver con "la coordinación de las comunidades autónomas", la mayoría de las cuales se rigen por la derecha.
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07.11.2023.-

Este martes por la mañana, la Policía de Portugal ha registrado su residencia oficial.

El primer ministro portugués, António Costa, ha presentado esta tarde su dimisión tras conocerse que la Fiscalía lusa ha abierto un proceso penal contra él en el ámbito de la operación por presunto delito de corrupción vinculado al sector del litio y el hidrógeno verde. «Fui sorprendido hoy con la información oficialmente confirmada por la Fiscalía. La dignidad de las funciones de Primer Ministro no es compatible con cualquier sospecha sobre su integridad, su buena conducta y menos todavía sobre la sospecha de la práctica de cualquier acto criminal», ha afirmado Costa en un comunicado al país, justificando así su decisión de presentar su dimisión de su cargo frente al presidente de la República, Marcelo Rebelo Sousa.

El presidente de la República ha convocado mañana a todos los partidos políticos con representación en la Asamblea de la República y el Consejo de Estado tendrá lugar el próximo jueves. Al término de esta reunión, Marcelo Rebelo Sousa hablará al país para comunicar su decisión. El jefe de Estado ha aceptado dicha dimisión y cabe ahora saber si decide disolver el Parlamento y convocar elecciones anticipadas. Otra opción menos probable sería que el gobierno socialista, con mayoría absoluta en el Parlamento, presentase otro candidato.

Este martes el Ministerio Público y la Policía lusa han realizado 42 registros en varios ministerios y en la residencia oficial del primer ministro dentro de una operación por presunto delito de corrupción vinculado al sector del litio y el hidrógeno verde. Esta investigación cuenta ya con cinco detenidos, entre ellos el jefe de gabinete de Costa, Vítor Escária, y uno de sus amigos y hombres de confianza, el empresario Diego Machado. Además, el ministro de Infraestructuras, João Galamba, ha sido considerado imputado y otros miembros del Ejecutivo están siendo también investigados.

Costa, que gobierna en mayoría absoluta al frente del Partido Socialista (PS), ha afirmado que no tenía conocimiento de este proceso y que «estoy totalmente disponible para colaborar con la justicia en lo que sea necesario para apurar la verdad sea sobre cualquier materia». A lo largo de los casi ocho años que ejerce funciones como primer ministro asegura que «me he dedicado de alma y corazón a servir a Portugal y a los portugueses». Si bien estaba dispuesto a cumplir el mandato hasta el final de esta legislatura, deja el cargo mirando a los ojos a los portugueses afirmando «que no me pesa en la conciencia la práctica de cualquier acto ilícito».

En caso de nuevas elecciones está fuera de cuestión volver a presentarse una vez que «los procesos criminales raramente son rápidos. Es una etapa de la vida que se cierra y que la cierro con la cabeza erguida, con la conciencia tranquila y con la misma determinación de servir a los portugueses que cuando asumí este cargo», ha puntualizado.

La Fiscalía de Portugal ha justificado las detenciones realizadas esta mañana «por peligros de fuga, continuidad de actividad criminal, perturbación de la investigación y del orden y tranquilidad política», según el comunicado publicado. Los detenidos van a prestar declaración en un interrogatorio judicial para aplicarles las medidas de coacción. En la causa pueden estar «hechos susceptibles de constituir crímenes de prevaricación, de corrupción activa y pasiva de titular de cargo político y de tráfico de influencia». Se está investigando negocios de litio, en Montalegre, así como una investigación criminal relacionada con un megaproyecto en el área de hidrógeno verde en Sines. La prensa portuguesa habla de valores de inversión en este proyecto que pueden superar los 1,5 mil millones de euros.

21.110.2023.-

Nada daña más a los inmigrantes que tolerar que uno de ellos se aproveche de todos para destrozar la democracia y la convivencia.

No parece que Marlaska sea el más indicado para coordinar la lucha antiterrorista en Europa, atemorizada por la amenaza fundamentalista, que no es nueva ni menor: los datos oficiales indican que, desde 2010, las autoridades han detenido a 1.700 yihadistas en suelo europeo, responsables de decenas de atentados con cientos de muertos acumulados y la imagen de Las Ramblas, Londres, Bataclán, Marsella y antes Madrid fijada en la retina de todos.

Nada de eso cambió la política europea, sustentada en un buenismo negligente que no ha servido ni para integrar mejor a los inmigrantes decentes, que son sin duda la mayoría, ni para poner en su sitio a los peligrosos, que son una minoría no tan pequeña: la prensa publicó, allá por 2017, que entre nosotros, del norte al sur de Europa, podía haber hasta 50.000 individuos dispuestos a librar la «guerra santa», el eufemismo que utilizan para justificar la violencia más cruel que jamás hayamos visto.

Ahora Marlaska se enfrenta a la paradoja de pertenecer a un Gobierno que trata a los terroristas locales como si fueran voluntarios de una ONG, para que no les falte de nada y Bildu preste su apoyo; y a la vez sentar unas bases generales en Europa para contener la amenaza.

La responsabilidad es felizmente rotatoria y, como en el caso de Pedro Sánchez, terminará en tres meses que sin embargo se nos van a hacer muy largos en estas circunstancias.

De la confianza que despierta el exjuez, cuya participación en el traslado de cárcel de etarras ha sido decisiva y previa a su liberación al llegar al País Vasco, da cuenta un dato elocuente: diez de los 27 socios de la Unión no han esperado a sus propuestas y, desde hace días, controlan sus fronteras al margen de las indicaciones del Tratado de Schengen.
Alemania e Italia, entre otras, deciden ya quién y cómo entra, en un anticipo de lo que el propio Marlaska va a tener que afrontar: la expulsión de todo inmigrante que no consiga el asilo formal en Europa. De eso ha tratado la reunión de ministros del Interior europeos y a eso tienden todos los Estados.
Pero tal vez lleguemos tarde ya. Porque desde 2019, al menos, Europol y el propio Consejo Europeo son conscientes de una circunstancia simplemente estremecedora: el 60 por ciento de los responsables de actos terroristas son nacidos o nacionalizados europeos.

No vienen de ningún lugar remoto ni quieren escapar a ningún destino ignoto: son ingleses, franceses, alemanes, belgas o españoles en sus documentos legales de identificación, aunque su única nación sea la islámica y su único fin sea imponerla allá donde nacieron.
No ha habido, pues, multiculturalidad ni simbiosis alguna en esos grupos fácilmente identificables, como saben tantos y tantos inmigrantes estigmatizados injustamente por la estúpida tolerancia hacia aquellos que también les horrorizan a ellos: se han servido de los valores europeos, de sus normas y leyes, de su tolerancia y mestizaje, de sus libertades y derechos para extender un virus ya difícil de contener.

Y que Marlaska esté al frente de las operaciones, desde un Gobierno que legitima a Hamás por permitir la permanencia en su seno de ministros insultantemente agresivos contra Israel, no permite tener demasiadas esperanzas: no es que sea poner al zorro a cuidar a las gallinas, es más poner a una de ellas a protegernos de los lobos.

Antonio R. Naranjo.