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Brotes:
El PP comienza a revertir la inmersión lingüística01.09.2023.-
En Baleares, Marga Prohens acaba con el requisito del catalán para ser sanitario. La falta de profesionales es aguda.

Con la eliminación del requisito de acreditar un título de catalán para ejercer de sanitario en las Islas Baleares, el nuevo Gobierno de la popular Marga Prohens pone fin a una imposición lingüística que en los últimos años ha supuesto un grave deterioro de la sanidad pública: la dificultad para cubrir las plazas hospitalarias en la comunidad es enorme, y quien lo está sufriendo es el ciudadano.

En su deriva nacionalista, el anterior ejecutivo de la socialista Francina Armengol, que dedicó muchos esfuerzos políticos y recursos públicos a la ficción cultural, histórica y jurídica de los Països Catalans, antepuso el conocimiento del catalán a la preparación profesional y académica de los aspirantes a médicos y enfermeros, tanto en las pruebas de acceso como en lo referente a los traslados y a la promoción interna. Miles de baleares salieron entonces a las calles con el lema Los idiomas no salvan vidas para denunciar que el socialismo había puesto la obsesión identitaria por encima de la calidad de la sanidad y de la necesidad ciudadana. Finalmente, incluso Armengol se vio obligada a poner su ley un tiempo en suspenso porque el efecto ha sido un déficit de profesionales que se sufre especialmente en determinadas áreas del rural. No es una casualidad, en fin, que Armengol fuera la candidata para presidir el Congreso que Carles Puigdemont le exigió a Pedro Sánchez para darle su apoyo.

La medida, acordada entre el PP y Vox -que apoya a Prohens como socio externo-, tiene que ser celebrada. Sin embargo, solo es un primer paso que dar en una comunidad donde el socialismo y el nacionalismo han utilizado el catalán como una vía de segregación social, a imitación de lo ocurrido con las leyes impositivas de los secesionistas en Cataluña y País Vasco. El PP de Baleares es un partido que históricamente se identifica con la ambigua idea del «bilingüismo cordial» puesta en valor por Alberto Núñez Feijóo, un concepto que solo cobra sentido para el votante popular si implica acabar con la marginación del castellano y su defensa como lengua vehicular de todo el Estado.

Con los nuevos Gobiernos del PP y Vox, Baleares y también la Comunidad Valenciana tienen una oportunidad para revertir la inmersión lingüística -que no es un valor de pluralismo sino una barrera- promovida por el PSOE y los nacionalistas. Los pactos incluyen compromisos como la supresión del valenciano y el catalán para convertirse en funcionario, una exigencia que empobrece a la sociedad y discrimina. La gran lucha de derechos para el ciudadano se da en la educación, donde se hace urgente recuperar la convivencia razonable entre las dos lenguas cooficiales de ambas regiones tras ocho años de marginación del castellano, cuya vehicularirad debe recuperar el PP.

La lengua española es vertebradora de una idea cívica de España. No se trata de imponer un modelo monolingüe, sino de acabar con la anomalía que supone la exclusión nacionalista. Los derechos pertenecen a los habitantes y no a las lenguas.
ElMundo.

Brotes:
Un enorme error de Feijóo que aún puede y debe rectificar.24.12.2023.-

Puede parecer una idea brillante que la Comisión Europea ejerza como mediador en la negociación entre socialistas y populares para la renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). En una lectura muy superficial, el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, habría atrapado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en sus propias contradicciones. Ya que negocia toda clase de concesiones a sus socios separatistas en presencia de un "verificador" salvadoreño, Sánchez no disponía de mucho margen de maniobra para negarse a aceptar la condición de Feijóo de que la Comisión Europea supervise las conversaciones.

Sin embargo, con Sánchez no se puede pactar absolutamente nada mientras persista el golpe contra la democracia y la entrega de España a golpistas y terroristas. El líder socialista se ha jactado de levantar un muro contra más de media nación y en ese contexto sentarse a negociar con él es una claudicación, un error de proporciones mayúsculas, la aceptación de una derrota segura. Como primera providencia, Sánchez debería retirar inmediatamente la ley de amnistía y cancelar las comisiones parlamentarias pactadas con los separatistas para la caza de brujas contra los jueces.

Esa rectificación sería la condición imprescindible, pero no la única, para negociar con un dirigente que carece por completo de palabra, que ha hecho de la mentira compulsiva su santo y seña y que además es un especialista en tender trampas y desdecirse de sus compromisos. El cambio en la Ley Orgánica del Poder Judicial para que los jueces sean quienes elijan a los jueces también debería ser previo (no en paralelo ni mucho menos a posteriori) a cualquier negociación, ya que es obvio que una vez consumado el asalto de socialistas y separatistas al CGPJ, Sánchez no tendría incentivo de ningún tipo para modificar dicha norma y despolitizar en la medida de lo posible la designación de jueces.

Que la Comisión Europea vaya a supervisar los perfiles "independientes" de los vocales no es garantía de nada porque la raíz del problema es el sistema de designación. Ahí radica la contaminación política del Poder Judicial. Por muy independientes que puedan parecer los elegidos, siempre serán sensibles a las directrices políticas de los partidos que les hayan avalado. De modo que la negociación abierta por Feijóo supone entregar el CGPJ a la izquierda y a los separatistas en un momento especialmente delicado para nuestra democracia. Los jueces se han convertido en el principal dique de contención institucional contra el asalto golpista. Negociar ahora con Sánchez la renovación del CGPJ es entregarle el órgano de gobierno de los jueces al Ejecutivo y facilitar la destrucción de la separación de poderes.

Queda en entredicho la posición de firmeza de Feijóo y su papel tanto en el Congreso como en el liderazgo de las movilizaciones ciudadanas contra el golpe sanchista. La credibilidad del líder popular queda seriamente tocada. ¿Cómo es posible que quien ejerce de ariete de la resistencia contra la liquidación de la democracia se avenga a negociar con el jefe de los golpistas? ¿Con qué cara se le dice a la sociedad española que se acepta entablar conversaciones con quien lejos de cesar en su operación de derribo de la democracia se mantiene firme en sus destructivos propósitos? ¿Qué crédito puede tener en la Unión Europea acusar a Sánchez de golpista al tiempo que se departe con él sobre el desmantelamiento del Poder Judicial y el aplastamiento de su independencia?

Feijóo debe rectificar. La mera presencia de observadores de la Unión Europea no es una garantía suficiente y aún menos cuando Sánchez no contempla en absoluto rectificar respecto a la ley de amnistía, la persecución contra los jueces y las concesiones lingüísticas, identitarias y económicas a los enemigos de España. El presidente del Gobierno ha convertido la política en una patología. Nada se puede esperar de quien es incapaz de cumplir un acuerdo que no redunde en su exclusivo beneficio, de alguien que paga sus facturas con cargo a la igualdad de los españoles y sus libertades y derechos, de quien entrega Cataluña y el País Vasco a los enemigos de la nación que han instaurado en esas regiones regímenes nacionalistas de sesgo totalitario y liberticida. Si los socios de Sánchez no son de fiar por el uso de la violencia, el desprecio a la democracia y el odio a España y a los españoles, menos aún lo es él, que ha escogido con entusiasmo semejantes compañeros de viaje.
LD

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