La esposa de López Obrador fija residencia en La Moraleja (Madrid) después de haber exigido a España "pedir perdón" por la conquista
16.08.205.


Beatriz Gutiérrez Müller, la mujer del expresidente mexicano Andrés Manuel López Obrador (AMLO), ha causado revuelo tras conocerse que recientemente ha fijado su residencia en el exclusivo barrio de La Moraleja (Madrid), un hecho que podría no tener importancia si Gutiérrez Müller no hubiese ventilado hace apenas unos años su postura abiertamente antiespañola y negrolegendaria.

Pero el asunto no queda allí, pues la exprimera dama mexicana habría accedido incluso a la nacionalidad española a través de gestiones en la Embajada de España en México, que se terminaron concretando a mediados de este año, según ABC.

Aunque no existe un pronunciamiento oficial de Gutiérrez Müller sobre las razones que impulsaron la mudanza, distintos medios han asegurado que la principal de ellas es que su hijo comenzará pronto la carrera de Derecho en la Complutense.

La cosa sería de chiste si no fuese tan grave, puesto que tanto AMLO como la propia Gutiérrez Müller defendieron públicamente la leyenda negra antiespañola, que condena la gesta civilizatoria llevada a cabo en América. Ambos llegaron incluso a exigir a España «pedir perdón» por dichos hechos, causando reiterados altercados diplomáticos entre ambos países durante los años en los que López Obrador estuvo al frente del Gobierno mexicano.

El periodista mexicano Salvador García Soto incluso ha afirmado que Gutiérrrez Müller realmente fue la responsable de que López Obrador asumiese el tema de la «reparación histórica» como un punto de honor. «Fue ella quien le metió la idea en la cabeza a AMLO«, se lee en unas declaraciones de García Soto de principios de agosto en el medio El Imparcial.

VOX fuerza a la Comisión Europea a reconocer el escándalo de corrupción de Begoña Gómez y a amenazar con recuperar los millones europeos bajo sospecha


La Comisión Europea ha reconocido a VOX por escrito por primera vez que está al corriente de la investigación abierta por la Fiscalía Europea contra Begoña Gómez, esposa de Pedro Sánchez, por delitos de malversación, tráfico de influencias y prevaricación en contratos públicos financiados con fondos europeos.

La respuesta llega tras las preguntas parlamentarias presentada por VOX en la que señalaba que a la compañía respaldada por Gómez se le adjudicaron tres lotes por valor de 10,2 millones de euros con cargo al Fondo Social Europeo y a NextGenerationEU.

VOX preguntó expresamente a la Comisión: «¿Tiene la Comisión conocimiento de los casos que están siendo objeto de investigación por parte de la Fiscalía Europea relacionados con Begoña Gómez?

¿Ha notificado la Comisión a la OLAF sobre este asunto y solicitado información a las autoridades españolas para garantizar la protección del interés financiero de la Unión?

¿Iniciará la Comisión los procedimientos reglamentarios de recuperación de los fondos públicos en caso de probarse que se adjudicaron irregularmente?».

En su respuesta, la Comisión confirma que está al corriente del caso y que ha mantenido contactos con la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude (OLAF) y con las autoridades españolas para evaluar el impacto de la investigación en los fondos europeos implicados.

Además, advierte de que, si se confirman irregularidades en la adjudicación de los contratos, activará los procedimientos para suspender de inmediato los pagos y proceder a la recuperación de todo el dinero afectado.

Así, Bruselas pone bajo amenaza directa de bloqueo los fondos europeos vinculados al caso, marcando un precedente en la relación entre la Comisión y el Gobierno en un asunto que afecta directamente a la esposa de Sánchez.

La Sala de Apelación del Tribunal Supremo ha desestimado el recurso presentado por el exsecretario de Organización del PSOE Santos Cerdán
23.07.2025.-
 Contra la decisión que acordó el magistrado instructor de la trama Koldo, Leopoldo Puente, de decretar su ingreso en prisión provisional, comunicada y sin fianza por la comisión de posibles delitos de integración en organización criminal, cohecho y tráfico de influencias.

El tribunal en un auto de 30 páginas, al que ha tenido acceso Libertad Digital, comparte con el instructor que existe el riesgo de obstrucción de la investigación que justifica la medida cautelar de prisión, a la vista de los indicios obrantes en la instrucción de que el recurrente ejercía un "papel directivo y de control en la actividad criminal de los distintos partícipes" en la trama que investiga el cobro de comisiones a partir de la adjudicación de obras públicas a distintas empresas. "Está racional, objetiva y detalladamente fundada la consideración del Magistrado Instructor de existir un peligro de que pueda perjudicarse irremediable y gravemente la investigación por una actuación obstruccionista del recurrente", señala el auto de la Sala.

Frente a la alegación de la defensa de que la medida cautelar se ha adoptado sin que aparezcan elementos de criminalidad suficientes contra el investigado, la Sala indica en su auto que los indicios recogidos en la instrucción sobre la actuación delictiva y la participación de Santos Cerdán en la trama "son nutridos y poderosos".

Entre ellos destaca el "conjunto de conversaciones telefónicas protagonizadas por los propios investigados y que resultan claramente indicativas y confirmatorias de la realidad que se investiga, todas ellas encontradas en dispositivos electrónicos que se incautaron con ocasión de la entrada y registro efectuado en el domicilio de Koldo García Izaguirre".
La Sala indica que el instructor "considera estas conversaciones extraordinariamente elocuentes de la realidad de los hechos, de la participación en ellos de los investigados y de que el recurrente ostentaba en la trama unas funciones preeminentes y de dirección". El auto recoge varias de las conversaciones citadas que han sido subrayadas por la Fiscalía en su informe de impugnación del recurso de Cerdán. También se ha valorado el conjunto de mensajes de texto que Santos Cerdán envió a Koldo García, cuando José Luis Ábalos acababa de ser nombrado Ministro de Transportes.

Y a ello se une el análisis sobre numerosas adjudicaciones de obra pública que fueron otorgadas por el Ministerio de Transportes, siendo el investigado José Luis Ábalos su titular y Koldo García asesor de dicho departamento, a través de la Dirección General de Carreteras o de su entidad Administradora de Infraestructuras Ferroviarias (ADIF), que beneficiaron a la empresa Acciona Construcción, aun actuando en UTE con otras de menor envergadura, y cuando la adjudicataria no había presentado la mejor oferta económica, "sino que su oferta se había visto favorecida en la licitación por criterios de valoración subjetiva que estarían pervertidos".

Para los magistrados de la Sala, "el marco indiciario que se ha descrito desvela por sí solo la naturaleza de la actividad que se desplegó, así como el modo en que se desarrolló y cómo los investigados se repartían, de manera furtiva, unas cantidades portentosas e injustificadas de dinero, en un comportamiento que solo se muestra coherente con la actividad delictiva que se investiga".

Riesgo de destrucción de pruebas

El auto, tras analizar la doctrina del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, del Tribunal Constitucional y del propio Supremo sobre la prisión provisional, sintetiza un conjunto de signos o indicadores que ayudan a evaluar si en cada caso concurre un riesgo de destrucción de pruebas, confirmando que en el auto del instructor aparecen perfectamente reflejados indicadores que, por su número y consistencia, avalan la existencia de un riesgo concreto de obstrucción a la investigación desde fundamentos lógicos y razonables. "Con ello se justifica convenientemente que el instructor garantice la prosecución de la investigación sin unas erosiones que, en este estado inicial, serían particularmente lesivas para el esclarecimiento de la realmente acontecido y los fines perseguidos por la Justicia", añade el auto.


Según la Sala, el riesgo de perjudicar las pesquisas no es el genéricamente apreciable en la fase inicial de cualquier otra investigación. "En este supuesto, de las conversaciones antes analizadas se infiere fundadamente que el recurrente ejercía un papel directivo y de control en la actividad criminal de los distintos partícipes. Las conversaciones reflejan que Santos Cerdán impulsaba y hacía un seguimiento de la empresa a la que debían adjudicarse determinadas obras concretas. Desvelan que también era él quien pagaba a José Luis Ábalos y a Koldo García el dinero que les correspondía por las comisiones ilícitamente obtenidas. Se refleja de este modo, que era Santos Cerdán quien gestionaba y trasladaba la información de las empresas que habían comprometido el pago por determinadas obras públicas y que debían resultar beneficiadas con la adjudicación final, además de ser quien aparentemente conoció y validó unos mecanismos ocultos de pago que efectivamente se emplearon y que todavía se desconocen", señala la resolución.
Miguel Angel Pérez.

09.06 2025.-

La Presidencia del Gobierno ocupa un lugar destacado en el auto de procesamiento del fiscal general como nudo de estrategias para golpear políticamente a Díaz Ayuso.

Al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, le llegó el momento de decidir si quiere seguir siendo un muñeco roto en manos del Gobierno o un funcionario con dignidad personal. Ser imputado por el más alto tribunal penal del Estado y por un delito tan lesivo para sus funciones como el de revelación de secretos, es motivo suficiente, en el plano de la ética pública más esencial, para renunciar al cargo que ha utilizado para cometer esa infracción.

Es cierto que el auto de imputación dictado por el magistrado Ángel Hurtado se mueve en el terreno de los indicios y que será en el juicio oral cuando las acusaciones tengan que probar los hechos imputados a García Ortiz y a la fiscal Pilar Rodríguez. Pero la presunción de inocencia es una garantía constitucional compatible con el respeto que se debe a la función pública sometida a la sospecha por culpa del imputado. Dijo García Ortiz, al inicio de la investigación, que no dimitiría por la dignidad de la Fiscalía, pero es precisamente la dignidad del Ministerio Público la que reclama su dimisión inmediata, después de un auto de imputación que desmantela todos los argumentos contra la instrucción de Hurtado.

Pedro Sánchez ha vuelto a poner a España en otra situación insólita para un Estado de derecho. El máximo responsable del Ministerio Fiscal, nombrado directamente por el Gobierno, y cuya figura institucional está prevista por la propia Constitución, va camino del banquillo de los acusados. No hay precedentes en nuestro país, ni en ninguno de nuestro entorno democrático y europeo de una crisis de esta envergadura. Pero menos aún que la respuesta a la imputación judicial sea una sucesión orquestada de descalificaciones por parte del Gobierno y de la izquierda.

Tome nota Bruselas, para sus informes sobre el Estado de derecho, sobre la degradación a la que Sánchez y su coalición de socios está sometiendo a la Fiscalía. Los portavoces fanatizados del Ejecutivo y de la izquierda han corrido a apoyar a García Ortiz no porque realmente les importe su presunción de inocencia, sino porque les preocupa que, en un arranque de dignidad y autoestima, se le ocurra dimitir. Los apoyos a García Ortiz lo maniatan a las columnas de La Moncloa, para seguir siendo el burladero de las responsabilidades de Sánchez.

Precisamente la Presidencia del Gobierno ocupa un lugar destacado en el auto de Hurtado, como nudo de estrategias para desvelar los secretos que afectaban a Alberto González Amador y golpear políticamente a su pareja, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. Es la versión judicial de unos hechos notorios para la opinión pública, que ahora abren la puerta a nuevas investigaciones. Esa simbiosis entre García Ortiz y La Moncloa, con la intervención de medios complacientes entre uno y otra, es lo que explica el apoyo interesado, nada virtuoso ni compasivo, del Gobierno con el fiscal general. No, no es García Ortiz quien tiene que dar explicaciones, solo tiene que dimitir. Es el presidente del Gobierno quien debe darlas, porque el fiscal es simplemente un amortizado hombre de su confianza, quemado en la batalla política del PSOE contra Ayuso, ejecutor de una malversación de las potestades del Ministerio Fiscal para fines ilegales e inmorales. Políticamente, García Ortiz es otra víctima de la voracidad narcisista de Pedro Sánchez.

No está preparada la ley para una situación así. La fiscal Pilar Rodríguez sí quedará –o debería quedar– suspendida cautelarmente por haber sido imputada; pero su pareja de futuro banquillo, el fiscal general, podría librarse de una inhabilitación provisional más que justificada. Lo cierto es que a nadie se le ocurrió regular la situación en la que el fiscal general fuera a sentarse con ese cargo ante un tribunal penal, acusado por un delito de revelación de secretos.

Resulta triste pensar en cómo acogerán los fiscales cualquier instrucción o mandato que reciban desde hoy con la firma de García Ortiz, ordenando la persecución de uno u otro delito. Perdida la autoridad moral para dirigir al Ministerio Público, cabe esperar que tanto los órganos colegiados de la Fiscalía –la Junta de Fiscales de Sala y el Consejo Fiscal– como las asociaciones profesionales promuevan las acciones pertinentes para forzar a García Ortiz a explicar las razones por las que castiga a sus subordinados con su permanencia.

El maltrato del Gobierno socialista al Estado, a las instituciones, al Poder Judicial, ha llegado a esa cota en la que se pierde la legitimidad democrática que depende del ejercicio ético de la política. La democracia española está asediada por una trama de intereses que confluyen, todos, en el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.
ABC.

23.02.2.025.-

Hace exactamente 500 años, el 24 de febrero de 1525, Francia sufrió una de sus derrotas militares más trágicas en la batalla de Pavía, una batalla que marcó un punto de inflexión en las guerras italianas y tuvo importantes consecuencias para la historia de Europa. Este acontecimiento fue el resultado de una larga lucha entre las grandes potencias europeas por el control de la península italiana y resultó en la desafortunada captura del rey Francisco I.

El sueño italiano
Desde 1494, la península italiana ha sido escenario de rivalidades entre Francia y el Sacro Imperio Romano Germánico. Carlos VIII y luego su sucesor Luis XII decidieron invadir Italia para reclamar la corona de Nápoles. Sin embargo, Francia finalmente se vio obligada a abandonar sus reclamaciones en 1513 después de numerosas derrotas contra una coalición italiana. Sin embargo, en 1515, Francisco I revivió la política italiana de Francia al reclamar el ducado de Milán en nombre de una de sus bisabuelas, la duquesa de Orleans, nacida Valentina Visconti, hija del duque de Milán. Su rotunda victoria en la batalla de Marignano, el 13 y 14 de septiembre de 1515, le permitió imponer su dominio sobre gran parte del norte de Italia.

Sin embargo, un nuevo actor cambió el equilibrio de poder en 1516 cuando el joven Carlos de Habsburgo se convirtió en rey de España y luego elegido emperador del Sacro Imperio Romano Germánico en 1519. Esta situación colocó a Francia en una posición estratégica delicada. De hecho, ahora estaba atrapada entre las posesiones de Carlos V en España, los Países Bajos, Alemania e Italia. Para consolidar su autoridad y contrarrestar esta amenaza, Francisco I lanzó una nueva campaña en 1524 para asegurar su presencia en Lombardía. Su objetivo entonces estaba claro: tomar Pavía, cuyo asedio comenzó el 26 de octubre de 1524.

" Todo está perdido excepto el honor y la vida "
Tomando el mando de sus propios ejércitos, Francisco I movilizó 18.000 hombres y una poderosa artillería para debilitar las defensas de Pavía y crear una brecha en sus murallas. Sin embargo, la guarnición imperial resistió ferozmente, frenando considerablemente la ofensiva francesa. Mientras tanto, Carlos V organizó un contraataque y envió un ejército de socorro dirigido por Carlos de Lannoy, virrey de Nápoles, Fernando de Ávalos, marqués de Pescara, y Carlos de Borbón, un auténtico traidor ya que era un antiguo condestable de Francia que había pasado al servicio del Imperio.

El 2 de febrero de 1525, este ejército de 29.000 hombres sorprendió y rodeó el campamento francés, atrapando a Francisco I detrás de zanjas y empalizadas construidas apresuradamente. Según Paolo Cau, especialista en historia militar, en la noche del 23 al 24 de febrero, aprovechando la oscuridad y la niebla, las tropas imperiales decidieron lanzar un ataque sorpresa contra las posiciones francesas. Al mismo tiempo, la guarnición de Pavía realizó una salida para atacar a los franceses por la retaguardia.

Ante esta ofensiva coordinada, los franceses intentaron resistir, pero en vano. Francisco I dirigió entonces una carga desesperada con su caballería para repeler parte de las tropas imperiales. Pero la potencia de fuego de los arcabuceros españoles bien posicionados diezmó a los caballeros franceses. La confusión se instaló en las filas francesas: los mercenarios suizos se retiraron, mientras que varios grandes capitanes franceses, entre ellos Jacques de La Palice, La Trémoille y Bonnivet, murieron en combate. La batalla se convirtió rápidamente en una carnicería y Francisco I , herido, fue capturado por Carlos de Lannoy. El rey caballero, poco después de su derrota, envió una carta a su madre Luisa de Saboya diciéndole que " todo está perdido excepto el honor y la vida ".

El precio de la derrota de Pavía
La derrota en Pavía fue un desastre colosal para Francia. Además de las grandes pérdidas humanas y la muerte de muchos líderes militares excepcionales, la captura del rey sumió al país en una crisis política. Es la primera vez desde la captura de Juan II el Bueno en la batalla de Poitiers en 1356 que un rey de Francia es hecho prisionero en el campo de batalla. Francisco I fue entonces llevado a España, donde se vio obligado a firmar un tratado en Madrid en enero de 1526. Por este acuerdo, renunció a todas sus ambiciones en Italia, cedió todos los territorios de Borgoña a Carlos V y tuvo que pagar un rescate muy elevado.

En un primer momento, Francisco I consideró abdicar en favor de su hijo mayor para evitar esta humillación a Francia. El Parlamento de París respondió entonces a su petición felicitándolo por su altruismo personal en favor del bien del reino, pero también le anunció que esta decisión no le correspondía tomar en nombre de las leyes fundamentales del reino y del principio de indisponibilidad de la corona. Según este último, el rey no puede designar a su sucesor, ni cambiar el orden de sucesión, ni renunciar a sus derechos al trono, ni siquiera abdicar.

Al no ver otra solución, el rey cautivo finalmente ratificó los términos del tratado, pero también entregó a sus dos hijos mayores, el delfín Francisco de Francia, de siete años, y el futuro Enrique II, de seis, como rehenes a la corte de España a cambio de su libertad. Estos niños no regresarían a Francia hasta 1530 a cambio de un nuevo rescate.

Una vez liberado, Francisco I preparó su venganza y se negó a cumplir sus promesas, alegando que había sido obligado deshonestamente a aceptarlas. Este acto de desafío condujo a la formación de la Liga de Cognac, una alianza entre Francia, el Papa Clemente VII, Venecia y Florencia, destinada a contrarrestar la hegemonía de Carlos V en Italia. Sin embargo, a pesar de varios otros intentos militares, Francia nunca volvería a lograr establecer una presencia duradera en Milán o Lombardía. Las guerras italianas continuarían hasta 1559, pero Pavía marcó sin duda el fin del sueño italiano de Francia.
Éric de Mascureau.