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CATALUÑA
Brotes:
Cataluña, el agujero negro de las cuentas públicas en España que roza los 100.000 millones de euros..
06.08.2023.-
El separatismo se ha traducido en pérdida de riqueza y un fuerte endeudamiento para el conjunto de los catalanes en los últimos años.
Casi 100.000 millones de euros. Esa es la factura inicial que plantean ERC y Junts, los socios independentistas del PSOE, para investir de nuevo como presidente del Gobierno a Pedro Sánchez. Y es que las negociaciones apenas acaban de comenzar.
Por un lado, los separatistas quieren reducir en 20.000 millones de euros la aportación que realiza Cataluña a las cuentas generales del Estado para financiar los servicios públicos del resto de comunidades autónomas. En el fondo, se trata del famoso Pacto Fiscal, el plan inicial que propuso Artur Mas en 2012 para convertir Cataluña en el tercer fuero de España, a imagen y semejanza de País Vasco y Navarra, que cuentan con haciendas propias para recaudar los impuestos en sus territorios y, posteriormente, mediante la aplicación de un cupo, pagan por los servicios que, teóricamente, presta el Estado en ambas regiones.
Y, por otro, reclaman la condonación de la ingente deuda que ha acumulado Cataluña con el Estado a través del Fondo de Liquidez Autonómica (FLA), un mecanismo de financiación extraordinario vigente desde 2012, cuya cuantía ya supera los 70.000 millones de euros.
Sin embargo, lo que no cuentan los independentistas es que, a diferencia del tradicional victimismo que venden a nivel político, su mala gestión, especialmente tras el referéndum ilegal de 2017, ha terminado por convertir Cataluña en el agujero negro de las cuentas públicas en España.
Aunque, tradicionalmente, Cataluña era la mayor economía de España, hace años que ha sido superada por Madrid. La Comunidad de Madrid aporta casi el 20% del PIB nacional, mientras que Cataluña se mantiene estancada en el 19%.
El año del procés, 2017, Cataluña creció por debajo de la media nacional y un 30% menos que Madrid. Y, desde entonces, esta senda se ha mantenido en el tiempo. Como resultado, la renta per cápita ha crecido con mucha menos fuerza en Cataluña, al tiempo que ha sufrido una importante fuga de capitales y empresas.
Y lo mismo sucede con las cuentas públicas. Cataluña acumula un déficit de más de 8.400 millones de euros desde 2017. Y es la región más endeudada de España, con casi 85.500 millones de euros, equivalente al 33% de su PIB -tan sólo superada por la Comunidad Valenciana-, y 11.000 euros per cápita. Madrid, por el contrario, es la autonomía de régimen común con menos deuda (14% de su PIB) y tiene una deuda per cápita de 5.500 euros, la mitad que Cataluña.
Madrid, la más solidaria
Asimismo, en cuanto al sistema de solidaridad interterritorial, Madrid es la región que más aporta a la caja común, con casi el 70% del Fondo de Garantía de los Servicios Públicos Fundamentales, que sirve para financiar parte los hospitales y escuelas del resto de comunidades, muy por encima de las otras dos regiones que realizan aportaciones netas, como Cataluña (24%) y Baleares (3%).
Y se amplía la perspectiva temporal, tomando como referencia el periodo 2009-2020 (en 2009 es cuando se aprueba el actual Sistema de Financiación Autonómica), la aportación total de Madrid supera los 40.000 millones de euros, casi tres veces más que Cataluña (14.000 millones).
M. Llamas.
Brotes:
Del "todo vale" a la independencia "de facto"[/color][/size][/b]
07.09.2023.-
Esta semana se cumplen seis años de las infaustas jornadas del 6 y 7 de septiembre de 2017, en las que el Parlament de Catalunya aprobó las llamadas leyes de desconexión: la ley del referéndum de autodeterminación y la ley de transitoriedad jurídica y fundacional de la república.
Es imprescindible rememorar hoy lo acaecido en aquellos días para poner en contexto muchos de los acontecimientos que están marcando la actualidad política española en los últimos meses.
En democracia las formas son fundamentales, dado que solo la estricta observancia de las reglas del juego (los procedimientos legalmente establecidos) puede garantizar el respeto a los derechos fundamentales de los ciudadanos, así como el amparo y protección de éstos frente la arbitrariedad de los poderes públicos.
Partiendo de esta base, lo cierto es que el mes de septiembre de 2017 no pudo empezar peor. La reforma previa del Reglamento de la Cámara autonómica para posibilitar la aprobación de las citadas leyes fundamentales mediante un trámite exprés de lectura única -sin debate ni enmiendas, vulnerando así los más elementales principios parlamentarios que deben respetarse en cualquier estado de derecho- no hacía sino abundar en el "todo vale" con el que los partidos secesionistas pretendían alumbrar su nuevo estado.
Con independencia del imposible encaje en el ordenamiento constitucional español de los textos normativos aprobados en aquellas jornadas, se hace necesario recordar algo que frecuentemente se ha pasado por alto y que supone un aspecto enormemente relevante en relación con las leyes de desconexión: la ley del referéndum de autodeterminación regulaba un proceso consultivo carente de las más mínimas garantías de transparencia exigidas por los organismos internacionales para cualquier proceso referendario, y la ley de transitoriedad jurídica y fundacional de la república pretendía alumbrar un nuevo estado de tintes claramente autoritarios.
La cuestión no es baladí, puesto que sitúa el debate no ya solo en la evidente ilicitud de la secesión de una parte del territorio español, sino también en las características del nuevo estado independiente eventualmente resultante de dicha secesión. Y, en este sentido, las conclusiones no pueden ser más desoladoras.
Rememorar aquellos días convulsos sirve para recordar cómo, a través de una argucia formal claramente contraria a los principios rectores del parlamentarismo democrático, fue objeto de irregular aprobación una ley que pretendía regular un referéndum carente de las más mínimas garantías democráticas. Una consulta que, caso de prosperar, habría dado lugar al nacimiento de un nuevo estado y a un proceso constituyente de carácter populista y asambleario regido por principios enteramente ajenos a las normas básicas del estado de derecho en el marco de la Unión Europea.
Seis años después, el separatismo catalán está a punto de conseguir por la puerta de atrás y por la vía de facto lo que finalmente no consiguió en aquel torpe golpe de estado (que lo fue) de 2017.
Asistimos en estas últimas semanas a la escenificación de debates y campañas mediáticas que abordan de forma frívola y carente de rigor cuestiones de gran trascendencia para nuestra democracia por el simple hecho de que están en la agenda de negociación de los partidos nacionalistas de cara a un eventual apoyo a la investidura del presidente del Gobierno de España.
Se mezclan burdos argumentos para intentar sustentar un imposible encaje constitucional de una ley de amnistía incompatible con el principio de igualdad de todos los ciudadanos ante la Ley, fundamento básico de cualquier Estado de derecho. Argumentos que, además, legitiman el relato secesionista creando expectativas en torno a un referéndum sin posible encaje jurídico, al menos en la acepción vinculante de la consulta que el separatismo pretende.
Esto nos lleva a sospechar que en algún momento se ofrecerá una "consulta no vinculante" -no olvidemos que en los últimos meses se ha vuelto a poner sobre la mesa la vía canadiense-, obviando que cualquier fórmula de estas características requiere inexcusablemente una lealtad institucional que el nacionalismo ignora desde hace ya décadas.
Por otro lado, ha pasado bastante desapercibido el intento de recuperación del proyecto de consejos autonómicos de justicia, con quiebra del principio constitucional de unidad jurisdiccional previsto en nuestra Carta Magna. Una iniciativa que encaja a la perfección con la vieja obsesión del nacionalismo catalán por controlar desde la Generalitat al poder judicial, y que constituyó prácticamente la única objeción de nuestro Tribunal Constitucional al texto del Estatuto de 2006.
Esta cuestión adquiere especial relevancia si tenemos en cuenta el papel que nuestro Poder Judicial ha tenido durante estos últimos años frente a los excesos del separatismo. Resulta una obviedad que el objetivo no es solo la ruptura del principio de separación de poderes, sino también la definitiva desaparición del Estado en Cataluña. Esa y no otra es la fase final de un nuevo procés encaminado a conseguir la independencia de facto sin el estrépito de un nuevo golpe de estado.
La cesión a la Generalitat del control de las fronteras y un hipotético repliegue del territorio catalán de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado -asuntos también presentes en la mesa de negociación- consagrarían el total desarme del Estado y el efectivo control del territorio por parte de los secesionistas. Estaríamos así ante un escenario previo a la independencia soft que constituye la nueva hoja de ruta del nacionalismo.
Ocurre, sin embargo, que los ciudadanos leales al marco constitucional no estamos dispuestos a ser moneda de cambio una vez más. Si más de un millón de catalanes salimos indignados a las calles en octubre de 2017 no fue para que, pocos años después, nos vendan al separatismo por un puñado de monedas.
Eloy Moreno Tarrés es abogado y Secretario de la Junta de Societat Civil Catalana.
Brotes:
El juez certifica las "estrechas relaciones" de Puigdemont y el Kremlin, amplía la investigación y complica la amnistía29.01.2.024.-
El juez de Barcelona que investiga al entorno de Puigdemont por sus contactos con el Kremlin prorroga seis meses la causa dada su complejidad.
Los problemas judiciales de los dirigentes golpistas a los que pretende amnistiar el Gobierno de Pedro Sánchez no acaban con el sumario del magistrado de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón sobre el Tsunami Democràtic y las acusaciones por terrorismo. Otro juez, el titular del juzgado de instrucción número 1 de Barcelona, Joaquín Aguirre, ha notificado este lunes la prórroga por seis meses del sumario relativo a la trama rusa del Procés, los contactos de personajes del entorno de Puigdemont con agentes y diplomáticos rusos estrechos colaboradores de Vladimir Putin.
Este caso ha sido por un informe de la Unión Europea sobre la guerra híbrida que practica Rusia contra la Unión Europea y en el que el proceso separatista catalán fue uno de los factores de alto riesgo en 2017 así como de reportajes en la prensa internacional sobre las vinculaciones de Puigdemont con el régimen de Putin, que también utilizó al exlíder escocés Alex Salmond.
En el auto, el juez Aguirre señala que "dada la extraordinaria complejidad de la causa, con la abundante documentación administrativa adjunta (decenas de miles de folios), gran cantidad de ella aún por revisar y analizar, y los voluminosos informes remitidos por la policía judicial, resulta absolutamente imposible terminar la instrucción, por lo que procede mantener la declaración de la complejidad de la causa y la prórroga de la instrucción por término de seis meses a contar desde el 1 de febrero de 2024, a fin de practicar las diligencias antedichas y las que se deriven de ellas, que en este momento es imposible prever".
Cataluña, la Suiza de las criptomonedas
Las diligencias aluden a nuevas investigaciones sobre el ofrecimiento de una Cataluña independiente a la Rusia de Putin para que la nueva república se convirtiera en una suerte de Suiza de las criptomonedas a cambio de apoyo económico y militar del Kremlin. Las pesquisas incluyen también los contactos de personajes como el director de gabinete de Puigdemont, Josep Lluís Alay, de David Madí, que fue la mano derecha de Artur Mas, o Víctor Terradellas, que fue responsable de relaciones internacionales de Convergencia con elementos del entorno de Putin, agentes de sus servicios secretos y diplomáticos así como personajes de la extrema derecha alemana e italiana.
En el texto judicial se destaca que "consta acreditado que Josep Lluís Alay tuvo con el abogado de Carles Puigdemont, Gonzalo Boye, una serie de conversaciones por mensajería instantánea que revelan de manera inequívoca sus contactos con altos dirigentes del Kremlin, ya que se refieren a la necesidad de que Puigdemont no critique la labor de Putin respecto al disidente Navalny y que tampoco critique al presidente de Bielorusia Viktor Lukashenko. Ambos también viajaron a Rusia para entrevistarse con los más altos capos de la mafia rusa, tales como Zakhar Kalashov, Vasili Kristoforov, Koba Shermazashivili y, posiblemente también con Evgeni Primakov, un político relevante en el Kremlin".
El auto señala también una reunión en el palacio de la Generalidad y en presencia de Puigdemont con un par de sujetos que formaban parte de la diplomacia paralela de Putin. Uno de ellos, según información anónima remitida al juzgado, sería Nikolay Sadovnikov. Según esa documentación remitida al juzgado "en la reunión con el presidente de la Generalitat, varios testimonios confirman la oferta que realizó Sadovnikov de varios miles de soldados y de millones de dólares a cambio de que una Cataluña independiente fuera una Suiza de las criptomonedas".
En el sumario también se investiga a Elsa Artadi, estrecha colaboradora de Puigdemont en la fase final de la asonada separatista y que dejó la política hace un par de años. Su nombre aparece en dos reuniones con emisarios rusos, entre ellas la que se lleva a cabo en la Generalidad poco antes de la declaración unilateral de independencia de finales de octubre de 2017.
Pablo Planas.
Brotes:
El juez de Tsunami pide a la Guardia Civil que localice al diputado de ERC que se ha fugado a Suiza.05.02.2024.-
Subraya que la causa se siguió desde el inicio por terrorismo en un auto que acuerda más diligencias.
El juez de la Audiencia Nacional Manuel García-Castellón ha ordenado a la Guardia Civil que averigüe el paradero del diputado de ERC en el Parlament Rubén Wagensberg, que forma parte del elenco de investigados en el caso Tsunami Democràtic, ante las informaciones que apuntan a que podría haberse marchado a Suiza.
Según explica, «puesto que una de las finalidades de la fase de instrucción es la de asegurar las personas responsables de los hechos delictivos investigados, determinar la localización de Rubén Wagensberg Ramón y asegurar su disponibilidad ante el órgano de instrucción, resulta un hecho relevante para los fines de la instrucción sumarial».
«Atendida la posibilidad que el investigado pudiera haber tratado de abstraerse de la acción judicial, se acuerda requerir a la Unidad policial investigadora, UCE 3, de Guardia Civil, a fin de que realicen las comprobaciones pertinentes para asegurar si el investigado se encuentra en su domicilio y si acude a su lugar de trabajo habitual», detalla la resolución.
El auto acuerda asimismo otra batería de diligencias, pero por el camino lanza un aviso a navegantes como recordatorio de que la causa contra Tsunami Democràtic se abrió por delitos de terrorismo con el plácet del fiscal y ya en julio del año pasado el juez puso por escrito que eran ilícitos de esta índole en una resolución contra la que «no consta recurso alguno ni por la Fiscalía ni por ninguna de las defensas ya personadas en aquel momento». Recuerda además, que las comisiones rogatorias remitidas tanto a Suiza como a Estados Unidos en el inicio de la causa hablaban «expresamente de delito de terrorismo».
Recuerda a Suiza los convenios antiterrorismo.
Tras esta exposición, acuerda ampliar la comisión rogatoria enviada a Suiza para incorporar a la reclamación de información -se pidieron cuentas bancarias y también el domicilio de la dirigente de ERC Marta Rovira- para recoger explícitamente que su Estado es firmante de los mismos convenios que España en materia de terrorismo en el contexto específico de la protección de la seguridad de la aviación civil.
En concreto, incorpora a la petición de colaboración judicial «la información de AENA y ENAIRE» sobre el bloqueo orquestado por Tsunami Democràtic en el aeropuerto de El Prat el 14 de octubre de 2019 porque considera que esos datos «permiten consolidar la existencia de unos hechos susceptibles de tipificarse conforme a las infracciones previstas en el Convenio de Montreal de 1971 y el Protocolo de 1988», que son los que refieren como ilícitos terroristas los actos que atenten contra la seguridad aérea.
En paralelo, ordena recabar de la Agencia Española de Seguridad Aérea información relativa a los sucedido en El Prat e informar de los mismos a la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI) para que acredite si se ha realizado alguna actuación al respecto.
Isabel Vega.
Brotes:
La estafa del socialismo catalán.11.05.2.024.-
Votar al PSC, no es muy diferente que hacerlo al partido del fugado Puigdemont.
Las encuestas de última hora pronostican una cerrada pugna entre el PSC de Pedro Sánchez y Salvador Illa y el prófugo Carles Puigdemont, cuya campaña se basa en la amnistía conseguida a cambio de mantener a Sánchez en la Moncloa y en el consecuente regreso del líder del golpe de Estado separatista.
El socialismo catalán ha pretendido venderse durante esta campaña electoral como una alternativa al separatismo cuando en realidad es una cara de la misma moneda procesista, un partido sin el cual el nacionalismo no habría impuesto en Cataluña políticas como la inmersión lingüística en las escuelas en contra del español. Ese es solo un ejemplo de la enorme contribución del PSC-PSOE a la Cataluña separatista que ha hecho del odio a España una de sus señas de identidad.
A pesar de algunas proclamas vagamente constitucionalistas, votar al PSC no es muy diferente de votar al partido de Puigdemont. No hay más que ver los apoyos recabados por Illa de exconsejeros de Puigdemont o el fichaje del "major" de los Mossos Josep Lluís Trapero, famoso por la paella con Puigdemont y Rahola en Cadaqués, por no acatar las órdenes del coronel de la Guardia Civil Diego Pérez de los Cobos para detener el golpe de Estado y por poner a los mossos de perfil, en el mejor de los casos, durante la asonada y el referéndum ilegal.
Con el mantra del apaciguamiento y con la amnistía, los socialistas contribuyen a la purga del constitucionalismo en Cataluña y a dar alas a los separatistas para que puedan volver a intentar el golpe de Estado, tal como proclaman sus líderes siempre que tienen ocasión.
El PSC es el cómplice necesario y ahora mucho más, con un presidente del Gobierno dependiente de manera obscena del prófugo Puigdemont. Un numeroso grupo de exdirigentes del PSOE, juristas, intelectuales y activistas por la igualdad de derechos presentaba esta semana un manifiesto titulado "Por un voto constitucionalista sin engaños" en el que alertaba sobre las nefastas consecuencias de votar al socialismo de la amnistía que consagra la desigualdad ante la ley, al que apoya con entusiasmo la erradicación en Cataluña del español y a quien negocia referéndums separatistas fuera de España y con mediadores internacionales.
El socialismo hace mucho tiempo que abandonó el constitucionalismo. Y nada tiene que ver el PSOE o su facción catalana con el partido que apoyó la aplicación del 155, si bien con muchos matices y condiciones, o se manifestó por las calles de Barcelona en octubre de 2017 contra el golpe de Estado.
La desmedida ambición de Pedro Sánchez ha convertido al PSOE y al PSC en formaciones indistinguibles de aquellas dispuestas a demoler nuestra arquitectura constitucional y destruir España. Que el PSC se venda ahora como un partido constitucionalista es una estafa, especialidad que no les es ajena en absoluto al Illa que dirigió el ministerio de Sanidad de Sánchez durante la pandemia.
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