13.11.2022.-

Cuentan las crónicas que de increíble, preocupante, tramposa, absurda y hasta de indecente han calificado algunos magistrados y fiscales del Tribunal Supremo la iniciativa que el Gobierno, a través de los Grupos Parlamentarios Socialista y Unidos Podemos, ha emprendido para derogar el delito de sedición y, en su lugar, modificar el de desórdenes públicos.

Lo ha hecho mediante una proposición de ley que, de forma rimbombante y embrollada a partes iguales, rotula "Trasposición de Directivas Europeas y otras disposiciones para la adaptación de la legislación penal al ordenamiento de la Unión Europea y, reforma de los delitos contra la integridad moral, desórdenes públicos y contrabando de armas de doble uso", lo que, además, se haría por el procedimiento de urgencia, con preterición de los informes del Consejo de Estado y del Consejo General del Poder Judicial, trámite necesario cuando se trata de una Ley Orgánica.

Aunque todo es discutible y más en Derecho, los argumentos de quienes censuran la propuesta me parecen certeros hasta el punto de que, sin temor a equivocarme, sostengo que en la reforma no existe la menor apariencia de juridicidad y que los patrocinadores de la idea creen que el mundo de las leyes es un guiñol y también un río revuelto con licencia para pescadores oportunistas que, en el presente caso, son los socios de legislatura del Gobierno y muy especialmente Esquerra Republicana (ERC).

Téngase presente que los grandes beneficiados son los líderes independentistas condenados por el Tribunal Supremo en la sentencia 459/2019, de 14 de octubre, y algún otro pendiente de juzgar. A cambio, al parecer, el Gobierno contaría con los votos de ERC para los Presupuestos. Incluso el presidente Pere Aragonés ha dicho que la derogación de la sedición es un primer paso, pues "la concordia sólo se alcanzará con la amnistía y un referéndum de autodeterminación", con lo cual está anunciando nuevos planes.

Para ser preciso en el análisis, éstas son algunas de las cosas que se pueden leer en el apartado V de la Exposición de Motivos de la proposición de ley que, conforme a los artículos 14 a 19, suprime el delito de sedición y lo sustituye por una figura agravada de desórdenes públicos. Veamos:

a) Que "(…) la revisión persigue (…) armonizar la legislación española sobre esta materia con la de los países de nuestro entorno, y (…) adecuar su regulación a la realidad histórica actual; (…)".

b) Que "(…) la escasa aplicación que hasta fechas recientes ha experimentado este delito ha impedido apreciar con claridad los graves problemas de interpretación que se derivan de la difícil delimitación del tipo penal y de la confusa definición de la conducta típica".

c) Que "(…) tampoco puede obviarse (…) el hecho de que la comisión de este delito puede presentarse vinculada en su desarrollo al ejercicio de derechos y libertades fundamentales como el derecho de reunión o la libertad de expresión (…)".

d) Que "(…) la reciente aplicación de este precepto ha puesto de manifiesto imprecisiones normativas de dudosa compatibilidad con el principio de legalidad penal y el de proporcionalidad (…), que se suman al carácter obsoleto y carente de reflejo en la legislación de los países europeos de nuestro entorno jurídico (…)". Fin de la cita.

Pues bien, esta argumentación que, junto a otras, el preámbulo de la proposición de ley ofrece para derogar el delito de sedición, tipificado, con esta rúbrica, en el Capítulo I del Título XXII del Libro II del Código Penal, no es jurídicamente aceptable. Y no lo es por los siguientes motivos:

a) Primero, porque, para empezar, sus autores olvidan que en ese mismo Título XXII y, concretamente, en el Capítulo VII, también bajo el epígrafe "Delitos contra el orden público", se regulan las "organizaciones y grupos terroristas y los delitos de terrorismo", entre los cuales existen tipos penales castigados con prisión permanente revisable y con penas de máxima duración.

b) Segundo, porque afirmar que el delito de sedición colisiona con los derechos constitucionales de reunión y manifestación es ignorar que el delito de sedición es bastante más que un delito contra el orden público. Lo dice de forma magistral la sentencia del procés cuando declara que "… Todo ello ha llevado a diferenciar el orden público de otros conceptos como el de paz pública, que permita construir un bien jurídico identificable con el interés de la sociedad en la aceptación del marco constitucional, de las leyes y de las decisiones de las autoridades legítimas, como presupuesto para el ejercicio y disfrute de los derechos fundamentales".

c) Tercero, porque tampoco la referencia al principio de proporcionalidad a partir del cotejo en el derecho comparado, es acertada, pues, con independencia de los nombres que reciba, ejemplos no faltan y el carácter delictivo de la sedición es incuestionable en esos países de "nuestro entorno" de los que habla la Exposición de Motivos.

Sirvan de botones de muestra la figura de la Seditious Conspiracy del Código Penal de los Estados Unidos que se reserva para la forma más grave de atentado contra el Gobierno. O el Código Penal alemán que en el artículo 81, integrado entre los delitos de alta traición, castiga con pena de prisión perpetua o de al menos 10 años, al que con fuerza o amenaza de fuerza cometa actos para socavar la existencia de la República Federal de Alemania o para cambiar el orden constitucional. O el Código Penal francés que en los artículos 410.1, 412.3 y 412.4 castiga con penas que pueden llegar a cadena perpetua, los ataques a la independencia de la nación, a la integridad de su territorio, a su seguridad y a la forma republicana de sus instituciones.

Y lo mismo si hablamos de Italia, donde el artículo 241 del Código Penal sanciona con pena privativa de libertad no inferior a 12 años los ataques contra la integridad, independencia o unidad del Estado. O de Bélgica, donde el atentado que tenga por objeto destruir o cambiar la forma de Gobierno o el orden de sucesión al trono se castiga con pena de 20 a 30 años e impone la misma pena al delito consumado y al intentado. O del Código Penal portugués que en el artículo 308 castiga como delito de traición con una pena de 10 a 20 años de prisión a quien, con abuso de funciones soberanas, intenta separar de la Patria una parte del territorio portugués.

d) Y cuarto, porque no pueden ser meros desórdenes públicos, por muy agravados que quieran hacerlos y sí una sedición –calificando el hecho con benevolencia–, si lo que ocurrió en Cataluña en octubre de 2017 volviera a repetirse. Aquello, e insisto, no fue, ni lo será nunca, sólo un desorden público.

Movilizar una parte de la ciudanía catalana como instrumento de presión y apoyo a un marco jurídico que, según dice el hecho probado de la sentencia, "… declaraba abolida la monarquía constitucional, convirtiendo al Presidente de la República en el Jefe del Estado catalán, que asumía su más alta representación (…), redefinía los límites territoriales que habrían de ser abarcados por el nuevo Estado y regulaba la sucesión del Estado catalán en la titularidad de los bienes y derechos del Estado español en Cataluña", es, repito, una sedición de manual. Aquí y en cualquier país que, al igual que el nuestro, se constituya en un Estado social y democrático de Derecho.

En fin, termino, aunque el asunto dé para mucho más. Sean sinceros los artífices de la proposición de ley encaminada a derogar el delito de sedición y reconozcan lo que niegan con un pasmoso cinismo. O sea, que el fondo de la reforma propuesta se reduce a términos de trapicheo jurídico y otros conceptos teóricamente destinados a quebrar el Estado de derecho y a desautorizar a los tribunales de justicia que en su día se pronunciaron sobre los graves sucesos ocurridos en Cataluña el 1 de octubre de 2017.
Ya que no hemos podido lograr que los jueces hicieran lo que nosotros queríamos que hicieran, dejemos sin efecto sus resoluciones. Ese y no otro es el fin real y último de la reforma legal emprendida por el Gobierno, por mucho que se pretenda disimular bajo impúdicas y muy distintas vestiduras. Lástima que algunos sean tan zascandiles y no sepan que aunque la ley, a veces, es un género confuso, sin embargo no lo es tanto como para que cuele el dar gato por liebre.

Lamento el diagnóstico, pero creo que la iniciativa tomada tiene un mal tufo, huele a fraude de ley, a amnistía encubierta. La proposición de ley que ha merecido estas líneas está hecha a la medida de lo que llevan pidiendo al presidente del Gobierno sus socios independentistas. Con ella no se pretende definir un orden abstracto de justicia y tendencialmente permanente. No. Con ella, muy al contrario, se renuncia deliberadamente a ambas cosas y se presenta como una norma ocasional, explicable sólo en función de una situación y un problema político concreto que se quiere enderezar.
Si esto es así, como una gran mayoría pensamos que es, entonces habrá que convenir en que los responsables de la decisión no son legisladores sino mercaderes de la ley que alteran su esencia, envenenándola.
Javier Pérez de Liaño.

11.11.2022.-

El Gobierno de Pedro Sánchez ha perpetrado la enésima traición aEspaña. La reforma del Código Penal por la puerta de atrás, sin los informes preceptivos del Consejo de Estado y el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), para suprimir el delito de sedición es una invitación a los golpistas para que cumplan su promesa de volver a dar un golpe de Estado como el de octubre de 2017.

La maniobra de Sánchez responde a las exigencias de ERC y tendrá efectos tales como que los golpistas ya condenados se puedan presentar a las próximas elecciones, el retorno de la fugada de ERC Marta Rovira y puede que también el regreso de Puigdemont, para quienes el Ejecutivo prepara un recibimiento triunfal además de impune.

La derogación del delito y la creación de los "desórdenes públicos agravados" pretende desmontar la sentencia, ya de suyo tibia, del Tribunal Supremo por la asonada de hace cinco años. Con la rebaja de quince a cinco años de prisión como máximo, todos los indultados ya pueden presentarse a las elecciones cuando quieran. Se trata de una amnistía encubierta con la que se avanza en las operaciones de desmantelamiento del Estado de Derecho en España. En ninguna democracia digna de tal nombre se admitiría que quienes han delinquido sean quienes rehagan las leyes para dejar sus tropelías en papel mojado. Además de grave, es un hecho inédito.

Después de los indultos y con la derogación del delito de sedición, triunfa el golpe de Estado independentista. Los principales dirigentes separatistas gozarán de una impunidad absoluta cuando se decidan a poner otra vez al Estado contra las cuerdas y a pisotear los derechos civiles de la mayoría de los ciudadanos de Cataluña y, por ende, los de resto de españoles.

Más allá de que con el anuncio de Sánchez quede al descubierto que mientras negociaba con el PP la renovación de la cúpula judicial urdía con ERC la reforma del Código Penal, el acuerdo con los separatistas supone blanquear los graves delitos cometidos hace cinco años y que el Tribunal Supremo ya rebajó de rebelión, que es lo que fue, a sedición, un tipo delictivo cuya aplicación en la condena abría la puerta a un trato penitenciario de favor, la rápida obtención del tercer grado y finalmente los indultos, como se pudo verificar paso a paso.

Sánchez ha puesto España a los pies de los golpistas que pretendieron destrozarla en 2017. Deja a la Nación sin defensa jurídica ante quienes operan sin tapujos para su destrucción, expuesta a la intemperie, vejada y traicionada por Sánchez y sus socios, a quienes en países como Alemania se juzgaría por "alta traición" con la posibilidad de la cadena perpetua que prevé el código alemán.

Porque es mentira que se pretenda adaptar nuestro Código Penal en la materia de golpismo a las legislaciones de otros países de nuestro entorno. Hasta en Bélgica tendría más castigo lo cometido por los separatistas hace cinco años, por no hablar de Francia, Italia y Portugal. Claro que la mentira es consustancial al sanchismo, como ha quedado acreditado una vez más. La alianza entre socialistas y separatistas catalanes y vascos es un peligro evidente para la unidad de España, para la igualdad de derechos y para el ejercicio de las libertades, puesto que sitúa a los golpistas por encima de la ley, al margen de cualquier imperativo legal, con las manos libres para desembocar en un referéndum de autodeterminación, que es el siguiente paso de la llamada "mesa de negociación" en la que Sánchez ha vendido España.

04-11.2022.-

En plena negociación presupuestaria, la portavoz de Vox eleva el tono y las críticas contra la presidenta y pone sobre la mesa sus reivindicaciones.

Rocío Monasterio se encuentra en una encrucijada de difícil resolución: la derecha ya tiene líder en Madrid y se llama Isabel Díaz Ayuso. Por si esto fuera poco, su apabullante victoria el 4 de mayo de 2021 hizo que Vox le diera un apoyo sin contrapartidas en su investidura.

Pero quedan poco más de seis meses para los próximos comicios y la dirigente madrileña del partido de Santiago Abascal busca diferenciarse en algo de su principal contrincante, con la que luchará por conseguir el mayor número de apoyos en el electorado de derechas. Tiene en estos momentos, además, una posición de fuerza: la negociación de los Presupuestos, donde Vox es clave para que el Ejecutivo regional saque adelante las últimas cuentas públicas de la legislatura.

Posición ésta en la que ya se hallaba hace un mes, cuando empezaron los contactos para esta negociación que coincidieron con el primer movimiento de Monasterio, que desconcertó e indignó al grupo parlamentario del PP y a todo el Gobierno madrileño con Ayuso a la cabeza: la decisión de activar su propuesta, que tenía registrada desde hacía un año en la Asamblea, de creación de una comisión de estudio sobre las residencias de ancianos.

Desde entonces y durante todas estas semanas, y a pesar de que fue finalmente retirada, la izquierda ha aprovechado el ruido generado por una polémica que nunca había abandonado del todo y que sólo ha dejado apartada tras la caótica apertura de los 80 centros sanitarios 24 horas.

Sobre esta última cuestión, Monasterio también ha decidido unir sus críticas a Más Madrid, PSOE y Unidas Podemos. En un tono más sosegado y sin convertirlo en el centro de sus reivindicaciones, la portavoz de Vox afea el trato que se le está dispensado a los médicos en Madrid. Lo ha hecho ya durante dos días consecutivos de esta semana. El último, este jueves en la Asamblea, durante una bronca sesión de control dedicada atacar a la presidenta por su gestión de la Sanidad. Instó a Ayuso a pagar "mejor" a los médicos. Quizá así, dijo, los madrileños no se encontrarían con problemas "en todos los centros de Atención Primaria". Para ello, propuso destinar "los más de 20 millones" de los cursos de formación de los sindicatos a aumentar las nóminas de los facultativos. Propuesta ésta que no salió adelante pues no contó con el apoyo de los populares.

Pero fue más allá. Monasterio decidió abandonar durante unos minutos el Pleno para hablar con los medios de comunicación. Desde los pasillos de la Cámara autonómica reivindicó la propuesta, que acababa de realizarle a Díaz Ayuso, de reducción del "gasto improductivo" y aprovechó la ocasión para hablar de dos asuntos más, uno por iniciativa propia y otro a preguntas de la prensa.

Monasterio ofrece "equipos de gestión" al PP
En este último se enmarcan sus críticas a los populares por la gestión de la Sanidad. "Yo quiero conseguir que funcione porque es una realidad que nos afecta a todos y cada vez va a haber que reforzarla más". La portavoz de Vox reiteró que "hay que pagar bien a los médicos. Se tienen que sentir valorados". Pero lo que "ha pasado es la precarización de las clases profesionales. Se está pagando mal precisamente a los que más se les exige en formación, en responsabilidad… Y esto no puede ser".

Monasterio llegó a ofrecer "equipos de gestión para recursos humanos" al Gobierno de la Comunidad de Madrid. "No hemos exigido un cambio. Lo que hemos dicho es que podemos aportar equipos de gestión", subrayó a la vez que recordó que "la realidad es que ha habido muchas dimisiones últimamente". Así las cosas, "está claro que ha habido un problema de gestión. El PP ya no gestiona bien porque ha perdido los equipos técnicos, que eran gestores. Y lo que viene por delante son unos meses en los que va a hacer falta gestionar, que no es gastar más sino gastar mejor", afirmó ante las preguntas de los periodistas.

Misma estrategia que con las residencias
Pero la portavoz de Vox se guarda otro as de presión y desgaste al Ejecutivo regional. No es otro que la exigencia de derogación de la conocida como Ley Trans de la Comunidad de Madrid, aprobada por el Gobierno de Cristina Cifuentes. Y es que considera que es aún peor que la de Irene Montero.

La pasada semana ya registró su propuesta de derogación en la Asamblea madrileña y, al igual que hiciera con la comisión de residencias, amenaza con pulsar el botón rojo para que la bancada popular se retrate. Esto es, desde el partido avisan de que la activarán para su debate en el Pleno esta legislatura. Y en este asunto parece que van en serio.

Aún no se conoce la fecha concreta de esta activación, pero Monasterio volvió a sacar ayer este asunto en los pasillos de la Cámara madrileña sin que nadie le preguntara por ello. "Seguimos convencidos de que hay que derogar la Ley Trans, pero estamos dando tiempo al Gobierno. No lo hemos sacado [hoy] aquí, no hemos activado nuestra propuesta ni hemos hecho una pregunta sobre eso. Estamos dando tiempo para que la señora Díaz Ayuso hable con el señor Feijóo y decidan dónde van a estar en la defensa de los niños".

Para Monasterio, hay que "proteger" a los niños de esa norma, que es "la más agresiva, la más a la izquierda, la más brutal" contra ellos, aseveró.

Tanto el grupo parlamentario popular —de boca de su portavoz, Pedro Muñoz Abrines— como la propia presidenta ya han contestado a Vox que no se cierran a modificaciones. Están dispuestos "a ciertas mejoras, pero no a la derogación". Para los de Monasterio esto no es suficiente aunque desligan este asunto, como los otros, de la negociación presupuestaria.
Olivia Moya

....Por una extraña razón, que solo podría existir en las mentes de los políticos que han decidido el uso cada vez más intensivo de estos sistemas de “urna electrónica”, se ha puesto en las manos de los sistemas informáticos la decisión fundamental de dar los resultados de la decisión de un pueblo en elecciones. Y cualquier sistema informático puede ser cambiado a la voluntad de quienes los manejan y controlan, sin dejar ningún rastro. El sistema de “urna electrónica” es efectivamente un instrumento para votar, pero también para ser utilizado literalmente para el entierro de la democracia. Y como veremos a continuación, mucha razón tenía Jair Bolsonaro de desconfiar de estos sistemas.
 
Si hay algún país que ha sufrido de estos sistemas automatizados, ha sido Venezuela desde el 2004, año en que el régimen cambió la LOPE (Ley Orgánica de Procesos Electorales) y los reglamentos del CNE para ajustarlo al llamado “voto electrónico”. A pesar de que la máquina electoral en Venezuela todavía emite comprobantes, el voto válido es el que indica la máquina, no el que provenga de cualquier auditoria posterior que se le haga a una mesa electoral. Pero no relataré aquí la historia de ese sufrimiento que ya he detallado a través de los años.

Solamente me detendré en los indicadores que apuntan a un fraude masivo en las pasadas elecciones presidenciales de Brasil, específicamente en la primera vuelta, como el que siempre denunciamos en Venezuela, debido a la existencia de la misma tecnología que impide al elector tener el control auditable de su preferencia electoral.
 
En un muy reciente informe de fecha 29 de octubre de 2022, titulado “2022, Primera Vuelta brasileña, Elecciones Presidenciales, Análisis de Vulnerabilidad” (ver Reporte  completo en inglés, en https://tinyurl.com/mwax3azj), publicado en las redes, expertos forenses aplicaron la Ley de Newcomb-Benford al conjunto de números hechos públicos por el Tribunal Electoral de Brasil (TSE), “mostrando inconsistencias en la tabulación de votos en varias regiones del país” (ver Expertos forenses sugieren "banderas rojas" matemáticas en la primera vuelta de las elecciones presidenciales brasileñas, citando la Ley de Benford, en https://creativedestructionmedia.com/analysis/2022/10/30/breaking-forensic-experts-suggest-mathematical-red-flags-in-first-round-of-brazilian-presidential-election-cites-benfords-law/), y específicamente en 2.637 Zonas Electorales, como revela el Informe.

Para aquellos no familiarizados con este tema técnico, la Ley de Newcomb-Benford es una metodología matemática que se ha utilizado para detectar anomalías en grandes conjuntos de datos, siendo un indicador muy confiable que señala la posible manipulación de los datos para favorecer un resultado numérico, y en consecuencia es necesaria una auditoría a fondo de todo el proceso. Fue utilizada para detectar la manipulación dolosa de los reportes financieros de ingresos y ganancias de Enron en los EEUU, siendo aplicada exitosamente en el caso venezolano para detectar el fraude en los resultados del Referendo Revocatorio de Hugo Chávez del año 2004 (les recomiendo especialmente ver El poder de la Matemática, en ).

Es preciso aquí que los venezolanos recuerden que también se aplicó esa metodología a la elección presidencial del 8 de octubre de 2012 en Venezuela, dando como resultado una anomalía similar a la descrita en Brasil en esta reciente elección.

De allí que sigamos afirmando que mientras se sigan utilizando sistemas informáticos como los que existen en Venezuela y Brasil, las elecciones nunca serán auténticas, dando paso cierto a la inestabilidad política, dándole paso a la permanencia o entronización de regímenes autoritarios y violadores de Derechos Humanos.
 
La publicación de este informe destaca que “las personas en Brasil no pueden informar sobre estos asuntos por temor a la persecución judicial”… “Como han informado recientemente tanto Fox News (ver Fox News https://twitter.com/foxnews/status/1586442776350162945) como el New York Times, hay una clara indicación de que los tribunales supremo y electoral son parciales y reprimirán a cualquiera que investigue la integridad de las elecciones en Brasil o a los periodistas que brinden información que podría interpretarse como un cuestionamiento de la integridad de los sistemas electorales o las propias acciones de aplicación de la corte”. Cualquier parecido a nuestra realidad, ya comienza a ser una mera coincidencia en Brasil. La plaga rojo-rojita ya está en plena operación internacional y haciéndose sentir en nuestro gran vecino, por obra y gracia del voto electrónico…
Luis Manuel Aguana.

02.11.2022.-

La presidenta madrileña señaló que lo importante no es lo que hable ella con el líder de la oposición, sino saber "qué pretende" Sánchez.

Desde que la pasada semana trascendiera que Isabel Díaz Ayuso había trasladado a Alberto Núñez Feijóo su disconformidad con las conversaciones que estaba manteniendo con el Gobierno de Pedro Sánchez para renovar el CGPJ, la izquierda centró sus ataques en la presidenta madrileña. Pero la jefa del Ejecutivo regional no fue la única dirigente popular en hacerlo. También se lo comunicaron así otros barones del partido, como el presidente andaluz Juanma Moreno.

Ya este miércoles, desde La Sexta quisieron preguntarle por esta cuestión. Para Ayuso "lo que hablemos el líder de la oposición y yo, sinceramente, es lo de menos, después del hecho gravísimo que se está sucediendo en este país. Lo importante es saber qué pretende Sánchez y qué no pretende Sánchez no renovando esto; qué habla y qué deja de hablar con golpistas; qué hacen para intentar amarrar la Justicia y que, ahora mismo, quienes están condenados por graves delitos se vayan a su casa sin cumplir penas ni siquiera pisar las cárceles".

La presidenta madrileña afirmó que "Sánchez nunca ha querido pactar absolutamente nada con el Partido Popular. Es más, lo que quiere el proyecto de Sánchez es tener al Partido Popular en la cárcel, a las instituciones presas, a los delincuentes en la calle y ellos blindados en el poder a cualquier costa. Esto es lo que está pasando en España".

Díaz Ayuso subrayó que "lo importante es quién está hablando el qué por detrás y qué pretende el proyecto de Sánchez. Y creo que el proyecto más autoritario que hemos tenido en democracia, que es el proyecto del señor Sánchez, no permite que haya oposición, no quiere que haya jueces ni fiscales haciendo su trabajo, ni quiere tampoco una opinión libre".
O. Moya